24 de febrero 2025
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El 25 de noviembre de 2024, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas, para anular las sanciones internacionales contra algunos personeros del régimen. Esa ley sería solo el primer paso de una ofensiva legislativa que llevó al régimen a reformar ocho leyes del ámbito económico, destinadas a colonizar un terreno que todavía no logran copar: el del flujo de capitales.
“Ortega ya completó la etapa en que adquirió la totalidad del control político institucional. En esa fase redujo al mínimo la pluralidad política, y las libertades pasaron a ser concesiones graciosas que no se pueden dar por descontadas”, dijo el exdiputado Eliseo Núñez.
Añadió que a la pareja dictatorial “le falta controlar el poder económico. No consolidarán totalmente su poder mientras más del 80% del empleo sea generado por la empresa privada, sea esta micro, pequeña, mediana o grande; formal o informal”.
Además de destruir la Constitución para sustituirla por un adefesio redactado a su imagen y semejanza, Ortega y su esposa y ahora “copresidenta” Rosario Murillo, reformaron otras ocho leyes del ámbito económico. Eso les permitió aumentar su capacidad para incidir en el destino —y hasta en la dirección— de los bancos.
De paso, movieron fichas en distintas instituciones, para poder acomodar a sus incondicionales en diversas instancias de control, y consolidaron al presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, como el último y más grande operador económico del régimen. Aunque no se trató de una ley de la República, el BCN dictaminó la obligatoriedad de que todos los pagos se hagan en córdobas a partir del 1 de enero de 2025.
El siguiente es un compendio de las leyes del ámbito económico, con sus respectivas fechas de publicación en La Gaceta, o de aprobación, para los casos en que todavía no han sido publicadas.
- Ley de Protección de los nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas, publicada en La Gaceta el 25 de noviembre de 2024.
- Ley que Regula la Cooperación Brindada por los Organismos, Agencias de Cooperación y Misiones Diplomáticas Acreditadas en Nicaragua, publicada en La Gaceta el 4 de diciembre de 2024.
- Ley de Administración del Sistema Monetario y Financiero, publicada en La Gaceta el 30 de diciembre de 2024.
- Ley del Comité de Estabilidad Financiera, publicada en La Gaceta el 7 de febrero de 2025.
- Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros, aprobada el 13 de febrero.
- Ley de Reformas y Adiciones a la Ley N°. 551, Ley del Sistema de Garantía de Depósitos, publicada en La Gaceta el 17 de febrero de 2025.
- Ley de Contrataciones Administrativas del Estado, publicada en La Gaceta el 21 de febrero.
- Iniciativa de Ley de Inversiones Extranjeras, aprobada el 20 de febrero.
- Constitución Política, publicada en La Gaceta el 18 de febrero de 2025.
Más control de los bancos privados
“Las reformas a las leyes económicas tienen como objetivo controlar el capital que hay en Nicaragua, y todos sus flujos: los que provienen del comercio internacional, las remesas... todo lo concentran en un organismo que se llama Consejo Monetario Financiero, cuyas resoluciones son de orden público. Eso significa que cuando ellos toman una decisión, esta casi tiene rango de ley”, explicó a CONFIDENCIAL desde el anonimato, un profesional del ámbito financiero.
Al analizar el contenido de las reformas, este profesional recordó que ese Consejo tiene tanto poder, que incluso puede ordenar la intervención directa de un banco. En paralelo, la reforma a la Ley General de Bancos permite nombrar directores independientes en el seno de las juntas directivas de los bancos, que deben contar con el visto bueno de funcionarios adeptos al régimen.
“En el texto de la ley dan a entender que el banco puede proponer al director independiente, pero al fin y al cabo, quien le da el visto bueno es ese Consejo. Ese representante no tiene ninguna responsabilidad pecuniaria, ni de bienes, ni de nada. Toma decisiones en la junta directiva, pero no asume responsabilidades por nada”, reclamó.
Núñez advirtió que el principal obstáculo para que Ortega y Murillo sientan que ya acapararon el poder económico, es el hecho que ellos no controlan las fuentes de generación de empleo. “Esto le impide establecer esa dependencia que se crea entre quien necesita el empleo y quien lo provee, dependencia que le garantizaría la posibilidad de un control total al estilo cubano”.
Régimen legisla para competir con ventaja
Si bien en el pasado, la pareja presidencial implementó el “Modelo de Acuerdos y Consensos” para cogobernar junto con el sector privado ejerciendo una suerte de “poder blando”, la ruptura ocurrida en abril de 2018, hizo que cambiaran de estrategia. Núñez señala que “para conseguir este control, Ortega y Murillo ya no están pensando en establecer acuerdos con los empresarios”.
En la situación actual, el control de la economía se puede conseguir nacionalizando las empresas, o sometimiento a los empresarios para desplazarlos y sustituirlos por nuevos actores económicos dependientes del poder político de la familia Ortega-Murillo, afirmó el abogado.
Ortega ha decidido, según Núnez, “usar el segundo método, después del fracaso que provocó la nacionalización de las empresas durante su primer mandato en los años 80”.
La estrategia aplicada después de la ruptura de 2018, incluye un “aumento al máximo de las presiones al sector empresarial mediante políticas fiscales y regulatorias. Ofrece alivios a estas presiones a cambio de la participación en las empresas afectadas, de empresarios adeptos al régimen, ya sea como socios o como competidores amigables de la porción del mercado que posea la empresa víctima del chantaje institucional”, explicó.
El profesional citado antes mencionó un objetivo adicional: “evitar la fuga de capitales, y saber si alguien intenta hacerlo”, aunque advirtió que para eso necesitan toda la información del sistema. Como parte de ese proceso “quieren obligar a las instituciones financieras a comprar el sistema digital de pagos que diseñe el Banco Central. Implementar este nuevo sistema significa que podrán observar todas las transacciones electrónicas, porque el sistema de pagos conoce todo”.
La creación del Consejo Financiero y Monetario les permitirá aumentar el control sobre la información de los ciudadanos, los empresarios, y cualquier actor económico, para saber cómo se financian todas las actividades tanto del sector público, como del sector privado, argumentó.
Lo que sigue es “buscar el control real de los sectores más sofisticados y estratégicamente claves para su proyecto político, especialmente del sector financiero”, subrayó Núñez.
“En este punto, ya ha empezado la arremetida contra el sector financiero y lo vemos en un conjunto de leyes y regulaciones que aumentan el control del Estado dominado por los Ortega sobre este sector. A este conjunto de leyes debemos aumentar las reformas constitucionales que cambian conceptos base para la libertad empresarial”, amplió el especialista.
