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Carlos Vanegas Gómez lleva más de tres años recluido en la “La Granja”, el Sistema Penitenciario de Granada, sin que haya una condena en su contra. No es el único, al menos 19 nicaragüenses están presos sin una sentencia judicial, a unos los tienen en los penales y otros están en “desaparición forzada”, según registros del Monitoreo Azul y Blanco.
A junio de 2025, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene como presos políticos a 52 nicaragüenses, 33 de estos sí cumplen una pena impuesta, en su mayoría, por supuestos delitos comunes. Los 19 restantes llevan entre dos meses y tres años detenidos sin que haya una sentencia.
De estos últimos, Vanegas es el preso sin condena que más tiempo lleva en la cárcel. Fue detenido por segunda vez el 26 de enero de 2022 por “robo con fuerza”. Sin embargo, en Masaya, de donde es originario, es conocido por haber participado en las protestas de 2018.
La primera vez que estuvo en prisión fue acusado de liderar el tranque donde fue asesinado el teniente de la Policía, Gabriel Vado Ruíz y golpeado el oficial Rodrigo Barrios Flores. Sin embargo, en 2019 salió bajo la Ley de Amnistía.
El hombre de 35 años se dedicaba a la panadería y la albañilería hasta que fue detenido mientras se cortaba el pelo en una barbería, tras varios días de estar vigilado. Vanegas ya debería estar libre porque incluso tiene una resolución judicial que así lo estimó, reveló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en diciembre de 2024 cuando emitió medidas cautelares a su favor.
Otro caso es el de Douglas Álvarez, quien fue extraditado desde Costa Rica en febrero de 2024 y según medios independientes está recluido en la cárcel “La Modelo”. El Monitoreo Azul y Blanco señala que él está siendo procesado, pero aún no tiene una condena.
También, el caso de Leonel Palacios Vanegas, un comunitario Kauhmakwas, quien había denunciado la invasión de colones en territorios indígenas y en junio de 2024 fue acusado de asesinato. Palacios se encuentra detenido en el Sistema Penitenciario Nacional de Waswali, Matagalpa, y se desconoce si ya fue condenado.
Los presos políticos desaparecidos
La situación empeora para otros 14 nicaragüenses que fueron privados de su libertad, pero están en condición de desaparición forzada porque las autoridades ni siquiera han informado sobre su paradero. Lo único que se sabe es que fueron arrestados por las fuerzas policiales.
“El régimen continúa negando información a sus familiares, restringe las visitas y mantiene un patrón deliberado de aislamiento e incomunicación que agrava la incertidumbre y el sufrimiento de las víctimas y sus seres queridos”, denunció el Monitoreo Azul y Blanco en su último informe.
Entre ellos está el exdiputado de Yatama, Brooklyn Rivera quien fue detenido en septiembre de 2023 y desde entonces está desaparecido. Fue hasta en noviembre de 2024, cuando ya tenía más de un año de su arresto, que la dictadura admitió durante una las sesiones del Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas que Rivera “está encarcelado”, aunque no se conoce una condena.
O Angelica Chavarría, pareja de Humberto Ortega, quien lleva un año y quince días sin que se sepa de su paradero o si enfrenta una causa penal. O la empresaria Eveling Matus, que el próximo 26 de junio cumplirá un año desde su detención y los funcionarios del Sistema Penitenciario “La Esperanza” no han admitido que está en esas instalaciones.
Otros desaparecidos son:
- Víctor Boitano Coleman, de Managua, quien tiene 13 meses desde su detención.
- Fabio Alberto Cáceres Larios, de Chinandega, con seis meses.
- Leo Catalino Cárcamo Herrera, de León, con seis meses.
- Steadman Fagot Müller, del Caribe Norte, con nueve meses.
- Lesbia Gutiérrez Poveda, de Matagalpa, con nueve meses.
- José Alejandro Hurtado Díaz, de Managua, con cuatro meses.
- Julio Antonio Quintana Carvajal , de León, con seis meses.
- Henry Ildefonso Ruiz Hernández, de Managua, con dos meses.
- Carmen María Saénz Martínez, de Matagalpa, con nueve meses.
- Fabiola del Carmen Tercero Castro, de Managua, con diez meses.
En la lista de los 52 presos políticos del Monitoreo Azul y Blanco, también hay tres personas que se mantienen en condición de anonimato. Además de este grupo, hay otro centenar de nicaragüenses que están obligados a reportarse en las delegaciones policiales, enviar fotos, pedir permiso para salir y viven bajo vigilancia sin que exista un proceso penal en su contra.
Reformas al Código Procesal Penal
El artículo 134 del Código Procesal Penal establece que en un proceso penal con persona detenida por delitos graves no puede durar más de tres meses so pena que lo enfrente en libertad.
Sin embargo, en 2024, la dictadura reformó el Código Procesal Penal para alargar el plazo máximo de duración del proceso, así como de las medidas cautelares, en casos de “delitos de lavado de activos, terrorismo y su financiamiento, proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento, ciberdelitos”.
Previo el plazo ordinario de la medidas cautelares era de un máximo de 12 meses, extendible a 18 meses. Pero desde septiembre de 2024, se alargó a 18 meses prorrogables por 24 meses.
