8 de junio 2026
AA
Share
La población de personas mayores crece aceleradamente y América Latina envejece. La CEPAL estima que en 2024 vivían alrededor de 68 millones de personas de 65 años o más en América Latina y el Caribe, equivalente al 10.2% del total.
Las predicciones indican que este grupo etario seguirá en aumento: en 2030, alcanzará los 82 millones ―el 11.9% de la población regional― y, para 2050, será de 138 millones, equivalente al 18.9%, según el informe Impactos económicos del envejecimiento en América Latina y el Caribe. A su vez, habrá un envejecimiento dentro de este segmento: mientras en 2025 los mayores de 80 correspondían al 13.3% de los mayores de 60, para 2050 llegarán al 20.3%.
Ante esta realidad, Latinoamérica ha ido incorporando mayores asistencias a las personas mayores, como el reciente aumento de las transferencias del programa Colombia Mayor para mujeres desde 70 y hombres desde 75 años.
Distintos países, niveles de envejecimiento y sistemas de protección
Los países se encuentran en distintos niveles de envejecimiento poblacional. Chile, Cuba, Costa Rica, Uruguay y Argentina enfrentan un mayor nivel; hay otros intermedios como Brasil y México, y países más jóvenes, como Haití. Asimismo, “hay mucha diversidad en cuanto a los sistemas de protección social y cómo gestionar para que la vida sea posible después de que uno termina de trabajar”, dice a DW Ariany da Silva, académica e investigadora de la Universidad Central de Chile.
“La heterogeneidad de los procesos demográficos de los países de América Latina ofrece una oportunidad importante”, señala a DW Verónica Montes de Oca, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de México (UNAM).
Junto con la experiencia de los países más envejecidos de la región, que iniciaron una serie de estrategias hace más de 20 años, Montes de Oca considera clave el conocimiento demográfico que entrega la CEPAL, así como los lineamientos del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, de 2013, que debiera influir en la política pública hacia todos los grupos de población y en especial las personas mayores.
“Mientras la OMS impulsaba la idea de un envejecimiento activo y saludable en los 90, en América Latina estábamos pasando por momentos de redemocratización y de crisis económicas intensas. Recién en 2015 se hizo la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, apunta Da Silva. A la fecha, 13 países latinoamericanos la han ratificado.
Cómo apoyan países latinoamericanos a sus ciudadanos mayores
Para hacer frente, los Estados han establecido leyes, políticas públicas y organismos dedicados a la vejez. En Brasil, este alcanza el rango de ministerio, con la Secretaría Nacional de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas Mayores. Entre las prioridades: bienestar económico, renta mínima garantizada y acceso a salud pública.
Las estrategias son diversas. Costa Rica estableció en 2002 un impuesto específico a los productos de tabaco en apoyo de instituciones de salud y creó un sistema de cuidados en 2022. El programa Colombia Mayor, desde 2008, apoya con transferencias a adultos mayores en situación vulnerable. Ese año, Chile instituyó una pensión solidaria para quienes tienen rentas demasiado bajas o no alcanzaron el mínimo para jubilar. Por su parte, Uruguay aumentó en los últimos cinco años en forma importante el financiamiento del ministerio responsable de la asistencia a la vejez y el sistema de cuidados.
En Argentina, Montes de Oca destaca el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) y los “servicios médicos especializados con una perspectiva gerontológica. Hasta hace unos años, Argentina tenía prácticamente una cobertura universal de salud, pero fue lo primero que se empezó a restringir con el Gobierno actual”, lamenta.
A su vez, México cuenta con el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, desde 2019. Además de pensiones no contributivas que complementan los ingresos, está el programa Salud Casa por Casa, “muy importante para una cultura de la salud intergeneracional dentro de los hogares”, destaca la también coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez (SUIEV) en la UNAM.
En Bolivia, se estableció un Fondo de Renta Universal de Vejez en 2023, con aporte de empresas eléctricas. “En este país, los programas para las personas mayores están en el Ministerio de Justicia, es un elemento central de la política”, agrega Montes de Oca. Al mismo tiempo, le “sorprenden los grandes esfuerzos que hace Cuba por sus personas mayores. Sin recursos económicos, pero con recursos humanos”, asegura. Por otra parte, observa que países de Centroamérica y el Caribe, como Nicaragua, Honduras, República Dominicana y en parte Guatemala están más atrasados en el desarrollo de medidas para la vejez.
Mujeres: una vida más larga y desafiante
Precariedades e inseguridades en salud y trabajo a lo largo de la vida se traducen en ciertas formas de vejez. “En Latinoamérica, las vidas son mucho más accidentadas. La pobreza se acumula más en la vejez“, observa Da Silva.
“Una perspectiva muy interesante es desde una mirada de curso de vida. Cuando llegas a la vejez, ya tienes una salud que es resultado de ello. Si hubo servicios preventivos, puede ser que tengamos un envejecimiento saludable, como plantea la OMS”, afirma Montes de Oca.
Las expertas refuerzan la importancia de que las políticas consideren aspectos como el género, la pertenencia a un grupo indígena, a sectores rurales o a poblaciones tradicionalmente marginadas, que marcan la vejez.
“Las mujeres envejecen de ciertas maneras y tienen ciertas dolencias de salud por el exceso de trabajo, en cuidados y empleo remunerado”, señala Da Silva. Es habitual que se encarguen de los hijos y, al mismo tiempo, “tienen mayor expectativa de vida y suelen tener una vejez más pobre, justamente por esas lagunas laborales”, agrega. En 2025 las mujeres representaban casi el 57% de las personas mayores de 65 en la región, y el 61% de las mayores de 80, según cifras de CEPAL. “Hay una triple feminización: del envejecimiento, de la pobreza y de los cuidados”, consigna Montes de Oca.
Cambio de paradigma y amenazas de recortes
En las últimas décadas, América Latina ha transitado desde una perspectiva asistencialista, de ayudas puntuales a personas muy vulnerables, a una de derechos humanos y acciones hacia el envejecimiento activo, que va más allá de las pensiones.
Da Silva considera que “más que ayudas, debiera haber ciertos mínimos que puedan emparejar la cancha de una vida que fue desigual. Pensiones que garanticen vivir con cierta dignidad y programas de participación, que integren visiones”. Este modelo contempla prevención en salud a lo largo de la vida, integrar el enfoque de género y promover la integración de las personas mayores en las decisiones comunitarias.
“Este enfoque no se ha consolidado completamente, pero lo peor de todo es que en algunos países se ha visto una perspectiva regresiva y eso es muy peligroso”, advierte Montes de Oca. “Es un deber de los Estados promover una vida digna para las personas mayores, desde distintas acciones. Esta perspectiva se venía incorporando, pero el giro a la extrema derecha habla de un intento de recortes profundos de las políticas sociales”, complementa Da Silva.
Los retrocesos se vieron con el Gobierno anterior en Uruguay, un país emblemático en seguridad social y sistema de cuidados, hay cancelaciones en Argentina y se anuncian recortes en Chile. Igualmente, el recién asumido Gobierno de Costa Rica debilitó programas. Allí, con una población muy envejecida, alta inmigración extranjera y famoso como “zona azul” por su gran longevidad, las ayudas y los cuidados a largo plazo son fundamentales.
Las expertas subrayan que mantener los apoyos a la vejez es un beneficio y una oportunidad para toda la sociedad, que además transita en esa dirección. “Sería muy interesante aprovechar e incorporar las perspectivas de vida y los conocimientos que tienen las personas mayores. Tienen mucho que entregar”, asegura da Silva.
