4 de octubre 2025
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El Tribunal Supremo de Estados Unidos volvió a allanar el camino el viernes 3 de octubre de 2025 para que la Administración de Donald Trump revoque la protección legal temporal de cientos de miles de migrantes venezolanos, respaldando una prioridad clave del presidente republicano en su política de deportaciones masivas.
Los magistrados aceptaron la solicitud de la Administración de suspender la sentencia de un juez que dictaminaba que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, carecía de autoridad para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) concedido a los migrantes por el mandatario demócrata Joe Biden.
El Tribunal Supremo tiene una mayoría conservadora de seis a tres. Sus tres magistrados liberales disintieron.
Un fallo similar en mayo
El Tribunal Supremo ya se había puesto del lado de la Administración Trump en mayo de 2025 para levantar una orden temporal que el juez federal de distrito Edward Chen, con sede en San Francisco, había dictado en una fase anterior del caso y que había suspendido la terminación del TPS mientras se desarrollaba el litigio en los tribunales.
Chen dictó una sentencia definitiva el 5 de septiembre, en la que consideraba que las medidas de Noem para poner fin al programa violaban una ley federal que regula las acciones de las agencias federales.
La sentencia del juez significaba que más de 300 000 venezolanos titulares del TPS podrían permanecer en el país por ahora, a pesar de que Noem había determinado que eso era “contrario al interés nacional”.
El Tribunal Supremo afirmó en una orden sin firmar que, aunque el litigio había avanzado a una fase posterior, “los argumentos jurídicos de las partes y los daños relativos, en general, no lo han hecho. El mismo resultado al que llegamos en mayo es el adecuado en este caso”.
Magistrada expresó su opinión disidente
“Considero que la decisión de hoy es otro grave abuso de nuestro expediente de emergencia”, escribió la jueza liberal Ketanji Brown Jackson en una opinión disidente.
El tribunal, escribió Jackson, está “privilegiando la afirmación descarada del Poder Ejecutivo sin restricciones” por encima de las sentencias dictadas por los tribunales inferiores de que estas 300 000 personas no deben “quedar expuestas a la pérdida de sus empleos, la separación familiar y la deportación” a Venezuela hasta que se resuelva por completo la legalidad de las acciones del Gobierno.
Jackson señaló que el Gobierno de Estados Unidos concluyó en enero de 2025 que Venezuela estaba atravesando una crisis humanitaria.
“Una vez más, utilizamos nuestro poder equitativo (pero no nuestra capacidad para redactar opiniones) para permitir que esta administración perturbe tantas vidas como sea posible, lo más rápidamente posible”, añadió Jackson.
El expediente de emergencia
La Administración de Trump ha recurrido en repetidas ocasiones al expediente de emergencia del Tribunal Supremo para pedir a los jueces un fallo expedito que le permita aplicar sus políticas, que han sido obstaculizadas por los tribunales inferiores.
El Tribunal Supremo se ha puesto del lado de la Administración en casi todos los casos que se le han sometido a revisión desde que Trump volvió a la presidencia en enero de 2025.
Trump ha convertido la represión de la inmigración, tanto legal como ilegal, en uno de los pilares de su segundo mandato como presidente, y ha tomado medidas para despojar a ciertos migrantes de las protecciones legales temporales, ampliando así el número de posibles deportados.
El programa TPS es una designación humanitaria prevista en la legislación estadounidense para países afectados por guerras, desastres naturales u otras catástrofes, que ofrece a los beneficiarios que viven en Estados Unidos protección contra la deportación y acceso a permisos de trabajo.
El Gobierno estadounidense de Biden designó a los venezolanos como elegibles para el TPS en 2021 y 2023. Apenas unos días antes de que Trump volviera al cargo en enero, la Administración de Biden anunció una prórroga del programa hasta octubre de 2026.
