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La asociación de pequeñas empresas de Estados Unidos “Pagamos los aranceles” (“We Pay the Tariffs”) reaccionó el viernes 20 de febrero de 2026 a la decisión del Tribunal Supremo de invalidar gran parte de los aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump y consideraron que la administración debe indemnizar a las compañías afectadas.
Dan Anthony, director ejecutivo del grupo, declaró que “una victoria legal carece de sentido sin un alivio real para las empresas que pagaron estos aranceles”.
La asociación, una de las que más ha batallado y desafiado la decisión de Trump sobre las tarifas, exige una compensación por los perjuicios económicos, aunque, por el momento, no esté claro cómo puedan valorarse los daños.
Por su parte, Scott Lincicome, vicepresidente del Centro de Estudios de Política Comercial del Instituto Cato, afirmó que la decisión de la Corte Suprema “es una buena noticia para los importadores estadounidenses” y la economía estadounidense.
Lincicome, uno de los expertos de la oposición conservadora estadounidense a los aranceles, aseguró que “el gobierno federal debe reembolsar las decenas de miles de millones de dólares en aranceles aduaneros” que invocaron la ley de emergencia económica de 1977 invalidada hoy por el Supremo, que incluyen aranceles a México y China por su rol en el tráfico de fentanilo.
“Ese proceso de reembolso podría ser sencillo, pero parece más probable que se requieran más litigios y trámites”, concluyó Lincicome.
Satisfechos con declaración ilegal de aranceles
También la Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos se pronunció tras conocer el fallo del Supremo y mostró su satisfacción con la decisión.
“Proporciona una certeza muy necesaria para las empresas y fabricantes estadounidenses”, declaró David French, vicepresidente ejecutivo de relaciones gubernamentales del grupo.
Y añadió que las devoluciones de las cantidades perdidas “servirán como un impulso económico y permitirán a las empresas reinvertir en sus operaciones, sus empleados y sus clientes”.
Aunque resulta muy complicado calcular el importe total de las posibles devoluciones, la consultora Capital Economics considera que las peticiones de reembolso de las empresas podrían ascender a 120 000 millones de dólares, según informa The New York Times.
Las reacciones políticas tampoco se hicieron esperar tras la decisión del Supremo, ya que los aranceles son una de las medidas estrella de la política de Trump y supone un correctivo de primer orden al presidente.
El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aseguró que la decisión judicial supone “una victoria para el bolsillo de todos los consumidores estadounidenses”.
“El arancel ilegal de Trump acaba de desplomarse. Intentó gobernar por decreto y dejó a las familias con la factura. Basta de caos. Fin a la guerra comercial”, escribió el representante demócrata en su cuenta de X.
Los aranceles han supuesto un foco de tensión política ente los republicanos, ya que muchos de ellos nunca estuvieron de acuerdo con la medida económica.
El senador republicano por Kentucky, Rand Paul, afirmó que la decisión del Supremo impediría que un futuro presidente “utilice poderes de emergencia para promulgar el socialismo” en una interpretación que esquiva el varapalo que supone para la Administración Trump.
¿Qué declaró la Corte Suprema?
La Corte Suprema de EE. UU. declaró que el Gobierno estadounidense se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el presidente Trump para imponer gran parte de sus gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano, en un duro revés a la política arancelaria del mandatario.
Con una mayoría clara de 6-3, el Supremo dominado por conservadores le sirvió al republicano uno de los primeros grandes reveses de su segundo mandato, un giro en la tendencia hasta ahora favorable al mandatario en otros temas clave de su agenda.
En representación de la mayoría, el presidente del Tribunal, John Roberts, indicó que el Gobierno no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles con base a la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 invocada por Trump como pilar de su guerra comercial.
En su fallo, el Supremo considera que el uso de esta legislación por Trump supondría una delegación excesivamente amplia del poder tributario que la Constitución reserva al Congreso, ya que el Alto Tribunal considera que los aranceles son un tipo de impuesto a los ciudadanos.
Las voces del disenso fueron las de los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, los magistrados más conservadores del Supremo.
En su opinión, los tres jueces consideran que no se debe limitar al presidente en estas cuestiones pues consideran que la IEEPA puede usarse en temas de política exterior, lo cual aplica en este caso.
Esta decisión en contra de los poderes de Trump para declarar aranceles no impide que el republicano imponga gravámenes bajo otras leyes.
Trump ha insistido en que sería “muy decepcionante” que el Tribunal Supremo considerara ilegal la implementación de gran parte de los aranceles, que según él, son la clave del éxito económico que está cosechando su Administración y para presionar en materia de política exterior a otras naciones.
También ha reconocido que sería “prácticamente imposible” devolver los cantidades cobradas a los importadores.
El pasado agosto, tras una demanda de dos pequeñas empresas importadoras, una corte de apelaciones del Circuito Federal estimó que Trump no tenía derecho a imponer los llamados “aranceles recíprocos”, que oscilan entre el 50% que pagan Brasil y la India y la base mínima del 10% que soportan el Reino Unido o la mayoría de países de Latinoamérica.
El tribunal estimó que tampoco tenía autoridad para implementar el gravamen del 25% impuesto a algunos productos de Canadá, China y México por lo que, Washington considera, esfuerzos insuficientes para frenar la entrada de fentanilo a EE. UU.
Sin embargo, evitó congelar la aplicación de aranceles para dar tiempo a que el Gobierno Federal llevara la causa al Supremo.
