24 de agosto 2023
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La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús “responsabilizó” a Daniel Ortega y Rosario Murillo de, por lo menos, “encubrir” las cancelaciones y confiscaciones contra dos importantes instituciones jesuitas en Nicaragua.
El Ministerio de Gobernación (Migob) canceló este 23 de agosto la personería jurídica y ordenó la confiscación de los bienes de la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua. Esta medida se dio días después que la dictadura cerró y robó las instalaciones de la Universidad Centroamericana (UCA), propiedad de los jesuitas.
En un comunicado, la Provincia Centroamericana “responsabiliza al presidente y a la vicepresidenta actual de Nicaragua (Ortega y Murillo, respectivamente) por estar, por lo menos, cohonestado (a) estos hechos e impidiendo existan condiciones de independencia y neutralidad del Poder Judicial, que le permita tomar medidas para frenarlos, revertirlos y sancionarlos”.
La organización “condena esta nueva agresión en contra de los jesuitas de Nicaragua. La considera enmarcada en un contexto nacional de represión sistemática calificada como ‘crímenes de lesa humanidad’, por el grupo de expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua conformado por las Naciones Unidas”, según la nota publicada este 23 de agosto.
Los sacerdotes consideran que “todo ello está encaminado al pleno establecimiento de un régimen totalitario” en Nicaragua.
En su pronunciamiento, los jesuitas piden a la pareja presidencial:
- Cese la represión.
- Acepte la búsqueda de una solución racional en la que impere la verdad, la justicia, el diálogo, el respeto de los derechos humanos, el estado de Derecho.
- Respete la libertad y total integridad de los jesuitas y las personas que colaboran con ellos o con las que ellos colaboran.
Sin derecho a la legítima defensa
Para cancelar la asociación, el Migob argumentó que los jesuitas “no reportaron sus estados financieros de los años 2020, 2021 y 2022”. Además que “tenía su junta directiva vencida desde el 27 de marzo de 2020”. En el caso de la UCA, una jueza señaló, sin pruebas, a la universidad de los supuestos delitos de terrorismo, traición a la patria y conspiración.
Los jesuitas destacan que, en el caso de la asociación, “la decisión se tomó sin que conste se hayan realizado los procedimientos administrativos establecidos por ley”.
“Como sucedió en la mayoría de los más de tres mil casos similares de cancelación de personería jurídica, llevados a cabo por el régimen desde 2018, este acuerdo se llevó a cabo sin dar oportunidad a la legítima defensa por parte de los Jesuitas”, recuerdan.
“Y sin que haya una instancia judicial imparcial que juzgue y frene estos abusos de autoridad totalmente injustificados y arbitrarios”, agregan.
