AA
Share
Estados Unidos exigió al Gobierno de Nicaragua, que presiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, una prueba de vida del periodista nicaragüense Leo Catalino Cárcamo Herrera, de 62 años, quien fue arrestado el 23 de noviembre de 2024 por la Policía Nacional de León.
“Estados Unidos exige pruebas inmediatas de que el periodista Leo Cárcamo se encuentra con vida”, demandó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU. en un mensaje compartido por la Embajada de Estados Unidos en Managua, el jueves 18 de septiembre de 2025.
Según esa oficina adscrita al Departamento de Estado, el paradero del comunicador nicaragüense “sigue desconocido después de que la dictadura de Murillo-Ortega lo detuviera simplemente por ejercer su profesión”.
“El régimen de Murillo-Ortega y sus cómplices han de rendir cuentas, todos los presos políticos deben ser liberados incondicionalmente”, instó esa oficina que el 10 de septiembre también pidió a Nicaragua una prueba de vida del médico opositor Yerry Gustavo Estrada Ruiz, con nacionalidad costarricense-nicaragüense y que fue detenido el pasado 13 de agosto.
Tras esa petición, el Gobierno de Nicaragua divulgó fotografías del médico opositor, quien cuando fue detenido realizaba su residencia en el Hospital Amistad Japón-Nicaragua, en la ciudad colonial de Granada.
Familiares de disidentes bajo custodia en Nicaragua han lanzado un SOS global luego de que dos opositores y críticos con el Gobierno de Ortega y Murillo fallecieron tras las rejas en agosto de 2025.
Los familiares han demandado al Estado de Nicaragua una prueba de vida de sus seres queridos, y han comparado la muerte bajo custodia de los opositores Mauricio Alonso y Carlos Cárdenas Zepeda con las que ejecutaba la extinta Guardia Nacional del dictador Anastasio Somoza Debayle.
Leo Cárcamo Herrera bajo “desaparición forzada”
El periodista Leo Cárcamo fue detenido ilegalmente durante una redada que la Policía Nacional ejecutó, entre el 22 y el 28 de noviembre de 2024, en al menos diez departamentos de Nicaragua, entre ellos León, Masaya y Estelí. En esa ocasión fueron secuestrados unos 30 nicaragüenses.
Estos arrestos ocurrieron tras la aprobación ilegal, en primera legislatura, de la llamada “Constitución Chamuca”, que cambió el sistema político de Nicaragua, estableció la “copresidencia” y anuló las libertades individuales y públicas de los ciudadanos.
Además, Leo Cárcamo es uno de los 33 presos políticos que la dictadura mantiene bajo “desaparición forzada”. Estos son ciudadanos a cuyas familias se les niega “sistemáticamente” saber su paradero, obligando a las familias a recorrer delegaciones, cárceles y hospitales sin recibir respuesta.
En Nicaragua, al menos 73 personas están detenidas por motivaciones políticas, de las cuales 33 permanecen en condición de “desaparición forzada”, según un informe del Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas, actualizado hasta el 30 de agosto de 2025.
Esta organización señala que la desaparición forzada “se ha consolidado como una práctica sistemática” del régimen.
Aunque las detenciones sin notificación oficial empezaron desde el inicio de las protestas de 2018, incluyendo encierros en cárceles clandestinas, la práctica de negar los secuestros de personas se ha intensificado desde finales de 2023, señala el informe “¿Dónde más busco?”: Vidas suspendidas, desapariciones forzadas en Nicaragua y la resistencia de quienes les buscan, elaborado por Raza e Igualdad, el Colectivo Nicaragua Nunca Más, la Unidad de Defensa Jurídica, IM-Defensoras y el Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua.
Ahora, los períodos de desaparición pasaron de un máximo de 90 días a duraciones indefinidas, advierten estas cinco organizaciones.
*Con información de EFE.
