AA
Share
El Gobierno de Estados Unidos anunció restricciones de visa contra más de 100 funcionarios nicaragüenses y sus familiares por su “complicidad” con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Al mismo tiempo, acusó al magistrado electoral Lumberto Campbell Hooker de haber participado “directamente” en la negación de atención médica al preso político Brooklyn Rivera, quien falleció bajo custodia estatal.
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, señaló a los sancionados de ser “cómplices” de la consolidación de la dictadura en Nicaragua, acusada por organismos internacionales de graves violaciones a los derechos humanos y el cierre de los espacios democráticos en Nicaragua.
“Estados Unidos apoya al pueblo nicaragüense que, al igual que Rivera, aspira a una Nicaragua libre”, subrayó Rubio, en un comunicado emitido el 8 de junio de 2026 para anunciar las nuevas medidas de la Administración de Donald Trump.
El líder indígena miskito Brooklyn Rivera, de 73 años de edad, falleció el 30 de mayo de 2026 a las 8:30 de la noche, tras más de 970 días de encierro ilegal. La dictadura confirmó su muerte un día después y mantuvo su cadáver bajo custodia policial y ordenó su entierro en Managua.
Con las nuevas restricciones de visa, Estados Unidos asegura haber sancionado a más de 2350 “funcionarios nicaragüenses y sus familiares por su complicidad” con la dictadura.
La decisión fue adoptada bajo la Proclamación Presidencial 10309, una disposición que “suspende la entrada a los Estados Unidos, tanto para inmigrantes como para no inmigrantes, a los miembros del Gobierno de Nicaragua y a otras personas que formulen, implementen o se beneficien de políticas o acciones que socaven las instituciones democráticas”.
Lumberto Campbell acusado directo
El jefe de la diplomacia estadounidense señaló directamente a Campbell Hooker, sancionado previamente por Washington, de haber estado directamente implicado en la “negación de atención médica a Brooklyn Rivera e impidió que su familia le diera sepultura”.
“Estados Unidos —advirtió— no ignorará la responsabilidad de la dictadura de Murillo-Ortega en la horrible muerte del preso político Brooklyn Rivera”.
Campbell Hooker apareció en las fotografías divulgadas por el régimen el 27 de mayo de 2026, cuando informaron sobre el “grave” estado de salud del líder indigena.
En las imágenes se observa al magistrado costeño junto a Brooklyn Rivera, mientras este permanecía postrado en una cama de hospital. Días después, también participó en la vela organizada por el régimen en Managua.
Las honras fúnebres, en el cementerio Sierras de Paz, fueron controladas en todo momento por la dictadura orteguista, tras impedir que su familia trasladara el cuerpo a la Costa Caribe Norte para su sepultura, como era el deseo expreso del líder miskito.
Aún después de muerto “mi padre sigue secuestrado”, advirtió Tininiska Rivera en entrevista con CONFIDENCIAL y Esta Semana. “Ni siquiera ese derecho nos dieron, el derecho a despedirnos de él”, dijo.
Desde el 31 de mayo, al menos seis familiares de Rivera permanecen desaparecidos, cuando viajaron desde Bilwi a Managua para reclamar el cadáver del líder indígena.
Desde septiembre de 2023, el régimen ignoró las múltiples solicitudes de una “prueba de vida” de sus familiares y la comunidad internacional. La hija del líder indígena enfatizó que su padre, al momento de la detención, “salió de su casa en condiciones óptimas de salud, caminando y valiéndose por su propia cuenta”.
