29 de julio 2023
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Al menos 17 instituciones públicas han beneficiado con 35 contratos de compras de combustibles, que suman unos 88.2 millones de córdobas, a tres empresas que administran —bajo la figura de “bandera blanca”— a varias gasolineras en Managua de la sancionada DNP Petronic, reveló un análisis de CONFIDENCIAL basado en los contratos publicados, entre enero de 2022 y julio de 2023, en el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (Siscae).
Del total de contratos, 24 fueron para la empresa Smart Fleet Cards Solutions, conocida comercialmente como Petrocard; ocho para Servicios San Miguel; y tres para la estación de servicio La Centroamérica.
Los contratos para Petrocard suman unos 78.92 millones de córdobas. Esta empresa es administrada por la abogada Violeta del Carmen Nicaragua López, quien además es la principal accionista.
Nicaragua López es miembro del grupo selecto de cinco abogados que se reparten el control de las empresas de la familia Ortega Murillo. Ella es socia de Canal 4 y perteneció a Petróleos Latinoamericanos (Petrolat), de acuerdo con la investigación “Negocios de familia” de CONFIDENCIAL.
Petrocard está integrada por personal que perteneció a la sancionada Alba de Nicaragua, S.A. (Albanisa) y fue inscrita en el Registro Público en febrero de 2017, pero comenzó en el negocio de los hidrocarburos hasta 2019, tras las sanciones estadounidenses a la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP Petronic), reveló una investigación del medio Artículo 66.
Los ocho contratos para Servicios San Miguel suman unos 6.31 millones de córdobas. Esta empresa administra la gasolinera La Bolívar, ubicada en los semáforos del Hospital Militar, y su propietario —según los contratos— es Miguel Ángel Alemán Escobar, de quien se desconoce su conexión con el régimen. En el Siscae detallan que el beneficiario final de los contratos es la ciudadana Odalys Sánchez Vallecillo.
Los contratos para la estación de servicio La Centroamérica ascienden a unos 2.98 millones de córdobas. A finales de 2018, la concesión de esta gasolinera fue traspasada a Violeta Magdalena Orozco Morales, una “empresaria” —hasta ese momento— desconocida en el mundo de los hidrocarburos, pero que ganó notoriedad porque le cedieron además otras gasolineras Petronic en Managua: la de Lozelsa y Villa Fontana.
En esta última gasolinera, Orozco ya no figura como concesionaria, ahora está a nombre de la empresa “Servimet”, según facturas en poder de CONFIDENCIAL.
Sin embargo, Orozco ahora aparece como concesionaria de la gasolinera Las Colinas, que ha sido la última estación de servicio DNP Petronic reactivada en Managua, luego que todas fueron cerradas en marzo de 2020 por la sanción de EE. UU. contra la petrolera estatal.
Gasolineras reactivadas entre 2022 y 2023
El 12 de diciembre de 2019, el Departamento de Estado estadounidense sancionó a la DNP, a su subsidiaria Zanzíbar, a la empresa de seguridad El Goliat y a Rafael Ortega Murillo, hijo mayor del dictador Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.
Para esa fecha, Inversiones Zanzíbar operaba 23 de las 69 estaciones de servicios de Petronic en Nicaragua, según un reportaje del medio Expediente Público.
De acuerdo con el Gobierno estadounidense, Ortega Murillo utilizaba Zanzíbar y El Goliat para “generar ganancias, lavar dinero y obtener acceso preferencial para el régimen orteguista a los mercados”.
Entre 2018 y 2019, la dictadura ejecutó un “maquillaje” de las gasolineras DNP Petronic, a las que les cambió los nombres y las marcas. Además, se creó un “consorcio privado” de gasolineras de “bandera blanca”, dirigido por operadores del régimen, sin ninguna experiencia en el negocio de los hidrocarburos.
Nicaragua López, Alemán Escobar y Orozco Morales son parte de ese “consorcio privado”, que entre 2022 y 2023 han reactivado las gasolineras DNP bajo la figura de “bandera blanca”, llamadas así porque operan de “forma independiente”, sin involucrar a ninguna marca comercial.
La “operación reapertura” se inició en abril de 2022 con las estaciones de Larreynaga, Lozelsa y Las Mercedes en Managua, luego siguieron las gasolineras de La Bolívar y Villa Fontana, en la capital, y otras en Jinotepe, Carazo; Diriá, Granada; Masatepe, Masaya; y Chinandega. La última que se conoce es la gasolinera de Las Colinas, reabierta en la tercera semana de julio de 2023.
A pesar que las compras de combustibles en estas gasolineras para la población en general tienen que ser en efectivo porque no aceptan pagos con tarjetas, a las instituciones públicas se les permite cancelar los contratos a través de cheques o transferencias electrónicas. Solo hubo una adjudicación, en la cual se especificó que el pago sería en efectivo.
Las 17 instituciones compradoras de combustibles
CONFIDENCIAL construyó una base de datos con las 35 licitaciones de compra de combustible. De acuerdo con el análisis del documento, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es la “mayor” compradora de estas gasolineras: en dos contratos desembolsó 21.6 millones de córdobas.
Ambos contratos fueron otorgados a Petrocard. El primero fue entregado el 11 de julio de 2022, por un monto de 10.03 millones de córdobas. El segundo contrato fue concedido el pasado 16 de junio de 2023 y asciende a 11.56 millones.
De acuerdo al monto desembolsado le siguen a la UNI, el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) con 17.54 millones de córdobas en dos contratos; el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) con 8.82 millones de córdobas en ocho contratos; el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) con 7.19 millones en un solo contrato; y la Lotería Nacional con 6.35 millones en dos contratos.
En la lista de instituciones que beneficiaron a estas tres empresas también está el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) que concedió un contrato que asciende a 5.99 millones de córdobas; el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), que aprobó el desembolso de 5.61 millones de córdobas por dos contratos; y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que entregó cuatro millones de córdobas en dos licitaciones.
Hubo cinco instituciones que concedieron contratos de entre 1.2 y 2.6 millones de córdobas. Estas son: el Banco de Fomento a la Producción (BFP); el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur), la Carrera Administrativa Municipal (CAM) de la Alcaldía de Managua; la Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (Eminex); y el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom).
Las instituciones que menos fondos desembolsaron fueron: la Universidad Nacional Agraria; Radio Nicaragua; la Corporación de Empresas Regionales de la Construcción (Coerco); y el Ministerio de la Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa (Mefcca). Los contratos de estas instituciones públicas van desde los 64 740 hasta los 577 970 córdobas.
Solo ocho licitaciones fueron públicas
El análisis reveló también que de los 35 contratos, 15 fueron entregados en todo 2022 y ascendieron a 33.97 millones de córdobas. Estos fueron dados por: ANA, CAM, Coerco, Enimex, INE, Inide, Invur, Lotería Nacional, el Marena, Radio Nicaragua y la UNI.
En lo que va de 2023, el monto ya supera los 54.25 millones de córdobas. En total han aprobado 20 contratos provenientes de 15 instituciones públicas, entre ellas: el BFP, Inifom, Intur y Mefcca.
El 51% de las contracciones, equivalentes a 18 licitaciones, fueron de tipo “simplificada”. Según la Ley 737 o de Contrataciones Administrativas del Sector Público, a este tipo de licitación, la institución invita de manera directa a uno o más proveedores para postularse.
En la revisión también se constató que nueve contratos fueron de “licitación selectiva”, en este tipo de contratación se invita a los proveedores a través del portal único de contrataciones o de forma directa a los proveedores previamente seleccionados. Solo hubo ocho “licitaciones públicas”, abiertas a cualquier oferente.
CONFIDENCIAL encontró que, además de estas tres empresas, han sido beneficiados con contratos millonarios otras gasolineras de marcas comerciales, pero propiedad de allegados o simpatizantes del régimen, como el exbeisbolista Nemesio Porras López y el empresario sandinista Ajax Delgado Quintanilla, amigo íntimo de Bayardo Arce Castaño, asesor en temas económicos del dictador Daniel Ortega.
