20 de abril 2025
AA
Share
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo recurre a diversas estrategias para construir una fachada de normalidad en Nicaragua. A través de encuestas amañadas, falsas narrativas o manipulación del discurso público, el régimen intenta convencer a la población que vela por su bienestar, mientras persigue, encarcela, expulsa, confisca y reforma a su medida las leyes del país.
En su realidad paralela, Ortega y Murillo aseguran gozar del 86% de aprobación a su gestión y ser los mandatarios mejor valorados de los últimos 45 años, según sondeos publicados en sus medios de propaganda.
Sus tácticas incluyen permitir algunas celebraciones religiosas, mientras prohíben procesiones e intentan legitimar confiscaciones inaugurando supuestos centros médicos o culturales en los inmuebles robados.
La propaganda oficialista destaca también el respaldo político de supuestos “grupos de solidaridad de izquierda”, ignorando el llamado de la comunidad internacional que condena sus crímenes de lesa humanidad.
CONFIDENCIAL analizó las diferentes acciones con las cuales la dictadura intenta mostrar una doble realidad de un país que gobierna a su antojo.
M&R: la encuestadora al servicio de la dictadura
Cada año, la firma encuestadora M&R Consultores, del ingeniero Raúl Obregón, pública de cuatro a seis sondeos de opinión nacionales, cuyos resultados son amplificados por los medios de propaganda de la dictadura.
Entre enero de 2018 y enero de 2025, el medio oficialista El 19 Digital publicó 57 artículos y entrevistas sobre los resultados de estos sondeos.
Las encuestas de M&R Consultores son divulgadas periódicamente y la narrativa que acompaña las consultas a la población inducen respuestas que favorecen abiertamente al régimen o replican la narrativa de la pareja gobernante.
La encuestadora utiliza enunciados sesgados y sin contexto, principalmente con lo relacionado a las protestas de 2018. A la población le consultaron que si “no importa que los tranques impidan que la gente vaya a su trabajo, impidan trasladar mercadería y dañen la economía porque es el precio que se debe pagar para derrocar al gobierno sandinista”.
Este enunciado sigue el discurso político que ha mantenido la dictadura sobre las protestas e ignora completamente que las barricadas sirvieron para que la población se protegiera de las “caravanas de la muerte”, camionetas Hilux blancas, sin placas, con encapuchados que entraban a los barrios a disparar y secuestrar. También fueron un foco de resistencia para que la dictadura escuchara las demandas presentadas en el Diálogo Nacional, al que fue obligada ante la presión social y no por voluntad como intenta convencer en los discursos.
Otro de los enunciados fue “en este momento no importa que la gente se quede sin empleo, lo importante es derrocar al gobierno sandinista”, esta consulta la incluyeron en un sondeo de opinión realizado durante el último trimestre de 2018.
En los sondeos de M&R hay también un interés persistente por mostrar un supuesto respaldo de la población a instituciones represoras como la Policía Nacional y el Ejército, con supuestamente más del 77% de aprobación.
Incluso, los sondeos muestran un supuesto respaldo a leyes represivas como la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y Ley de Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación, y el apoyo a las relaciones entre Nicaragua y China.
También aseguran que más del 92% considera que en Nicaragua se respetan los derechos fundamentales, más del 82% piensa que Ortega es un “gobernante demócrata apegado a las leyes del país” y el 97% afirma que en Nicaragua se respira paz.
Discurso de odio y manipulación
En sus discursos, Ortega y Murillo se presentan como “víctimas” de un supuesto “golpe de Estado” en 2018. Bajo esa narrativa intentan convencer a la población que las medidas represivas son necesarias para la continuidad de su Gobierno.
“Fue un plan configurado para sembrar falsos y enfermizos ideales nacionalistas, para crear “líderes” que estuvieran listos para dirigir el coro incendiario por las calles de un país que es por naturaleza amante de la paz”, describe una crónica publicada en El 19 Digital, en la cual la dictadura da su versión de la historia para victimizarse y culpar a las oenegés de encabezar el supuesto intento de golpe de Estado.
En esa versión, los empresarios, los medios de comunicación independientes, las oenegés y hasta la Iglesia católica y sus sacerdotes son señalados como los responsables de arrebatar la paz de Nicaragua. En consecuencia, justifican, estos se han ganado la persecución, el destierro y las confiscaciones.
“Todos los días nosotros comprobamos que los tiempos son otros, que las personas que le han fallado a Nicaragua están fuera de Nicaragua, por gracia de Dios, porque ellas mismas se han ido y porque también el pueblo ha decidido que no pertenecen a las familias nicaragüenses”, dijo Rosario Murillo, el 14 de agosto de 2023.
“El pueblo decide” es otra mentira de la dictadura para justificar sus acciones como supuesta respuesta a la voluntad popular. Como hizo con la creación de una nueva Constitución Política hecha a su medida, que es “vendida” como una reforma parcial y un logro para los nicaragüenses.
“El pueblo es quien tiene el poder”; “es una reforma que responde a los intereses del pueblo”; “es democracia directa”, sostiene la dictadura a través de sus medios de propaganda. Pero ocultan que la nueva Constitución despoja a los nicaragüenses de varios de sus derechos y los deja aún más indefensos.
Intentan ocultar persecución a la Iglesia católica
Más de 11 760 actividades religiosas de la Iglesia católica han sido prohibidas por la dictadura Ortega-Murillo desde 2019, según la abogada Martha Patricia Molina. Sin embargo, el régimen intenta ocultar la persecución religiosa permitiendo algunas actividades controladas por las alcaldías.
“Las autoridades de la comuna sacan en procesión imágenes de santos sin bendecir y esa acción tiende a confundir a la población y comunidad internacional, porque ellos consideran que son actividades religiosas cuando la realidad es que son actos paganos”, asegura Molina, en la cuarta entrega de su estudio “Nicaragua: una Iglesia perseguida”.
La cifra de prohibiciones puede ser hasta tres veces mayor, asegura Molina, porque no se incluyen las prohibiciones que se han ejecutado en las capillas de cada parroquia.
Además, la Policía Nacional, encargada de prohibir las procesiones, ahora evita dejar evidencia escrita de sus órdenes, optando por llamadas telefónicas o “visitas de cortesía” a obispos y sacerdotes. Así, buscan que la población crea que es decisión del párroco hacer procesiones solo a lo interno de los templos.
Miles de actividades cada fin de semana
La dictadura promueve cada fin de semana un promedio de 23 950 actividades culturales, deportivas y recreativas a nivel nacional en un intento por mostrar normalidad y de mantener “contenta” a la población que vive bajo represión y con las libertades coartadas.
Rosario Murillo, quien se proclamó como copresidenta, es quien anuncia en sus intervenciones del mediodía de los viernes cuántas actividades harán.
“Esta es la alegría, la alegría y el agradecimiento al Padre Celestial, porque vivimos en paz, en tranquilidad, con seguridad y porque vivimos como seres humanos dignos”, celebró Murillo en su monólogo del 7 de febrero de 2025.
En el primer trimestre de 2025 han promovido 311 359 actividades, según un conteo de CONFIDENCIAL de los anuncios oficiales.
La promoción de estas actividades se realizó incluso en tiempo de pandemia, cuando el resto del mundo promovía el distanciamiento social, en Nicaragua se incentiva a las aglomeraciones.
Confiscaciones para “restituir derechos del pueblo”
Cuarenta y cinco días después de que el periodista Henry Briceño fue desterrado de Nicaragua junto con su familia, la dictadura inauguró en su casa una filial de la Cruz Blanca, como rebautizaron a la Cruz Roja tras obligar a salir del país.
La propiedad fue ocupada por la Policía desde el 24 de noviembre de 2024, cuando Briceño y su familia fueron trasladados contra su voluntad a la frontera con Costa Rica, donde les ordenaron marcharse con solo lo que traían puesto.
Briceño también perdió otras dos propiedades que eran patrimonio de sus hijos. Igual que él, más de un centenar de nicaragüenses y oenegés han sido despojadas de sus inmuebles por órdenes de la dictadura.
Pero para justificar las confiscaciones ilegales, la dictadura intenta convencer a la población que estas propiedades provienen del lavado de dinero y que ahora están vuelven a manos “de los pobres” a través de programas sociales.
“Todas estas propiedades son varios millones, están en manos del Estado nicaragüense (…) para el beneficio de los pobres, para invertirla en todos los programas sociales, desde vivienda, salud, educación, seguridad social”, dijo Ortega, el 20 de mayo de 2024.
En el primer trimestre de 2025 hubo al menos 12 inauguraciones de “obras públicas” instaladas en propiedades confiscadas a oenegés. En estos inmuebles supuestamente se brindará atención médica, eventos culturales y programas educativos.
Una de las nuevas obras fue el Centro Nacional de Fisioterapia Ciro Molina, instalado en el confiscado Club Campestre Las Colinas donde supuestamente en su primer mes brindaron 13 239 consultas, para alcanzar esa meta tendría que haber dado 358 consultas por día, de lunes a domingo. Sin embargo, este centro opera de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Desde 2021, la dictadura comenzó a instalar supuestos puestos de salud, casas maternas, universidades o centros culturales, en algunos de los inmuebles robados, alegando una “restitución de derechos”.
A mediados de 2024, el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción calculó que un inventario preliminar de 135 propiedades privadas confiscadas superan los 250 millones de dólares.
Alcaldes “purgados” en silencio
Al menos 31 alcaldes y cinco vicealcaldes de 28 municipios de Nicaragua han sido destituidos, sin explicación oficial, desde enero de 2023, según un análisis de CONFIDENCIAL basado en datos propios y otros proporcionados por el observatorio Urnas Abiertas.
Entre los alcaldes hay 28 que fueron electos durante las votaciones municipales de 2022 y otros tres que fueron nombrados en sustitución de los defenestrados, pero, al poco tiempo, la dictadura los purgó.
Las destituciones ocurren después de supuestas investigaciones por corrupción a cargo de la Procuraduría General de la República, pero no hay detalles de ninguno. Simplemente, un día los alcaldes fotografiados en inauguraciones de proyectos o en celebraciones culturales eran unos y, días después, eran otros, sin que nadie dijera nada, como cuando en una serie reemplazan un actor totalmente distinto y todos actúan como si nada pasó.
Así ocurrió en la Alcaldía de Ciudad Sandino, donde Reynaldo Flores Genet apareció entregando materiales de limpieza a las cuadrillas de la Alcaldía el 23 de enero de 2024. Tres días después, María Elsa Guillén era la nueva alcaldesa, presentada como “legendaria educadora, militante del FSLN, (y) exconcejal de la bancada sandinista”. De Flores Genet no se dijo una sola palabra.
En Moyogalpa, Rivas, la alcaldesa Xiomara Barahona Galarza y su vicealcalde, Raúl Dinarte Álvarez, fueron sustituidos por los concejales María Lidieth Mena Rodríguez y Sergio Bone Mora. La defenestración se reportó a través de medios de comunicación independientes el 19 de septiembre. Tres días después, en la página de Facebook de la alcaldía, las nuevas autoridades aparecieron inaugurando un vado y un tramo de drenaje. Nunca se informaron los cambios, y la página de la Alcaldía fue eliminada días más tarde.
Respaldo en grupos de solidaridad
El régimen usa también respaldos internacionales de grupos de izquierda, especialmente de países que han señalado las violaciones a derechos humanos.
Así ocurrió durante el fraude electoral de 2021, cuando Ortega se reeligió por cuarta vez consecutiva, tras encarcelar a los precandidatos de la oposición.
A esas votaciones fueron invitados 232 “acompañantes electorales” y 600 periodistas aliados, ante la ausencia de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Unión Europea y del estadounidense Centro Carter, que fueron declarados non gratos.
Los “acompañantes electorales” fueron recibidos con souvenirs, pasearon por sitios turísticos de Nicaragua y conocieron a Ortega en el acto de celebración de su reelección, donde bailó y se tomó selfies con ellos. Los invitados, por supuesto, “desmintieron” que las elecciones hayan sido ilegítimas y aseguraron que fue un proceso “tranquilo, pacífico y democrático”.
Los grupos que buscan reemplazar la participación de delegaciones oficiales, incluidos las de diplomáticos y presidentes a actos del Estado buscan mostrar un respaldo internacional con el que la dictadura en verdad no cuenta.
En la última reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la cual se renovó el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés), los únicos países que abogaron a favor de la dictadura fueron China y Cuba.
El representante de Cuba dijo que “Nicaragua mostró su voluntad política y disposición al diálogo y que participó en la fase inicial del Examen Periódico Universal, pero sólo recibió más hostilidad y más confrontación”.
Sin embargo, la realidad es que la dictadura mintió en el informe que entregó para la cuarta ronda del Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La mentira es una constante que usa la dictadura para ocultar las violaciones a derechos humanos y represión que ejerce en el país, del que actúan como “amos y señores”, expulsando, quitando nacionalidades, propiedades y metiendo presos a quien ellos consideren enemigo.
