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El pasado martes 21 de julio, participé como comentarista, en mi condición de coordinador de la Cátedra Centroamérica de la Universidad de Costa Rica, en la presentación del cuarto informe sobre Libertad de Expresión y Periodismo en Centroamérica, elaborado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la UCR, con el auspicio de la Fundación Heinrich Böll.
Fue un ejercicio útil, no solo por el rigor de la metodología empleada, que incluyó el análisis de 2191 piezas periodísticas de toda la región, de las que se escogieron 410 noticias sistematizadas y una encuesta a 110 periodistas de los cinco países, más cuatro entrevistas a profundidad a periodistas de la región, sino porque permite mirar de conjunto un fenómeno que, país por país, suele leerse de forma fragmentada. Comparto aquí una síntesis de lo que me parecieron los elementos más relevantes de esa lectura conjunta, con especial atención a lo que atañe a Nicaragua.
Nicaragua sigue siendo, con distancia considerable, el caso más severo de la región. El informe es claro al respecto: el ejercicio del periodismo independiente dentro del territorio nacional ha sido cancelado y la información crítica sobre el país se produce desde el exterior, por el exilio nicaragüense. Ese dato, en sí mismo, no sorprenderá a los lectores de CONFIDENCIAL. Lo que sí merece atención es un hallazgo más reciente: el informe documenta indicios de que la represión ha comenzado a adquirir un carácter transnacional, lo que pone en cuestión el supuesto de que el exilio ofrecía, al menos, protección física.
El asesinato de Roberto Samcam, ocurrido mientras vivía exiliado en Costa Rica, es el hecho que ilustra este cambio. Un grupo de expertos en derechos humanos presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU evidencia de una red de vigilancia y seguimiento desplegada contra opositores nicaragüenses en distintos países, con presencia documentada en Costa Rica, Estados Unidos, México, España y Panamá. A esto se suma el caso de la periodista Jennifer Ortiz, quien denunció amenazas de muerte y recibió de autoridades costarricenses la recomendación de borrar su presencia digital y abandonar la profesión. Son datos puntuales, pero apuntan en una misma dirección: la protección que ofrecía el exilio ya no puede darse por descontada.
Sin embargo, conviene no leer este hallazgo como una anomalía nicaragüense aislada del resto de la región. El aporte principal del informe de PROLEDI es mostrar que Nicaragua no constituye una excepción, sino el punto más avanzado de una tendencia presente, con matices distintos, en los cinco países centroamericanos. El Salvador, por ejemplo, transitó este año de la censura indirecta hacia instrumentos abiertamente punitivos: la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada en mayo de 2025, grava con un 30% los fondos que reciben del exterior las organizaciones críticas y restringe, en términos jurídicamente amplios, cualquier actividad que pueda calificarse de amenaza a la estabilidad social y política del país. El resultado ya es medible: más de cincuenta periodistas salvadoreños se vieron forzados al exilio en el último año, y la Asociación de Periodistas de El Salvador debió trasladar su personería jurídica fuera del país para continuar operando.
Guatemala ofrece una variante distinta pero igualmente indicativa del clima autoritario. Allí el conflicto central no enfrenta al Ejecutivo con la prensa, sino al periodismo independiente con un aparato judicial que opera con amplia autonomía respecto al poder político electo. El caso del periodista José Rubén Zamora, conocido internacionalmente, muestra que no es necesaria una condena firme para que un proceso judicial cumpla una función disciplinadora. Basta con mantener el expediente abierto, prolongar las audiencias y sostener latente la amenaza de un regreso a prisión; el desgaste personal y económico hace el resto.
Honduras aporta al cuadro regional un actor menos habitual en este tipo de diagnósticos: las fuerzas armadas. El informe documenta un patrón de intimidación militar contra periodistas y medios, impulsado desde la cúpula castrense, en un país donde la impunidad sobre crímenes contra la prensa continúa siendo la norma.
Costa Rica, el país que históricamente se presentaba como la excepción garantista de la región, muestra este año señales de convergencia con el resto: estigmatización presidencial sistemática, uso político de la pauta publicitaria estatal, obstrucción del trabajo periodístico en conferencias de prensa. La diferencia costarricense ha sido hasta ahora, la existencia de una Sala Constitucional dispuesta a poner límites a esas prácticas. El propio informe advierte, sin embargo, que esa capacidad de contención institucional se está erosionando por el desgaste de los ataques reiterados por parte del oficiolismo, y dejó abierta la pregunta de si la próxima administración sostendrá o revertirá esa tendencia, aunque todo parece indicar que la tendencia se mantendrá en la administración Fernández.
El tercer eje del informe toca un elemento que rara vez se discute con la seriedad que amerita: el efecto de los recortes de la cooperación internacional sobre la viabilidad misma del periodismo independiente centroamericano, que golpean directamente la capacidad de funcionamiento y fiscalización de los medios independientes. Esto revela una tensión que el informe deja entrever sin desarrollarla del todo: los mismos medios que sostienen, con frecuencia en solitario, la información crítica sobre regímenes autoritarios como el nicaragüense son también los más expuestos a la volatilidad de un financiamiento externo sobre el que no tienen control alguno.
Me parece importante, en todo caso, resistir la tentación de leer estos hallazgos como una colección de situaciones nacionales inconexas. Lo que el informe de PROLEDI documenta es la consolidación de un patrón regional: el uso de instrumentos formalmente legales, tales como las leyes de agentes extranjeros, litigios prolongados, subastas de frecuencias, retiro discrecional de pauta estatal, para producir efectos que la censura directa ya no puede permitirse ejercer abiertamente sin costo internacional. Nicaragua confirma, una vez más, su lugar como el país que va adelante en la frontera del autoritarismo regional: lo que allí se ensaya primero (el cierre casi total del espacio mediático interno, y ahora la persecución que cruza fronteras), tiende a reaparecer después, con matices y ritmos propios, en el resto de Centroamérica.
Para quienes hacen periodismo desde el exilio, condición que CONFIDENCIAL conoce de primera mano— estos hallazgos probablemente no constituyan una novedad, sino la confirmación sistematizada de una experiencia cotidiana. Vale la pena, sin embargo, subrayar la lectura de conjunto: la experiencia nicaragüense no es un caso aparte, sino un antecedente cuyos elementos ya se observan, en distinto grado, en el resto de la región. Reconocerlo así no ofrece consuelo, pero sí una base más clara desde la cual pensar la defensa del periodismo independiente centroamericano en los próximos años.
