2 de octubre 2022
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Cada viernes, desde hace seis meses, el director del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), José Antonio Castañeda Méndez, se sienta frente a los medios oficialistas y lee el mismo comunicado. En él informa que los precios de los combustibles y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) se mantendrán inalterables por una semana más. Este congelamiento oficial ha evitado que los consumidores gocen de un alivio en sus bolsillos, mientras las empresas petroleras, coludidas con el régimen, se embolsan millones de dólares.
“El presidente de la república, comandante Daniel Ortega Saavedra y nuestra vicepresidenta compañera Rosario Murillo, dado el incremento constante…”, inicia su lectura Castañeda. Ese aumento al que hace referencia ya no existe desde inicios de julio pasado, cuando el precio internacional del petróleo de Texas o WTI —de referencia para Nicaragua— comenzó a caer hasta situarse actualmente en 80 dólares por barril.
Cuando el Gobierno estableció el congelamiento de precios, el petróleo estaba en medio de una espiral alcista impulsada por la invasión del Gobierno ruso —aliado político de Ortega— a Ucrania. El llamado “oro negro” alcanzó su mayor pico en junio, cuando llegó a cotizarse hasta en 121.94 dólares por barril.
Desde la primera semana de abril pasado, la gasolina súper cuesta 48.97 córdobas por litro (185.10 córdobas por galón); la regular se cotiza a 47.81 córdobas por litro (180.72 córdobas por galón); y el diésel —el combustible de mayor consumo en el ámbito nacional— se vende a 43.21 córdobas (163.33 córdobas por galón).
En el caso del GLP, el cilindro de 25 libras se mantiene en 436 córdobas, el de 10 libras en 180 córdobas y el de 100 libras en 2004 córdobas, según el INE y el Ministerio de Energía y Minas.
Estos precios promedios corresponden a Managua, ya que en los otros departamentos y regiones del país se les tiene que sumar el costo de transporte y distribución, así como otros gastos.
Expertos en hidrocarburos, que solicitaron omitir sus nombres por temor a represalias, explicaron que los precios de los combustibles en Nicaragua deberían estar en rangos similares a los de enero pasado, cuando el precio promedio del petróleo fue de 83.22 dólares por barril, que está cercano al precio promedio de este septiembre: 84.48 dólares.
Estadísticas oficiales del INE muestran que, en enero pasado, el precio promedio de la gasolina súper fue de 41.97 córdobas por litro (158.64 córdobas por galón); el de la regular 40.98 córdobas por litro (154.90 córdobas por galón); y el del diésel 37.13 córdobas (140.35 córdobas por galón).
Al comparar los precios actuales con los de enero pasado se obtiene una diferencia de siete córdobas por litro (26.46 córdobas por galón), en el caso de la gasolina súper; de 6.83 córdobas por litro (25.82 córdobas por galón) en la regular; y de 6.08 córdobas por litro (22.98 córdobas por galón) en el diésel.
Segundo congelamiento de los combustibles
Los expertos indicaron que este sobreprecio favorece a las petroleras, aunque no se puede determinar el monto por litro o galón, ya que el régimen y las empresas petroleras mantienen en secreto la estructura o la fórmula para definir los precios de los combustibles, que incluyen sus márgenes de ganancias.
En diciembre de 2019, Estados Unidos sancionó a la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos, lo que cambió la composición del mercado nacional de combustibles: las petroleras Puma y UNO absorbieron las ventas de Petronic. Previo al castigo estadounidense, las gasolineras DNP Petronic y Puma dominaban el negocio de los hidrocarburos.
En Nicaragua, los precios de los combustibles no son regulados por el Estado y son fijados libremente, cada semana, por las petroleras. El GLP —popularmente conocido como “gas para cocinar”— es el único producto regulado por el INE.
Uno de los expertos subrayó que la actual política de congelamiento demuestra que en Nicaragua existe “una colusión” entre el régimen y las petroleras, ya que, sin estar autorizados por ley, el Gobierno dicta cuándo subir o bajar los combustibles, “siempre en favor de las petroleras”.
Esta es la segunda vez, en menos de un año, que el Estado nicaragüense congela los precios de los combustibles. Entre finales de octubre de 2021 y mediados de enero pasado, el régimen ordenó no subir ni bajar los precios de las gasolinas, diésel y GLP. Durante esos más de dos meses el valor internacional del crudo bajó casi 20 dólares por barril, por lo que los consumidores tampoco lograron un alivio, mientras las petroleras se quedaron con más ganancias.
Al inicio de ese “congelamiento”, en octubre de 2021, el petróleo WTI se vendía a 84.53 dólares y bajó hasta los 65.44 dólares por barril, a inicios de diciembre. El régimen decidió “liberar” los combustibles cuando el “oro negro” volvió a superar la barrera de los 80 dólares por barril.
El “primer congelamiento” surgió a dos semanas de las elecciones generales en las que Ortega, sin competencia política, se otorgó su tercera reelección consecutiva para un cuarto mandato en fila, y segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.
Política para favorecer a petroleras e instituciones
Reportajes de CONFIDENCIAL han revelado que los nicaragüenses han pagado un sobreprecio en los combustibles, que hasta inicios de 2021 superó los 30 millones de dólares. Esta plusvalía se obtiene a través de una política de congelamiento de precios de los combustibles en Nicaragua, cuando en el ámbito internacional los combustibles y el petróleo bajan.
El economista Enrique Sáenz ha denunciado en el programa Esta Noche —que se transmite a través de YouTube y Facebook Live, por la censura de Ortega— que detrás de la política de congelamiento se “esconde un gigantesco fraude”.
Según datos del economista en el exilio —basado en cifras del Comité de Cooperación de Hidrocarburos en América Central—, en 2021, las petroleras se embolsaron unos 160 millones de dólares en sobreprecios.
“La única explicación es que se trata de precios fraudulentos, que imponen desde el poder económico y desde el poder político” y que se “traduce en sobreganancias para quienes están en el negocio: Ortega y sus compinches”, dijo Sáenz.
Un experto en hidrocarburos señaló que otra posibilidad es que el régimen use el actual sobreprecio para financiar el consumo de combustibles de instituciones del Estado como la Policía Nacional y el Ejército, o mantener las exoneraciones de los clientes industriales.
“El alivio o las rebajas que hay en el mercado internacional no se trasladan a los consumidores, sino que lo utilizan para aligerar su presupuesto de gastos y usar ese dinero en otras partidas, que solo ellos conocen”, comentó el especialista.
Cómo llamarlo: ¿Subsidio o congelamiento?
Según el INE, el objetivo de mantener congelados los precios de los combustibles es “mitigar el impacto del incremento de estos precios (internacionales) en la economía de las familias nicaragüenses”.
El Ejecutivo orteguista ha indicado que, supuestamente al asumir el 100% de las alzas en los precios de los combustibles y del gas licuado de cocina, el Estado de Nicaragua desembolsa entre cuatro y seis millones de dólares semanales.
Nicaragua cuenta con un fondo de 200 millones de dólares como parte de una línea de crédito de hasta 800 millones de dólares, dispuesta por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar un programa regional de apoyo ante el alza global de precios de los combustibles.
Este crédito millonario se sumará a la deuda externa de Nicaragua, que al concluir 2021 alcanzó los 14 308 millones de dólares, el pico más alto durante los 15 años de Ortega en el poder.
José Antonio Castañeda Méndez, director del Instituto Nicaragüense de Energía (INE). Foto: Tomada del 19 Digital
La propaganda orteguista ha vendido este fondo como un subsidio a los combustibles; sin embargo, Rubén Ernesto Arriola, experto en temas de consumidores, indicó que ese dinero va a las petroleras.
“El dinero prestado es para mantener los precios congelados, si fuera un subsidio bajarían los precios de los derivados del petróleo y mantendrían así los precios por un tiempo determinado, a través de una ley aprobada por la Asamblea Nacional”, explicó Arriola.
Detalló que, generalmente, los subsidios son aprobados por los Parlamentos y tienen un período de vencimiento o, en algunos casos, son indeterminados, hasta que la misma Asamblea los suspende.
“Especifican el porcentaje que favorece a los consumidores, y no se dan en comunicados semanales”, agregó.
Régimen omite los supuestos aumentos en las gasolinas
Los comunicados estatales solo cambian unos datos de un viernes a otro: el supuesto monto asumido por el Gobierno y la semana de vigencia del congelamiento.
“De acuerdo con los precios internacionales de los combustibles, para la siguiente semana el precio de la gasolina súper debería incrementarse…, la gasolina regular…, y el diésel…, sin embargo, nuestro gobierno ha decidido asumir el 100% de dichos incrementos, para beneficio de las familias nicaragüenses”, lee cada semana el director del INE.
Un equipo de CONFIDENCIAL revisó todos los comunicados y encontró que, desde inicios de agosto pasado, el régimen ha omitido el dato sobre el incremento en las gasolinas.
La última vez que publicaron los datos de las gasolinas, el viernes 29 de julio, el Gobierno indicó que la súper “debería incrementarse en 6.92 C$/galón y la gasolina regular en 0.65 C$/galón”.
En su más reciente aparición ante los medios oficialistas, Castañeda Méndez leyó: “Para la siguiente semana se mantendrán los precios de los combustibles gasolinas y diésel sin variación, requiriéndose para el diésel un incremento de 1.96 C$/galón”.
Uno de los expertos en hidrocarburos subrayó que, al omitir ese dato, el Estado reconoce que no existe un aumento en las gasolinas, por lo cual deberían bajar sus precios en Nicaragua. En el caso del diésel, en el mercado internacional su precio todavía presenta algunos picos.
“No hay, hasta la fecha, ningún estudio técnico sobre las razones financieras del congelamiento de los derivados del petróleo en Nicaragua”, advirtió Arriola, de la Consultoría del Gestor al Consumidor.
Segundos más caros de Centroamérica
Los combustibles en Nicaragua se colocaron, en junio pasado, como los segundos más baratos del istmo, solo por detrás de El Salvador, en el caso de las gasolinas; y de El Salvador y Honduras, en el diésel, según cifras del Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central (CCHAC), del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
Los expertos alertaron que, en el ámbito centroamericano, los demás países han comenzado a bajar los precios de los combustibles, por lo que Nicaragua volvió a colocarse como el segundo país con los precios más caros de la región, solo superados por los costos en Costa Rica.
Nicaragua y Costa Rica son los únicos países de la región con las gasolinas por encima de los cinco dólares por galón. En Costa Rica, el galón de la gasolina súper se vende a 5.66 dólares, el de la regular a 5.19 dólares, y el del diésel a 5.16 dólares, de acuerdo a estadísticas de la Dirección General de Hidrocarburos El Salvador y la Secretaría de Energía de Honduras.
Además, Nicaragua es el segundo país de América donde los consumidores compran menos litros de gasolina con su salario promedio, según un estudio de la plataforma privada Picodi, especializada en ahorro, descuentos y ofertas.
Con un salario promedio neto de 10 390 córdobas —unos 290 dólares—, un nicaragüense compraba, hasta junio pasado, unos 212 litros de gasolina súper, que representan unos 41 litros menos que hace un año, según el portal web, con presencia en España y cuatro países de América.
Peor que Nicaragua solo está Cuba, donde los ciudadanos pueden comprar unos 27 litros de gasolina con un salario promedio de 35 dólares.
En su aparición de todos los viernes, el director del INE afirma que “es preocupación constante de la Presidencia de la República el impacto que estos precios tienen en la economía familiar y de los sectores económicos del país”, y evita mencionar a las petroleras.
