12 de septiembre 2024
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Las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua han evolucionado sistemáticamente desde 2018. También la concentración de poder por parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo es cada vez mayor y la represión ha alcanzado niveles transfronterizos. Estos son algunos de los señalamientos hechos durante el 57º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, en el que participó el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).
El Grupo destacó que Nicaragua “no cumple ni con el más mínimo estándar razonable de independencia judicial” mientras el poder se concentra cada vez más en la pareja de dictadores.
“Hemos identificado al menos a 66 personas en los niveles medio y superior del aparato organizado de poder bajo el mandato de los dos gobernantes de Nicaragua”, indicó el presidente del grupo, el alemán Jan-Michael Simon, al presentar un informe actualizado sobre el país ante el Consejo de Derechos Humanos.
El jurista alemán y la experta en derechos humanos uruguaya Ariela Peralta, la otra integrante del GHREN, indicaron en el informe que ese aparato de poder sigue facilitando, coordinando y ejecutando graves violaciones y abusos de derechos humanos.
Continúan los crímenes de lesa humanidad, particularmente la persecución por motivos políticos, se mantienen las detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, o la instrumentalización del derecho penal para eliminar cualquier oposición real, potencial o percibida, explicó Simons.
“Las víctimas se ven obligadas a elegir entre la cárcel y la salida del país. Un ejemplo muy reciente de ello es la salida del país de 135 personas por motivos políticos”, recordó Simon en alusión al reciente destierro a Guatemala de presos políticos.
Represión en Nicaragua “con alcance transfronterizo”
Incluso fuera de Nicaragua el régimen de Ortega comete violaciones de derechos humanos “con alcance transfronterizo” al negar el regreso al país de muchos opositores, indicó el experto de la ONU, quien cifró en más de 700 las víctimas en el exterior de estos abusos.
Familiares de opositores, incluidos al menos un centenar de niños, son victimizados únicamente por sus lazos familiares, destacó antes de recordar también la represión de organizaciones e instituciones de la sociedad civil, entre ellas la Iglesia católica.
“Se ha desmantelado cualquier esfuerzo de organización de la población campesina, y la toma forzosa de universidades y las violaciones contra líderes estudiantiles y profesores han afectado masivamente a la educación”, subrayó el jurista alemán.
Simon también lamentó que los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes sigan sufriendo violaciones graves en sus derechos de libre autodeterminación y de control de sus territorios, donde sus líderes y activistas “son perseguidos sistemáticamente por el Estado por defender sus derechos”.
El experto puntualizó que ninguno de los presos políticos indígenas figuraba en el grupo de 135 desterrados el 5 de septiembre por las autoridades.
“Ataque sistemático contra las organizaciones religiosas”
También la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), denunció que las autoridades nicaragüenses han lanzado un “ataque sistemático contra las organizaciones religiosas” con expulsiones de 42 sacerdotes y seminaristas en el último año. Además, ha extendido la represión contra los activistas y sus familiares.
El director de operaciones y cooperación técnica de la oficina, Christian Salazar, destacó que “la persecución ha resultado en el cierre de al menos 1103” entidades religiosas desde 2018. Subrayó que esta represión también se ha traducido en detenciones arbitrarias de religiosos, procesos judiciales sin garantías, secuestros de sacerdotes en sus parroquias o las mencionadas expulsiones.
El ataque a estas instituciones “ha erosionado profundamente el goce del derecho a la libertad de conciencia y de religión, dejando a la sociedad nicaragüense cada vez más desprotegida y silenciada”, indicó el representante de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk.
El cierre de instituciones jurídicas, agregó, forma parte de la política de cancelación de la personalidad jurídica de todo tipo de organizaciones por parte del régimen nicaragüense.
“Esto deja a miles de personas sin acceso a servicios esenciales y a muchas más sin empleo, lo que afecta sus medios de vida y exacerba la crisis social y económica en Nicaragua”, agregó.
Respecto al acoso de parientes de activistas y otras personas percibidas como opositoras, Salazar denunció que a éstos “se les prohíbe hablar sobre los casos bajo amenazas de perder el derecho a visitas o de encarcelar a otros familiares”.
Salazar manifestó también preocupación por la reciente modificación del Código Penal y de la ley contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, reformas que “podrían ser utilizadas para intensificar la persecución y represión”, especialmente a los nicaragüenses en el exilio y a extranjeros.
También señaló que, en julio de 2023, 11 periodistas se vieron obligados a abandonar el país por temor a represalias, y que entre junio de 2023 y el mismo mes de 2024 se impidió a al menos 62 nicaragüenses regresar a su propio país por decisión de las autoridades, un ejemplo de un "destierro forzado" con un "impacto devastador", indicó.
Ataques a libertad de expresión y reunión
Anteriormente, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, criticó a Nicaragua y Venezuela por sus acciones para amordazar la libertad de expresión y restringir el derecho a la reunión y asociación.
“Estas libertades son vitales para un debate crítico, para sacar lo mejor de las sociedades y encontrar soluciones a los problemas más importantes”, recalcó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas al inaugurar el 57º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
Türk presentó un balance de la situación de los derechos humanos en el mundo y de las situaciones más preocupantes, entre las que sacó a relucir los casos de Venezuela y Nicaragua, sumidos en profundas crisis políticas y socioeconómicas.
Por otra parte, denunció la toma de control por parte de poderosos actores políticos y económicos de instituciones que, por definición, deberían ser totalmente independientes, como el poder judicial o los organismos electorales.
Con información de Efe.
