21 de febrero 2024
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Cuatro meses han pasado desde que las autoridades de la Universidad Nacional Politécnica (UNP) —que sustituyó a la confiscada Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli)— despidieron a por lo menos 70 trabajadores, tiempo en que han sido incapaces de explicarles las razones del despido y pagarles su liquidación. Los afectados, en su mayoría maestros, reclaman sus prestaciones de ley y advierten que sus exempleadores hasta han dejado de contestarles sus llamadas telefónicas.
Los ceses masivos de trabajadores en la institución educativa comenzaron en abril de 2022, cuando la nueva administración despidió a más de 30 colaboradores de distintas áreas de la casa de estudios, tras su confiscación en febrero de ese año.
El 11 de octubre de 2023, al menos otras 70 personas, entre cuerpo docente y administrativo, fueron relegadas de sus cargos sin previo aviso ni justificación, según fuentes de la institución.
Roberta trabajó por más de dos décadas como docente en la Upoli y logró conservar su cargo hasta cuando la universidad fue confiscada. Pero, en octubre de 2023 fue despedida "sin explicación" por la directora de Recursos Humanos, María Giselle Herrera González, quien en la carta de despido señaló la aplicación del artículo 45 del Código del Trabajo.
“Desde esa fecha no he recibido ni un solo centavo de liquidación”, advierte la docente universitaria. Lo único que pagaron, el 21 de diciembre de 2023, fue “el aguinaldo proporcional, claro está”, enfatiza.
La situación de los docentes despedidos contrasta con lo establecido en el artículo 45, citado por la directora de Recursos Humanos. Este artículo establece que “cuando el empleador rescinda el contrato de trabajo por tiempo indeterminado y con causa justa pagará al trabajador una indemnización equivalente a un mes de salario por cada uno de los primeros tres años de trabajo, veinte días de salario por cada año de trabajar a partir del cuarto año”.
No hay respuestas "hasta nueva orden"
Para Roberta “lo peor” de esta situación es que “no nos dicen absolutamente nada” razonable. Las pocas respuestas que ha obtenido ante sus consultas son: “no hay planificación de liquidación”, “no se sabe” y “hasta nueva orden”.
Ante la falta de pagos y la carencia de información sobre las liquidaciones, Luisa —otra docente universitaria que trabajó por más de cinco años en la Upoli— teme que las autoridades universitarias intenten aplicarles la nueva "Ley para el cálculo de la indemnización por antigüedad en caso de renuncia de los trabajadores del Estado", aprobada en noviembre de 2023.
Esta nueva normativa, que en teoría solo aplica en caso de renuncia, tiene por objeto reducir la indemnización por antigüedad de todos los trabajadores públicos. Señala que los empleados del Estado que decidan renunciar tendrán derecho a su antigüedad a partir de los tres años de servicio continuo y no desde el primer año, como establece el Código del Trabajo.
“A nosotros nos despidieron antes que esa ley fuera aprobada, nos aplicaron el artículo 45 (del Código del Trabajo)”, advierte Luisa. Pero, continúa, “si ellos (el régimen) quieren pueden aplicarla. En este país todo es posible”.
"Seguro no ibas a las marchas"
Tanto Roberta como Luisa han recurrido a excolegas en búsqueda de pistas que las ayuden a entender la razón de sus despidos y el por qué la universidad no les ha pagado su indemnización. Sin embargo, aseguran que son vistas de mal modo.
“Una compañera, que me conoce y que tiene un puesto alto, al escuchar mi situación me dijo: ‘es que seguro no ibas a las marchas”, relató Roberta.
Sin embargo, la docente universitaria reclama que en los últimos años participó activamente en las marchas del Gobierno y que —inclusive— los gastos en que incurrió fueron cubiertos con su salario.
“Íbamos obligados a las marchas y con camisetas compradas, nada de que regalaban una camiseta, había que comprar camisetas de 400 pesos o 300 pesos y había que ir obligados”, subraya Roberta.
Mientras tanto, Luisa destaca que desde que fue despedida sus conocidos de la universidad han dejado de contestarle el teléfono. Situación que la llena de frustración porque, comenta, “uno no puede hacer nada. No puede ir al Ministerio del Trabajo a hacer una denuncia, nada”.
Más de 1200 despedidos en universidades confiscadas
Para instalar la Universidad Nacional Casimiro Sotelo en la confiscada Universidad Centroamericana (UCA), el régimen despidió a 710 profesionales, de estos, 418 eran docentes y 292 de otras áreas.
En la Universidad de Occidente (UDO), también confiscada, otros 115 maestros se quedaron en el desempleo y en la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King (UENIC-MLK ), tomada por el régimen, 207 docentes quedaron en la calle.
En total, más de 1200 personas que trabajaban en esas tres universidades quedaron en el desempleo, según el anuario estadístico 2022, publicado por el Consejo Nacional de Universidades (CNU), en diciembre.
Sin embargo, la dictadura no informó sobre los despidos en las otras universidades confiscadas. Un reportaje de CONFIDENCIAL reveló que muchos docentes prefieren buscar otro oficio o emigrar, en lugar de adoctrinar a universitarios en las nuevas universidades instaladas por la dictadura.
