25 de agosto 2023
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La confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA), ordenada el 15 de agosto de 2023 por la jueza Gloria Saavedra Corrales, carece de legalidad y se trata de la imposición de una pena cuando no se ha procesado a nadie, explicó un abogado penalista, que enfatizó que “no hay investigación, acusación, ni juicio”.
Saavedra Corrales, una jueza perseguidora de opositores al régimen de Daniel Ortega desde 2021, tiene a cargo del Tribunal Décimo Distrito Penal de Audiencia de Managua. Ella justificó la confiscación de la universidad, señalando a la institución de los jesuitas de funcionar como un “centro de terrorismo, aprovechándose de condiciones creadas con mentiras para elevar niveles de violencia y destrucción, organizando grupos delincuenciales armados y encapuchados”.
La jueza hizo referencia tácita a las protestas de 2018, cuando miles de ciudadanos—entre ellos universitarios— salieron a las calles a manifestarse contra Ortega y la Policía los reprimió. Sin embargo, la judicial se pliega a la versión del régimen que afirma, sin evidencia, que fue objeto de un intento de golpe de Estado.
Para explicar la ilegalidad de la medida contra la UCA, una institución con 63 años de historia, el jurista recordó que el artículo 112 del Código Penal de Nicaragua establece el decomiso de bienes en dos circunstancias: que haya sido utilizado para la comisión de un hecho delictivo, o adquirido con bienes de la actividad ilegal.
“Las medidas que la jueza dictó no corresponden, a las que se le debe poner a alguien que está investigado, salvo que esté condenado y los bienes que haya mandado a inmovilizar estén vinculados con el hecho delictivo”, recalcó el penalista sobre el caso de la UCA.
Cancelación y confiscación de instituciones
Horas después de la confiscación, el régimen “reinauguró” las instalaciones como Universidad Nacional Casimiro Sotelo. De esta manera cancelaron una de las comunidades educativas con mayor proyección social en el país.
Otro golpe fue la apropiación del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA), ubicado en el campus de la UCA. Este centro de renombre mundial alberga casi 70 000 documentos. En ese lugar, hay material que data del siglo XVI. La dictadura lo rebautizó el 23 de agosto como el Instituto de Historia “Héroes de Nicaragua”, un acto considerado como un crimen por historiadores centroamericanos.
Las máximas autoridades de la Compañía de Jesús cuestionaron todo el proceso. El superior general de los Jesuitas, el padre Arturo Soza S. J., demandó que se revierta la confiscación y sostuvo que “un juicio justo —con una justicia imparcial— sacaría a la luz la verdad de toda la trama que el Gobierno ha venido ejecutando desde las protestas juveniles de 2018”.
A los jesuitas se les despojó de la personería jurídica, a través de un acuerdo del Ministerio de Gobernación, publicado seis días después del robo de la UCA.
Las violaciones al debido proceso las cometen una maquinaria de jueces, fiscales y policías al servicio de Ortega, entre quienes se encuentra Saavedra.
Jueza a cargo de perseguir a opositores
Esta jueza ha tenido a cargo la persecución contra el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, la de los otros religiosos y laicos secuestrados el 19 de agosto de 2022, cuando la Policía asaltó la Curia y trasladó forzosamente al jerarca católico a una casa en Managua.
Funcionarios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, el sociólogo Oscar René Vargas y otros presos políticos engrosan el expediente de violaciones de derechos humanos de Saavedra.
El jurista afirmó que la jueza violentó todas las garantías constitucionales de los reos de conciencia en el afán de cumplir órdenes partidarias.
Uno de los 222 exreos políticos, desterrados a EE. UU. en febrero de 2023, comentó que la jueza actúa en perfecta “coordinación” con los fiscales para condenar a los opositores.
“El rol de los jueces es dictar a lugar a todo los que la Fiscalía propone y son fieles obedientes de los fiscales. La juez en un tono grosero y con saña en sus palabras aplicó la ley en que se amplió el plazo de 48 días a tres meses de prisión preventiva”, recordó esta víctima, bajo condición de anonimato.
De acuerdo con este testimonio, llegar a los Juzgados de Managua es entrar por la parte trasera del edificio. En ese lugar hay celdas preventivas y se debe subir unas escaleras sin luz a cualquier hora del día. “Ahí te desnudan y te exigen hacer entre 20 y 30 sentadillas delante de oficiales del sexo femenino”, dice sobre sus días de tormento judicial.
Se graduó en la UCA
A pesar del protagonismo de la jueza Saavedra, ella continúa siendo una desconocida para muchos. Algunos arquearon las cejas preguntándose quién era cuando reemplazó en el caso del obispo a Karen Chavarría, otra perseguidora de opositores, sancionada por Estados Unidos.
Saavedra es originaria de Ciudad Sandino, estudió en la década de 2000 en la UCA. Obtuvo su título en 2008 y logró una maestría en derecho económico, según la gaceta número 175 del 10 de septiembre de ese año. Fuentes jurídicas confirmaron que ella llegó al Poder Judicial como pasante. Su experiencia se centró en el área administrativa y escaló en esa institución como premio a su lealtad partidaria, y no a sus capacidades técnicas.
Antes de ser nombrada como jueza, Saavedra tuvo un papel destacado en atención a usuarios en los tribunales y en “el buen cuido de los expedientes”, según reconoció en una entrevista que le hizo en 2015 el equipo de Relaciones Públicas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Se desempeñó inicialmente como coordinadora de la oficina de apoyo del Tribunal de Apelaciones de Managua ese año y se convirtió en la responsable de la Oficina de Apoyo Procesal en el Complejo Judicial Central de la capital durante 2019.
Bajo las órdenes del magistrado Aguilar
Una fuente del Poder Judicial explicó que la recién llegada buscó cercanía con la estructura del FSLN desde que ingresó a esa institución. La colocaron en el área jurisdiccional cuando hubo movimientos y ascensos en la institución. “Una de las primeras cosas que hizo fue alinearse con el Partido (FSLN). Ella fue promovida por el magistrado Marvin Aguilar. De él, depende políticamente”, dijo.
Aguilar es una de las fichas claves de Ortega en la CSJ. Estados Unidos lo sancionó el 21 de diciembre de 2020. El Departamento del Tesoro señaló a Aguilar de coordinar los ataques contra miembros de la oposición. Dijo que, además de sus funciones jurisdiccionales, el magistrado es el secretario político nacional del Consejo de Liderazgo Sandinista.
Las autoridades estadounidenses agregaron también que, desde su cargo como miembro del Consejo para la Administración y la Carrera Judicial de la CSJ, el magistrado Aguilar garantiza que “los partidarios del régimen sean seleccionados para puestos claves”.
La condena al obispo Álvarez
El proceso fabricado contra el obispo Rolando Álvarez es un reflejo también de las constantes violaciones procesales, perpetradas por los jueces de Ortega. Desde el secuestro del religioso el 19 de agosto de 2022 hasta su condena el 10 de febrero de 2023, sigue siendo un misterio la sentencia completa. Eso permitiría a los especialistas evaluar la veracidad y el sustento de los señalamientos del Estado contra el jerarca católico.
Durante cinco meses, las autoridades policiales mantuvieron al obispo Rolando Álvarez aislado en una supuesta residencia familiar en Managua. En enero de 2023, la jueza Saavedra lo envió a juicio.
Álvarez fue procesado por la jueza Saavedra en un juicio político. El 10 de febrero de 2023, la jueza Segundo de Distrito Penal de Juicio, Nadia Camila Tardencilla, le impuso al religioso 26 años y cuatro meses de prisión, un día después de que la dictadura desterró a los 222 expresos políticos, luego de declararlos “traidores de la patria”.
