10 de marzo 2025
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En los primeros dos meses de 2025, el régimen Ortega-Murillo ha inaugurado una docena de supuestas “inversiones públicas” del Ministerio de Salud, Inatec, INTA, y de distintas alcaldías, en inmuebles y propiedades que fueron ilegalmente confiscadas a universidades, asociaciones civiles, y organizaciones de la Iglesia católica, en Managua, Chinandega y Matagalpa, entre otros departamentos.
Adicionalmente, otras 21 propiedades fueron donadas por el Estado al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), presuntamente para fortalecer las finanzas de esta institución. El decreto oficial indica que la donación tiene “la finalidad de fortalecer la Seguridad Social de todos los nicaragüenses creando políticas y estrategias orientadas a aumentar la cobertura de la seguridad social de los trabajadores y sus familias y fortalecer la capacidad institucional para la ejecución de proyectos”, pero el Estado no indica los datos del número catastral, la extensión, y la ubicación de las propiedades.
En una entrevista en el programa Esta Semana, que se transmite en el canal de YouTube de CONFIDENCIAL por la censura televisiva de la dictadura, Juan Sebastián Chamorro, exreo político y miembro de la Concertación Democrática Monteverde, considera que estas supuestas inversiones en propiedades confiscadas evidencian la anulación de la seguridad jurídica para invertir en Nicaragua, mientras que las donaciones sospechosas al INSS, representan un intento por lavar el crimen de confiscaciones ilegales.
El también economista y ex viceministro de Hacienda, víctima de una de estas confiscaciones de propiedades donadas al INSS, cuestionó el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que apaña las donaciones de activos al INSS, como un supuesto mecanismo para paliar el déficit de esta institución.
“Este tipo de recomendaciones son sumamente peligrosas porque se basa en un acto ilícito, una confiscación ilegal, un robo de propiedades y además, desde el punto de vista técnico no tiene ninguna importancia, porque el déficit operacional del INSS asciende fácilmente los 2 mil millones de córdobas”, explicó Chamorro.
En la entrevista, Chamorro también se refirió a la suspensión de 92 programas financiados por USAID en Venezuela, Cuba y Nicaragua, para apoyar a los defensores de derechos humanos, activistas opositores, y presos políticos. “La lucha por la democracia en Venezuela, Nicaragua y Cuba corresponde a las oposiciones de los distintos países a llevar esta lucha por la democracia”, dijo Chamorro, pero “la suspensión abrupta de estos programas va a tener un impacto en grupos de refugiados en Costa Rica, en Estados Unidos, en la capacidad de incidencia”, y esperamos que después de la revisión de los 90 días, la Administración (Trump) pueda valorar si seguirá apoyando esta causa democrática.
Mensaje a los inversionistas
¿Qué impacto económico tienen las supuestas obras públicas en propiedades confiscadas?
Ningún impacto económico positivo, todo lo contrario, vienen a violentar aún más los derechos de propiedad y a enviar un pésimo mensaje a los inversionistas verdaderos en Nicaragua, si es que estuviesen interesados en invertir, están mandando un mensaje clarísimo que en Nicaragua no hay derechos de propiedad
Esas no son inversiones. Están remozando, pintando, instalaciones para fines políticos y quieren demostrar que están haciendo inversiones, pero desde el punto de vista económico, más bien deteriora el Estado de derecho, que ya está de por sí bastante deteriorado.
Por el alcance de estas confiscaciones ilegales, en algunos casos de grandes activos, por ejemplo, el caso del Incae o de la Universidad Centroamericana o el diario La Prensa, el acumulado de esto suma varios centenares de millones de dólares. Por el otro lado, algunas de estas supuestas inversiones, como la que hicieron en CONFIDENCIAL, pasó dos años abandonada. ¿Cuál es la lógica económica, si es que hay alguna detrás de estas acciones?
No le veo más que una orientación política de mostrar las confiscaciones y que están tomando posesión de los inmuebles.
El ejemplo de las instalaciones de CONFIDENCIAL son una muestra de lo que están haciendo con esos inmuebles, no he conocido ninguna actividad que se esté dando en las instalaciones del diario La Prensa y en las otras propiedades confiscadas.
Esto es más bien un show político de parte de la dictadura para hacer alarde de las propiedades que se ha robado, en la Universidad Centroamericana (UCA), conocemos muy poco del alcance de esta nueva supuesta universidad, yo lo atribuyo puramente a intenciones políticas de demostrar que se robaron la infraestructura y que están en control de ella.
Por qué apaña el FMI
¿Qué dicen los organismos financieros internacionales? El Fondo Monetario Internacional, que regularmente emite evaluaciones sobre la economía de Nicaragua, el Banco Mundial, el BID. ¿Cómo evalúan las confiscaciones ilegales y la seguridad jurídica en el país?
Hemos criticado severamente los informes del artículo cuatro del Fondo Monetario Internacional, porque se basa en apreciaciones cortoplacistas, como decir que la economía está creciendo cuando en realidad lo que está creciendo son las remesas familiares.
Sobre el tema de las confiscaciones, ellos aplauden y apañan, siendo cómplices del robo de las propiedades, incluyendo la de este servidor, para alimentar las arcas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Dicen que ven con buenos ojos, de que se liquiden activos físicos para alimentar las reservas del INSS, que dicho sea de paso no existen las reservas porque está corriendo un déficit.
Este tipo de recomendaciones son sumamente peligrosas porque se basa en un acto ilícito, una confiscación ilegal, un robo de propiedades y además, desde el punto de vista técnico no tiene ninguna importancia, porque el déficit operacional del INSS asciende fácilmente los 2 mil millones de córdobas solo en el Presupuesto General de la República de este año 2025, el Gobierno central está aportando al INSS a la suma de 72 millones de dólares, y si a eso se le suma los recortes en protección social de otros 81 millones de dólares, por solamente el 2025 tendrían que confiscar prácticamente todo Nicaragua para llenar ese déficit operacional del INSS. Así que desde el punto de vista técnico, tampoco se justifica que se liquiden estas propiedades confiscadas ilegalmente para llenar un agujero que es mucho más grande.
Lo que deberían de hacer es vender todos esos edificios en el centro de Managua, que han sido un fiasco, con plata de los asegurados activos de los pensionados, que no ha llevado ningún tipo de beneficio al INSS y ni se diga los actos de corrupción orientados por el Gordo (Gustavo) Porras con el negocio de las medicinas.
Mencionaste una propiedad de tu familia que fue ilegalmente confiscada y después apareció públicamente como una supuesta donación al INSS. Eso lo pudiste vos identificar, pero hay más de 100 propiedades que no tienen ningún número de registro y nadie sabe a qué se refieren. Recientemente apareció otra lista, en febrero de este año. ¿Qué hay detrás de ese ocultamiento de la información sobre las propiedades confiscadas donadas al INSS?
Ese es un procedimiento de lavado de propiedades, son más de un centenar de propiedades que están identificadas con una numeración, una nomenclatura que solamente ellos conocen. No están utilizando el número consecutivo del Registro Público de la Propiedad, sino que está haciendo una nomenclatura aparte, que en sí es ilegal. Y lo hacen para que el confiscado no se dé cuenta, lo están haciendo a través de decretos presidenciales en los cuales se traslada (la propiedad) supuestamente para ayudar a las familias y a los asegurados del INSS a fortalecer los programas de Seguridad Social.
En el caso de mi propiedad, por alguna razón específica que desconozco, utilizaron el número secuencial y describieron específicamente la propiedad para que nos diéramos cuenta. Pero hay un centenar de propiedades que seguramente pertenecen a los desnacionalizados que incluyen fincas, la mayoría de ellas en Managua, hay casas de habitación. Así que a mí me hace sospechar que son las propiedades de los más de 500 nicaragüenses que hemos sido despojados de la nacionalidad.
Estoy hablando de los 222, más los 135, más los 94, más los que han sido expulsados del país. Lo que están tratando de hacer, es pasarlo al INSS para que un comprador que puede ser de ellos mismos, de la misma mafia, ya como un lavado de activos, se presente como un comprador de buena fe frente a una subasta que haga el INSS para llenar las arcas de la quebrada institución y sale este nuevo comprador con esta propiedad sin ningún tipo de mancha legal. Pero en las propiedades de bienes raíces, todo el mundo conoce a quién han pertenecido estas propiedades. Todo el mundo sabe que esas propiedades a quién le han pertenecido, como en el caso de mi propiedad, que desde 1975 fue adquirida.
Vos decías que este tipo de operaciones están siendo apoyadas por el Fondo Monetario Internacional y que tampoco tiene ningún impacto en solventar el déficit del INSS. ¿Qué dicen las otras organizaciones financieras internacionales el Banco Mundial, el BID, organismos que financian inversiones en Nicaragua, ómo reaccionan ante esto? El Grupo de Expertos de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomienda que estas organizaciones financieras internacionales deberían aplicar una cláusula de derechos humanos o democrática a la hora de tomar acciones en relación con Nicaragua. ¿Hay alguna reacción a esa demanda que plantea la ONU?
Desde hace años los miembros de la oposición hemos sostenido ese mismo argumento que los expertos están retomando, porque así como se imponen también restrictivas normas de protección al medioambiente, debe de existir por lógica elemental, normas de protección a los derechos humanos.
El Banco Interamericano de Desarrollo no tiene en este momento una estrategia definida sobre Nicaragua y el financiamiento de estas instituciones ha disminuido, sin embargo, no ha llegado a ser cero y eso sigue siendo un tema de preocupación. Estos préstamos que los tenemos que pagar todos los nicaragüenses en generaciones futuras, tienen que pasar por un filtro de derechos humanos, así como también de respeto al medioambiente y derechos laborales. Todos los derechos están siendo violentados en Nicaragua y por lo tanto se justifica que estos fondos tengan este escrutinio. Estados Unidos en el Banco Interamericano y el Banco Mundial ha jugado un papel importante, nos sorprende que en el Fondo Monetario Internacional se haga caso omiso (a lo que hemos) planteado en reiteradas ocasiones cada vez que se publica un informe del artículo cuatro exigimos que la sociedad civil nicaragüense sea escuchada en la redacción de este artículo cuatro. Sin embargo, el Fondo Monetario hace oídos sordos y terminan siendo cómplices al apañar bajo la recomendación seguramente del régimen de decirles: “pone esto aquí en el informe, porque es parte del plan que tenemos”.
El BCIE todavía sigue activo prestando recursos a Nicaragua y vamos a seguir haciendo las presiones para que todas las cláusulas de derechos humanos sean aplicadas. El grupo de expertos de la ONU también fue muy enfático en decir de que los privilegios comerciales, tanto en el CAFTA como en el Tratado de Libre Asociación con Europa tienen que incluir cláusulas de derechos humanos, algo que también abordado en el Parlamento Europeo recientemente.
Aranceles tendrían efecto devastador
Hay una investigación de la Oficina de Comercio de Estados Unidos que se inició bajo la saliente Administración Biden y que está en marcha sobre violaciones al Tratado en torno a temas específicos. Han dicho las autoridades norteamericanas que no se puede retirar a Nicaragua del CAFTA que tienen que encontrar una manera de accionar en conjunto con los demás países centroamericanos. Pero también hemos visto que la Administración Trump actúa unilateralmente, es decir, cuando le da la gana, impone aranceles como lo ha hecho con México y con Canadá para negociar. En caso de que unilateralmente impusieran aranceles a las exportaciones de Nicaragua, aún dentro del marco CAFTA, ¿qué impacto tendría esto para el régimen y para la economía nicaragüense?
Tendría un impacto devastador, no solamente para los centenares de miles de personas que están relacionadas con el Tratado de Libre Comercio, las Zonas Francas en particular, hay más de 120 000 jefes de familia que trabajan en Zona Franca actualmente en Nicaragua. Si a eso se le multiplica por tres o cuatro miembros del hogar, sería un impacto bastante significativo, pero también se incluirían productos sensibles como la carne, el azúcar, el café, que juegan un papel importante en el comercio internacional, y el riesgo de una imposición de un arancel generalizado a Nicaragua por violentar la seguridad nacional de Estados Unidos a través del envío de migrantes de todas partes del mundo durante el año 2023, 2024 y utilizar el Aeropuerto de Managua como centro de operaciones de este flujo migratorio, podría justificar la acción de la que estamos hablando.
Otra alternativa podría ser que la nueva Administración invite a los demás países de Centroamérica a renegociar el CAFTA, excluyendo a Nicaragua. Lo primero, un arancel generalizado a las exportaciones de Nicaragua y lo segundo, una renegociación del CAFTA, pueden ser complementarias, no son contradictorias. Pueden a la vez de imponer un arancel generalizado en Nicaragua e invitar a los países a la renegociación del CAFTA, demostrar que el responsable de que cualquiera de estas dos acciones pueda ser materializada y la pérdida de empleos y la disminución del bienestar de centenares de miles de nicaragüenses, serían las acciones de Daniel Ortega.
La suspensión de la ayuda de USAID
Esta semana se produjeron dos decisiones de organismos internacionales que impactan el entorno de los presos políticos de Nicaragua. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica emitió una orden para que liberen a los presos políticos y otorga medidas cautelares a aquellos que están en un caso de desaparición forzosa, en un caso en el que estás incluido vos y muchos otros que han estado en la cárcel y han sido perseguidos. Y por el otro lado, la Administración Trump suspendió más de 90 programas de apoyo a expresos políticos, opositores, y defensores de derechos humanos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Cómo se compaginan estos dos hechos?
Sobre el primer tema que atendió la Corte Interamericana fue la continuidad del asunto que lleva mi nombre, porque fue establecido cuando fuimos presos capturados en 2021 y ha sido una resolución que se ha ido extendiendo a la mayoría de los que están siendo presos en distintos partes del tiempo. Así que en estos últimos años se ha engrosado lamentablemente el número de personas protegidas bajo esta resolución de la Corte Interamericana. Estos últimos seis presos políticos son los que están en calidad de desaparecidos, incluye, por ejemplo, a Steadman Fagot y otras personas que no estaban dentro de el asunto.
Con relación a la suspensión del apoyo (de USAID) a grupos opositores, la lucha por la democracia en Venezuela, Nicaragua y Cuba corresponde a las oposiciones de los distintos países a llevar esta lucha por la justicia y la democracia. Los apoyos de la comunidad internacional solo pueden venir a reforzar estos esfuerzos, particularmente en la defensa de los derechos humanos, el Grupo de expertos independientes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han recibido apoyos de la Agencia Norteamericana para el Desarrollo (USAID) para llevar todas estas causas de derechos humanos.
Cuando entra una nueva Administración (en EE. UU.) es lógico que las prioridades cambien y como tal cambien la programación de la cooperación internacional. Lo preocupante es la manera drástica de cancelar de una manera abrupta estas instancias que estaban ayudando a la defensa de derechos en el continente. Porque si la Administración después de esta revisión de 90 días, encuentra que la lucha por la democracia en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua importa, les va a ser más difícil reactivar un programa de apoyo, a derechos humanos o de apoyo a opositores en los tres países, después de haber cerrado completamente la USAID, porque esto lleva otro tipo de complicaciones. Esperamos que la Administración, retome estos programas después de la revisión. La Fundación para el Desarrollo de la Democracia, la NED, ha jugado un papel importantísimo desde la década de los 80 en la defensa de la libertad de prensa (y esperamos que) pueda ser restaurada y puedan volver a continuar apoyando causas en beneficio de la democracia y las libertades públicas.
¿Qué impacto directo tiene en las redes de la organización de las organizaciones de la oposición que desde el exilio están tratando de organizarse?. ¿Se puede organizar la oposición en el país bajo el estado policial agravado que existe en Nicaragua, que cada día tiene un control más totalitario?
La rebelión que comenzó en abril (2018) no contó con ningún patrocinio de ninguna fuerza financiera externa, como lo han querido decir los dictadores. Esto ha sido una expresión popular generalizada de los distintos sectores de la sociedad nicaragüense que se expresaron en contra de Ortega.
Obviamente, como lo mencionaba en el caso de los derechos humanos, también han habido apoyo a grupos de opositores, y ciertamente va a tener un impacto en grupos de refugiados en Costa Rica, en Estados Unidos, en la capacidad de incidencia. Espero que después de esta revisión se pueda valorar qué puede hacer la Administración para seguir apoyando esta causa.
Desde un punto de vista político, bajo un Estado policial como el que está en vigencia en Nicaragua, es muy poco lo que se puede hacer, independientemente de que tengas o no los recursos. Por eso insisto, en los esfuerzos de la búsqueda de justicia internacional, que si te puede dar algún tipo de apoyo la cooperación de estos programas, pero a lo interno del país realmente ha sido muy poco lo que se ha podido hacer, porque el nivel de represión lo ha impedido.
