30 de diciembre 2023
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El cierre y la confiscación de tres de las once universidades privadas, que les cancelaron su personería jurídica en 2023, dejó sin empleo a más de 1200 docentes, administrativos y otro tipo de personal, revelan datos recuperados del anuario estadístico 2022, publicado por el Consejo Nacional de Universidades (CNU).
En el anuario, divulgado este 15 de diciembre de 2023, se incluyeron, por primera vez, cifras de la cantidad de estudiantes, docentes y otro personal de las universidades privadas del país. Anteriormente, el CNU solo compartía información de sus diez universidades miembros.
Según el documento oficial, de la Universidad de Occidente (UDO) que tenía sedes en Managua, León y Estelí fueron afectadas 182 profesionales, de los cuales 115 eran docentes y 67 eran trabajadores de otras áreas. Esta casa de estudios tenía una matrícula de 4479 estudiantes, 208 eran becados.
De la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King (UENIC-MLK ) con sedes en Managua, Juigalpa, Masaya, Matagalpa y Teustepe quedaron sin empleo 287 trabajadores, que incluyen 207 docentes de los diferentes niveles de formación: pregrado y posgrado, y 80 colaboradores. El CNU indica que, hasta 2022, la matrícula estudiantil de esta institución era de 4962.
Supuestos “incumplimientos de la gestión institucional”
El personal afectado por el cierre y confiscación de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) asciende a 710 profesionales. De esta cifra 418 eran docentes y 292 pertenecían a otras áreas. En el campus e infraestructura administrativa, el régimen instaló la Universidad Nacional Casimiro Sotelo.
La matrícula estudiantil de esta universidad, y el número de becas que entregaban, tenía varios años de reducirse debido al recorte de la partida presupuestaría que recibía por el 6% Constitucional. Hasta 2022, tenían matriculados a 4292 estudiantes, de estos 1048 eran becados.
El CNU admite en su informe que estas tres casas de estudios fueron cerradas en el transcurso 2023, aunque asegura que fueron canceladas por un supuesto “incumplimiento de los procesos de la gestión institucional”.
Sin embargo, a la universidad jesuita la dictadura la acusó sin pruebas de ser “un centro de terrorismo” y antes que se iniciara la investigación, confiscó e instaló .
CNU omite información de ocho universidades
El CNU no rindió cuentas sobre la Universidad Juan Pablo II, que tenía cuatro sedes a nivel nacional y un estimado de 370 estudiantes, ni de la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, con ocho sedes y unos 6375 alumnos, según una recopilación de CONFIDENCIAL.
Tampoco brindó información de la Universidad Panamericana de Nicaragua, con sedes en Managua y Matagalpa, la Universidad del Pacífico y la Universidad Rubén Darío, de la cual se desconoce cuánto era su matrícula estudiantil.
En el anuario se omitió también información sobre la Universidad Adventista de Nicaragua, que tenía una matrícula estimada de 900 estudiantes, ni de la Universidad del Norte de Nicaragua, con 890 estudiantes, y tampoco de la Universidad Metropolitana.
Estas ocho centros fueron cancelados por orden del CNU y del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), entre marzo y abril de 2023. Mientras, la UDO, UENIC-MLK y UCA fueron canceladas y confiscadas entre el 28 de julio y el 18 de agosto. Entre estas once universidades se conoce una matrícula estimada de unos 22 268 estudiantes.
¿Qué pasó con los docentes?
El CNU señala que “la continuidad educativa de los estudiantes fue garantizada en las universidades nacionales”, tomando en cuenta “la ubicación de las sedes universitarias y el área del conocimiento”.
Sin embargo, nunca se refiere a qué pasó con el destino de los docentes, del personal administrativo y de los trabajadores de otras áreas, que de un momento a otro se quedaron sin su lugar de trabajo. No se conoce información sobre cuántos de estos fueron integrados a las nuevas universidades y si tuvieron el pago de sus prestaciones laborales.
En total, el Ministerio de Gobernación —ahora Ministerio del Interior—, el CNU y el CNEA eliminaron y confiscaron a 27 universidades privadas, entre el 13 de diciembre de 2021 y el 18 de agosto de 2023. Del total, una fue cerrada en 2021, 15 en 2022 y 11 este 2023.
Un cálculo de CONFIDENCIAL estima que el número de estudiantes afectados por estos cierres masivos de universidades asciende a más de 42 824.
Los últimos cierres fueron justificados por supuestamente no cumplir “los mínimos de calidad”, una evaluación que realiza el CNEA en todos los centros de estudios superiores. A la espera de aprobar o no este proceso todavía están otras ocho universidades y dos institutos privados.
