7 de marzo 2025
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El dictador Daniel Ortega ha donado, desde agosto de 2024 hasta la fecha, unas 93 propiedades al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), según una revisión de CONFIDENCIAL. En 89 de las propiedades cedidas, el régimen ha ocultado datos como la extensión, el número catastral y la ubicación, lo que —según corredores de bienes raíces y economistas— revela que son bienes confiscados ilegalmente y la dictadura quiere evitar reclamos públicos de sus legítimos dueños.
“Estos son activos obtenidos de manera ilícita; como el caso de mi propiedad, que fue transferida al INSS —a través de un acuerdo presidencial— producto de una confiscación ilícita”, aseguró el economista y exreo político Juan Sebastián Chamorro, quien fue desnacionalizado y confiscado de sus bienes en febrero de 2023.
La propiedad del líder político y opositor es la “isleta Zompopera”, que fue donada al INSS a través del Acuerdo Presidencial 135-2024, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 9 de agosto de 2024. De esta propiedad, la dictadura informó detalles como la extensión 3704.75 metros cuadrados (M2) y datos de la inscripción “número de finca 18331, tomo 830, folio 166, asiento 4º del Registro Público de la Propiedad de Granada”.
Ese mismo día, Ortega donó otras 69 propiedades al INSS de las que ocultó información y solo indicó los Números Absolutos de Propiedad (NAP) y el departamento al que pertenecen: Estelí, Managua y Rivas.
En sus dieciochos años consecutivos de Gobierno, Ortega ha regalado al menos 557 propiedades a más de una decena de instituciones y alcaldías. En más del 90% de estas donaciones, el régimen ha detallado la ubicación, la extensión, los linderos, el número catastral y otros datos registrales, según una base de datos de CONFIDENCIAL.
Las 93 donaciones al INSS se han realizado a través de doce acuerdos presidenciales publicados en tres fechas diferentes de 2024 y 2025:
- El 9 de agosto de 2024 donaron 72 propiedades.
- El 22 de enero de 2025 donaron 14 propiedades.
- El 25 de febrero de 2025 donaron 7 propiedades.
La mayoría de las propiedades están ubicadas en los departamentos de Estelí y Managua, con 41 y 34, respectivamente. Luego está Rivas con ocho, seguido de Jinotega con cinco y Granada con tres. En Masaya y Carazo se donaron una en cada uno, según los acuerdos presidenciales.
Ocultan datos para evitar reclamos de los dueños
La dictadura justifica que estas donaciones se han ejecutado “con la finalidad de fortalecer la Seguridad Social de todos los nicaragüenses creando políticas y estrategias orientadas a aumentar la cobertura de la seguridad social de los trabajadores y sus familias y fortalecer la capacidad institucional para la ejecución de proyectos”.
Sin embargo, Chamorro como el economista Enrique Sáenz, coinciden en que el objetivo es legitimar una actividad ilegal, en este caso las confiscaciones de propiedades.
Un corredor de bienes raíces, que solicitó omitir su nombre, comentó que al “suprimir” datos “primordiales” como la ubicación, los colindantes y la extensión, el Gobierno evita “cualquier reclamo” público de los dueños legítimos de las propiedades.
“Es poco común que se traspase una propiedad sin especificar su ubicación o lo que mide, sólo se hace cuando se quiere ocultar algo”, opinó el experto.
Juan Sebastián Chamorro señaló que “parte de la estrategia de nominar a esas propiedades con una nomenclatura secreta o que solo ellos manejan”, es para “hacer más fácil el allanamiento y la venta”.
Las propiedades sólo son identificadas con un código generado por el Sistema de Información Integrada Catastro Registro (SIICAR), que está bajo el control de la Procuraduría General de la República (PGR), institución encargada de ejecutar las confiscaciones.
“Todo en Nicaragua y las propiedades, en general, se sabe de quiénes son y a quiénes han pertenecido. Así que, en ese sentido, esa medida no tiene sostenibilidad”, comentó.
Agregó que el traspaso al INSS funciona para que unos “terceros adquirentes las compren limpias y de buena fe”.
Para Sáenz, uno de los objetivos de estas donaciones es “darle algún tipo de cobertura al robo de propiedades con una función social o una cuestión de beneficio colectivo, porque tampoco se sabe quiénes son los propietarios de esos bienes, que indudablemente, en su mayoría, provienen de despojo de propiedad a víctima de la dictadura”.
Desde 2018 hasta la fecha, la dictadura ha expropiado y confiscado centenares de bienes propiedad de ciudadanos, empresas, medios de comunicación, oenegés, universidades, cámaras empresariales e iglesias.
Unos 250 millones de dólares era el costo preliminar, hasta mediados de 2024, de cientos de confiscaciones de propiedad privada ordenadas por la Administración del FSLN desde 2018, según cálculos publicados en una investigación del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA).
Propiedades no reducen el déficit financiero del INSS
Sáenz valoró que estas donaciones no solucionan el problema financiero del Seguro Social, ya que “las razones o raíces del déficit crónico del INSS están por otro lado”.
“Aún y cuando uno pudiera pensar que viene alguien y compra todas (esas 93 propiedades) de una vez. Esto sería simplemente un litro de suero o sangre para un enfermo que no puede valerse por sí mismo”, ejemplificó.
Aunque el régimen no lo reconozca oficialmente, el INSS sufre una “quiebra técnica” desde hace lustros. Para 2025 se calcula que el INSS registrará un déficit de 97 millones de dólares (unos 3.5 mil millones de córdobas al cambio oficial).
“No es a través del traspaso de bienes inmuebles y la venta de los mismos, por muy valioso que puedan ser, que va a solventar el problema del INSS, porque este es un problema estructural generado por el excesivo gasto administrativo, los abusos, las corrupciones o malas inversiones”, sostuvo Chamorro.
Sáenz, investigador de la Fundación Puentes para el Desarrollo, explicó que estas propiedades son incorporadas como “activos fijos” del INSS, lo que solo contribuye “desde el punto de vista contable”, ya que ahora tendrá más activos, pero que no generan ningún ingreso o beneficio “en términos del flujo financiero”.
“Como no hay datos que permitan saber cuál es el monto estimado, ni las características de las propiedades para saber en cuánto se puede liquidar. Entonces, no atiende o resuelve la crisis del INSS. Es un parche en una hemorragia”, dijo.
La crisis del Seguro Social reside en que “no recibe los suficientes ingresos para compensar sus gastos”, afirmó el economista, quien detalló el origen del déficit: un modelo económico que no genera suficientes y rentables empleos formales; gastos administrativos “inflados”; y una corrupción que no cesa.
“Cualquier reforma al INSS sería confiscatoria porque significa incrementar los aportes de los trabajadores, disminuir las prestaciones, disminuir de nuevo las pensiones y aumentar las contribuciones de los empleadores”, enfatizó Sáenz.
Solo dos propiedades en 17 años
En sus primeros 17 años en el poder, Ortega sólo había donado dos propiedades al INSS, una en octubre de 2021, y la otra en mayo de 2023 de acuerdo con la base de datos de CONFIDENCIAL.
La primera propiedad donada, con una extensión de casi 1879 metros cuadrados (m2), está ubicada en el Barrio San Antonio, en el Distrito I de Managua, según el Acuerdo Presidencial 170-2021, publicado en La Gaceta del 7 de octubre de 2021.
El segundo lote, con un área de 2123.9 m2, fue donado para “el funcionamiento” de la delegación del INSS “Julio Buitrago”, según el Acuerdo Presidencial 45-2023, publicado en La Gaceta del 3 de mayo de 2023. La propiedad está ubicada en el Barrio Dignidad 4 de Mayo, en la capital.
Hasta antes de estas 93 propiedades donadas, el INSS era una de las instituciones que menos bienes inmuebles había recibido de parte de Ortega. El Ejército de Nicaragua es el mayor beneficiado con tierras: 190 lotes, de acuerdo con una investigación de CONFIDENCIAL.
