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El Consejo Directivo Monetario Financiero (CDMF), dirigido por el superministro Ovidio Reyes, estableció un mayor control de la actividad financiera del país, a través de la aprobación de tres normativas que refuerzan la regulación en materia de creación de fideicomisos, arrendamiento financiero (leasing), y factoraje.
Las nuevas normativas fueron divulgadas en tres resoluciones del CDMF, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta, del 10 de julio de 2025.
“Lo que están haciendo es crear la estructura jurídica para poder mover el dinero, dado que los gringos (EE. UU.) descabezaron la estrategia bancaria del régimen, al sancionar al Bancorp. Tener un banco sin corresponsalías, es como no tener nada”, dijo a CONFIDENCIAL un experto en derecho bancario que pidió mantener su nombre en reserva.
“Están aprobando todas estas leyes, porque necesitan crear mecanismos que les permitan hacer fluir su dinero”, opinó.
Las tres resoluciones aprobadas son:
- CDMF- XIX-2–25, destinada a regular a los proveedores no bancarios de servicios fiduciarios.
- CDMF-XIX-3–25 (para normar las empresas de arrendamiento financiero, EAF).
- CDMF-XIX-4–25, que define y controla a las entidades dedicadas al factoraje.
Variando apenas el nombre de las entidades conforme a la actividad que desarrolla cada una, las tres resoluciones contienen detalles similares para regular cómo se crean, supervisan, y cierran estas entidades. Una de las más notorias, es la que las manda a constituirse como “sociedades anónimas de objeto social único”.
Junto con toda la documentación de carácter técnico, legal y financiero, los solicitantes deberán entregar una autorización por escrito para facultar al superintendente de Bancos a que recabe información sobre ellos. La excusa oficial es para que el funcionario, propuesto por Daniel Ortega, pueda “comprobar la honorabilidad y competencia de los accionistas y administradores propuestos”.
Mayor control sobre las sociedades financieras
Al ordenar que sean sociedades anónimas “están homologando la forma de las sociedades financieras, haciéndolas más parecidas a un banco, en su forma de organizarse y de supervisarlas. Eso facilita controlarlas en el aspecto contable y organizativo”, dijo el experto en derecho bancario.
Al hablar de controles por ejemplo, se indica a las empresas dedicadas al negocio de los fideicomisos a presentar informes mensuales, “sin perjuicio del resto de información o estadística periódica o específica que se les requiera”. Eso no inhibe a la Superintendencia de “realizar inspecciones generales o parciales, in situ o extra situ”, que pudieran llevar o no, a la imposición de sanciones.
También se establece el monto mínimo requerido para constituir estas sociedades. Las administradoras de fondos en fideicomiso son las que tienen la barrera de entrada más pequeña: 5.5 millones de córdobas. El monto casi se cuadruplica para quienes quieran crear una empresa de leasing: 20 millones. Igual suma se exige a los que estén planeando organizar una empresa de factoraje.
En el caso de las empresas dedicadas al negocio fiduciario, se establece que tendrán que adquirir una póliza de seguros por 9.15 millones de córdobas. Por otra parte, se otorga a las empresas que ya están en funcionamiento, dedicadas a cualquiera de los tres negocios que regulan estas tres resoluciones, un plazo de hasta 90 días para cumplir con los nuevos requisitos de la norma. Si no lo hacen, se ordenará su cierre.
Creando sus propias opciones financieras
El experto en derecho bancario expresó sus reservas sobre el objetivo real de estas resoluciones, ya que “todo se hace bajo la lógica de un régimen que quiere encubrir sus operaciones y blanquear el capital que obtuvo de la cooperación venezolana, y de sus negocios ilícitos”.
La medida del régimen de Ortega es, a juicio del experto, “para lavar dinero, para ocultar operaciones oscuras, para hacer ilícitos, para encubrir como si fueran movimientos sanos, el dinero producto de sus actividades oscuras”.
Explicó que, al permitir que no sean solo los bancos quienes ofrezcan servicios financieros específicos como el arrendamiento financiero (leasing), el factoraje o los fideicomisos, la dictadura busca ampliar sus opciones de inversión.
Desde que el régimen se quedó sin su banco, “ellos están seccionando el sistema, y creando sociedades financieras para seguir expandiendo el portafolio de operaciones que se pueden hacer fuera de un banco. Su intención es darle salida a todo el dinero que han acumulado, pero no pueden hacerlo, porque no tienen su propio banco”, subraya.
Ante eso, “comenzaron a crear una estructura financiera, y a regular los productos de forma particular, para ir metiéndose en todo ese entramado que van regulando, donde van invirtiendo su dinero, y efectuando sus operaciones. Ya tienen su propia cooperativa de ahorro y crédito”, recordó. Todo, “bajo el ojo supervisor de la Policía, y de los organismos de inteligencia”, complementó.
Las tres resoluciones fueron dictadas el 4 de junio y entraron en vigencia el 18 de ese mismo mes, aunque solo fueron publicadas en La Gaceta número 125, del 10 de julio de 2025.
Cambios en leyes e instituciones financieras
El 27 de diciembre de 2024, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 1232, Ley de Administración del Sistema Monetario y Financiero, que creó un Consejo Directivo integrado por el titular de la Superintendencia de Bancos (Siboif), y del Ministerio de Haciendo (MHCP), presidido por el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes. El texto fue publicado en La Gaceta número 241 del 30 de diciembre de 2024.
Desde entonces, el régimen creó o modificó un conjunto de leyes para diseñar un Estado a la medida de sus necesidades. Esos cambios tienen como objetivo “controlar el poder económico”, siendo que “Ortega ya completó la etapa en que adquirió la totalidad del control político institucional”, dijo el abogado y exdiputado Eliseo Núñez.
Esas leyes son (enlistadas aquí en orden cronológico), la Ley del Comité de Estabilidad Financiera, publicada en La Gaceta el 7 de febrero de 2025; la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros, aprobada el 13 de febrero; la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 551, Ley del Sistema de Garantía de Depósitos, publicada en La Gaceta el 17 de febrero de 2025.
También la Iniciativa de Ley de Inversiones Extranjeras, aprobada el 20 de febrero; la Ley de Contrataciones Administrativas del Estado, publicada en La Gaceta el 21 de febrero, en la misma semana en que se aprobó una reforma total a la Constitución Política, publicada en La Gaceta el 18 de febrero de 2025.
