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Seis familiares de Brooklyn Rivera permanecen desaparecidos desde el 31 de mayo de 2026, cuando viajaron desde Bilwi a Managua para reclamar el cadáver del líder indígena muerto en custodia de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murilo.
Fuentes cercanas al partido Yatama, fundado por Rivera, indicaron que los seis habrían sido detenidos por la dictadura, después que funcionarios del Instituto de Medicina Legal se rehusaron a entregarles el cuerpo para que fuera sepultado en Sandy Bay, Bilwi, como era su deseo.
Rivera, de 73 años de edad, falleció el 30 de mayo de 2026 a las 8:30 de la noche, tras más de 970 días de encierro ilegal. La dictadura confirmó su muerte un día después y mantuvo su cadáver bajo custodia policial y ordenó su entierro en Managua, por lo que fue secuestrado hasta la sepultura.
Las fuentes también aseguran que los familiares de Rivera no participaron en el funeral realizado en Managua por órdenes de Murillo.
Los detenidos el 31 de mayo de 2026 por reclamar el cuerpo del líder indígena son:
- Alda López Bryan, hermana de Brooklyn Rivera.
- Jorge Webster Rojas, amigo de Brooklyn Rivera.
- Kurney Valle Bushy, sobrino de Brooklyn Rivera.
- Florencia Sarmiento, cocinera de Brooklyn Rivera.
- Jorbis Hendy López, sobrino de Brooklyn Rivera.
- Glenis Panting Coleman.
Inicialmente las fuentes incluyeron entre los detenidos a Waylandin Rivera, hijo de Brooklyn Rivera, pero luego corroboraron que éste se encontraba resguardado en un lugar seguro.
Waylandin Rivera habría estado en el hospital Fernando Vélez Paiz al momento del deceso de su padre, donde escuchó rumores de que sería detenido si acudía al funeral, razón por la que decidió resguardarse.
Una fuente vinculada a la Secretaría del FSLN dijo, tras la muerte de Rivera, que “en el gobierno sandinista había temor de que en el Caribe Norte podrían producirse movilizaciones y disturbios contra el Gobierno”. Por eso consideraron que “no era prudente autorizar los funerales en Sandy Bay”, remarcó.
Mientras tanto, las fuentes de Yatama afirman que, tras la muerte del Taupla Brooklyn Rivera, como era conocido en las comunidades miskitas, prevalece un ambiente de “tristeza y mucha tensión” en el Caribe Norte de Nicaragua.
Agregan que la presencia policial en las calles de Bilwi es notoria, debido al estado policial de facto que prevalece en todo el país.
ONU expresa “serias” dudas sobre causas de la muerte
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos se unió a las condenas internacionales por la muerte de Rivera y expresó sus dudas sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento, tras sufrir desaparición forzada y una detención arbitraria prolongada.
“Tenemos muy serias preocupaciones sobre las causas de su muerte, precisamente porque nadie conocía su paradero hasta cuatro días antes de la fecha de su supuesta muerte”, indicó en rueda de prensa la portavoz de esa oficina de Naciones Unidas, Marta Hurtado.
“Las condiciones específicas de su detención a lo largo de los años, incluido si tuvo acceso a atención médica adecuada, y la secuencia exacta de los hechos que llevaron a su muerte siguen sin estar claras”, agregó.
Hurtado señaló que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ha pedido a las autoridades nicaragüenses que lleven a cabo una investigación imparcial sobre la muerte de Rivera, como también ha hecho el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas.
Brooklyn Rivera fue detenido por el régimen nicaragüense el 29 de septiembre de 2023. Desde entonces, escondió su paradero y ocultó su grave estado de salud hasta el 27 de mayo de 2026, cuando mostró al líder indígena agonizante tras casi tres años de desaparición forzada.
Excancilleres demandan “investigación internacional”
A las demandas de justicia por la muerte en custodia de Brooklyn Rivera se sumó un grupo de 24 excancilleres de América Latina, quienes solicitaron una “investigación internacional independiente, con acceso irrestricto, que esclarezca las circunstancias de la muerte”.
Los exdiplomáticos hacen un llamado “respetuoso pero firme” a que este caso sea tratado “con la seriedad y urgencia que amerita”, durante la próxima reunión de cancillerías latinoamericanas a celebrarse en junio en Panamá.
“La muerte de un líder indígena bajo custodia estatal no es un asunto interno: es un desafío directo a los valores democráticos y a los compromisos hemisféricos en materia de derechos humanos”, subrayan los excancilleres.
Los 24 exfuncionarios firmantes son:
- Eladio Loizaga, excanciller de Paraguay
- Allan Wagner Tizón, excanciller del Perú
- Federico González Franco, excanciller del Paraguay
- Francisco Álvarez de Soto, excanciller de Panamá
- María Emma Mejía excanciller de Colombia
- Jorge Castañeda, excanciller de México
- María Angela Holguín, excanciller de Colombia
- María Soledad Alvear, excanciller de Chile
- Mariano Fernández Amunátegui, excanciller de Chile
- Antonia Urrejola Noguera, excanciller de Chile
- Heraldo Muñoz Valenzuela, excanciller de Chile
- Susana Malcorra, excanciller de Argentina
- Luis Gallegos Chiriboga, excanciller del Ecuador
- Juan Gabriel Valdés, excanciller de Chile
- Carolina Barco Isakson, excanciller de Colombia
- Ignacio Walker Prieto, excanciller de Chile
- Martha Lucía Ramírez Blanco, excanciller de Colombia y exvicepresidente de Colombia
- José Miguel Insulza Salinas, excanciller de Chile y exsecretario General de la OEA
- Roberto Tovar Faja, excanciller de Costa Rica
- Claudia Ruiz Massieu, excanciller de México
- José Antonio Moreno Ruffinelli, excanciller de Paraguay
- Diego García Sayán, excanciller de Perú
- Samuel Lewis, excanciller de Panamá
- Isabel de Saint Malo, excanciller de Panamá
Amnistía pide investigación “independiente”
Amnistía Internacional (AI) pidió una investigación “independiente” de la muerte del líder indígena bajo custodia estatal, un hecho que, enfatizó, “no puede quedar en el silencio ni en la impunidad”.
“Hacemos un llamado urgente a los gobiernos de la región y a los mecanismos internacionales de protección a exigir rendición de cuentas al Estado nicaragüense y realizar una investigación con prontitud, y de manera efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente que esclarezca las circunstancias de esta muerte potencialmente ilícita”, sostuvo la oenegé en un comunicado.
“La familia de Brooklyn Rivera tiene derecho a la verdad”, agregó la directora para las Américas de AI, Ana Piquer, sobre la muerte del cofundador de Yatama.
“Las autoridades nicaragüenses tienen la obligación de proporcionar a la familia de Brooklyn Rivera acceso inmediato y sin restricciones a toda la información relacionada con su detención, las condiciones en las que permaneció privado de su libertad, y las circunstancias de su muerte”, urgió Piquer.
“Asimismo, deben garantizar la entrega digna de sus restos para que pueda recibir sepultura conforme a sus deseos, respetando su identidad como líder indígena miskito y las tradiciones de su pueblo”, añadió.
*Con información de EFE
