12 de enero 2024
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Luis supo que había llegado el momento de abandonar las aulas de clases, con el cierre y confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA), ordenada por la dictadura orteguista a mediados de agosto de 2023. El catedrático no sabe sí es un retiro definitivo, pero sí que no regresará mientras el régimen permanezca en el poder. “Ya me retiré de la academia. Ya eso lo di por perdido”, dice tajante.
El catedrático, con más de diez años de experiencia universitaria, se siente desesperanzado por la crisis de la educación superior en Nicaragua. Además de la UCA, otras 26 universidades han sido cerradas y confiscadas entre diciembre de 2021 y agosto de 2023. Tras el robo de los centros superiores, la dictadura ha impuesto el adoctrinamiento partidario del Frente Sandinista.
Luis argumenta que no está dispuesto a impartir clases bajo la administración de operadores políticos del FSLN, bajo el falso título de "académicos". Prefiere dedicarse a otro oficio o migrar.
Más de 1200 despedidos en universidades confiscadas
A la dictadura orteguista le tomó cuatro meses retomar la funcionalidad del campus confiscado, rebautizado como Universidad Nacional Casimiro Sotelo. Su plan incluyó el despido de 710 profesionales, de estos, 418 eran docentes y 292 de otras áreas.
En la Universidad de Occidente (UDO), también confiscada, otros 115 maestros se quedaron en el desempleo y en la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King (UENIC-MLK ), tomada por el régimen, 207 docentes quedaron en la calle.
En total, más de 1200 personas que trabajaban en esas tres universidades quedaron en el desempleo, según el anuario estadístico 2022, publicado por el Consejo Nacional de Universidades (CNU), en diciembre.
La barrida del personal docente y administrativo de la UCA y otras universidades había sido advertido por el experto en educación, Ernesto Medina, quien aseguró que el régimen seguramente revisaría expedientes de estudiantes y docentes, y que muchos de ellos, no podrían continuar en la UCA. “Me temo que muchísimos profesores en las condiciones actuales en que esta esa universidad, tampoco están dispuestos a trabajar”, agregó Medina.
Colocan fichas orteguistas en universidades confiscadas
Karla tiene 14 años de experiencia académica en Nicaragua. Era docente de planta cuando el régimen orteguista confiscó la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), y creó la Universidad Nacional Politécnica (UPN). “Fue un día de mucha incertidumbre. No sabía qué iba a pasar”, recuerda.
A los pocos días de la toma de esa institución de educación superior, reconocida como bastión universitario durante las protestas cívicas de 2018, convocaron a todos los docentes para explicarles que la universidad pasaba por un “proceso de extinción”, que la administración había cambiado, pero que garantizarían la continuidad de la formación profesional de los estudiantes. Aunque nunca hubo una reunión para orientar abiertamente el adoctrinamiento político desde la academia, el cambio era evidente. “Las palabras que utilizaban estaban relacionadas al Estado, al Gobierno. Era una nueva línea”, señala Karla.
Ella integraba un grupo de maestros que dudaban continuar o desistir de la academia. Consideraban que sus clases eran ajenas a temas políticos, y por ende, podrían burlar la vigilancia instaurada en las universidades recién creadas. Sin embargo, también estaban conscientes que podrían sustituirlos con personas alineadas al pensamiento político del Frente Sandinista.
Dos meses después de la confiscación de la Upoli, Karla recibió su carta de despido, y no fue la única de su departamento. “Fue una noticia que todos nos esperábamos, quienes no estamos dentro de esa línea política de pensamiento…”, dice.
Ese patrón se repitió en la confiscada UCA. “Quienes están mandando realmente son la gente que está muy ligada al Gobierno independientemente que maneje o no maneje la academia, investigación”, alerta el docente Luis.
El maestro valora que “es compleja la situación de los académicos en Nicaragua. Me atrevo a pronosticar que en Nicaragua no va a quedar ni un 20% de académicos de alto reconocimiento, académicos con mucha experiencia o que tienen estudios fuertes y que sean ajenos al tema político”, continuó.
Lo más seguro, indica, es que las autoridades académicas orteguistas “van a comenzar a ubicar a sus fichas, las van a intentar formar en el tema académico y quienes van a estar ahí -en la UCA confiscada- va a ser la gente de UNEN-Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN)-, quienes han estado en la estructura del partido de Gobierno y los académicos lo que vamos a tener que hacer es irnos a otros países a buscar suerte. Y los que no puedan, migrar hacia otros sectores”, señala.
Inicio de clases: 15 de enero de 2024
Según el calendario académico del régimen orteguista, las clases en la confiscada universidad jesuita, iniciarán el lunes 15 de enero de 2024. El sitio web y las cuentas en redes sociales de la confiscada UCA permanecen inactivas y desactualizadas.
El sancionado rector, Alejandro Genet, no explicó detalles de los planes curriculares. Sin embargo, aseguró que la oferta académica está dividida en ciencias económicas y empresariales; ciencia, ingeniería y ambiente y educación y humanidades y se mantenía en 15 carreras, las mismas que integraban la oferta de pregrado de la UCA.
En un intento por camuflar la falta de preparación del orteguismo para echar andar la universidad robada a la Compañía de Jesús, Carlos Eduardo Díaz, expresidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), aseguró que “no estamos improvisando nada, sino que está algo ya constituido y que nosotros estaríamos ofertando en una formación de calidad para los muchachos de las nuevas generaciones”, sin brindar mayores detalles de quiénes estarán a cargo de formar a los nuevos profesionales.
El 21 de diciembre de 2023, el Gobierno de Estados Unidos incluyó en su lista de “actores corruptos y antidemocráticos” —conocida como “Lista Engel”— a cuatro personajes del régimen orteguista. Elevando a 17 la lista de funcionarios a los que se les niega la entrada a EE. UU. y no podrán obtener visados para viajar a este país.
El rector de la Universidad Casimiro Sotelo, Alejandro Genet, fue sancionado, seguido de la presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Ramona Rodríguez; la presidenta del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), Maribel Duriez; y la jueza Gloria Saavedra, del Juzgado Décimo Tribunal Penal de Distrito de Managua.
A Genet se le designa por “utilizar su posición para crear políticas que sancionan a profesores y estudiantes de la Universidad Casimiro Sotelo que no participen en actividades políticas del partido político Frente Sandinista de Liberación Nacional de Ortega”.
