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Un “laboratorio comunitario” realizado en Guanacaste, Costa Rica, reunió a migrantes, activistas, académicas, y autoridades locales para señalar los retos que enfrentan en su día a día, pero también para proponer soluciones que serán presentados a candidatos a diputados y a la presidencia en las elecciones de febrero del 2026.
Durante el encuentro, realizado en la sede de la Universidad de Costa Rica (UCR) en Liberia, la audiencia y los panelistas compartieron experiencias, datos y reflexiones que evidenciaron la deuda pendiente del país con los migrantes, quienes sostienen sectores como el turismo, agricultura, construcción y trabajo doméstico.
Los principales ejes de discusión fueron la violación de los derechos laborales de los migrantes en la provincia de Guanacaste y las limitaciones de acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres migrantes.
Trabajos informales y mal remunerados
Roberto de la Ossa, director del documental Bachero que cuenta la historia de trabajadores de la construcción nicaragüenses, destacó la deuda del Estado costarricense. “Costa Rica recibe a las personas migrantes para trabajar, pero no termina de implementar su propio Plan Nacional de Integración”, remarcó.
El investigador Gustavo Gatica López señaló que “la pobreza tiene rostro de mujer migrante”. Debido a que “muchas (de ellas) están en empleos informales con bajos salarios, y regularizar su estatus les cuesta hasta un 75% de su ingreso mensual. Además, mientras cuidan a hijos de familias costarricenses, no tienen acceso al cuido para los suyos”.
Mientras tanto, el académico Esteban Barboza fue contundente al afirmar que “vivimos en un mundo racista, clasista y xenófobo. En Costa Rica siempre ha habido una distinción entre quién es bienvenido y quién no”.
Acceso limitado al sistema de Salud
Laetitia Deweer, directora de Desarrollo y Estrategia de Cultura, Educación y Psicología para la Infancia y la Adolescencia (CEPIA), una organización sin fines de lucro en Guanacaste, señaló la precariedad cotidiana. “Muchas mujeres se automedican porque no tienen acceso a la seguridad social”, subrayó.
En cuanto al acceso a salud sexual y reproductiva Elizabeth Villarreal, cofundadora del colectivo Volcánicas, expresó: “(Nosotras) también tenemos derecho a construir una vida en dignidad, a pensar y a habitar un territorio en dignidad”.
El director del Hospital de Liberia Enrique Baltodano Briceño, doctor Marvin Palma, reconoció los retos del sistema de salud y abogó por que la cultura binacional en la atención médica brindada por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) prevalezca “porque esta es la naturaleza de nuestra zona”, dijo, refiriéndose a la provincia guanacasteca.
Pocos datos estadísticos
La abogada costarricense Larissa Arroyo advirtió sobre la falta de datos estadísticos sobre temas que afectan a los migrantes en el país. “Cuando no hay datos, no se pueden crear políticas públicas para la protección de las mujeres migrantes. Apuesto por la cultura de la denuncia para evidenciar las fallas”, dijo.
La población migrante constituye más de 10% del total de habitantes en Costa Rica y el 7 % de la población residente en Guanacaste, según datos oficiales.
*El contenido de este artículo fue facilitado por Indi Media, y se publica con ajustes de estilo a cargo de CONFIDENCIAL.
