15 de febrero 2025
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Un grupo de los 94 ciudadanos despojados de su nacionalidad nicaragüense por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo denunciaron este 15 de febrero de 2025, que la dictadura está empleando nuevas y "más bestiales" formas de desnacionalizar a la población considerada opositora.
A través de un comunicado suscrito por 42 académicos, activistas y periodistas desnacionalizados, advierten que "no son tiempos fáciles" para la población nicaragüense. La dictadura, incapaz de solucionar la crisis sociopolítica que vive el país desde hace siete años, ha continuado "ampliando y profundizando la represión" a la ciudadanía.
"Recientemente comenzaron a aplicar una forma más bestial de desnacionalización sin declaración pública y sin registro cancelan los documentos de viajes o de identidad, dejando al más total desamparo a la víctima y a su familia", se lee en el comunicado.
También, señalan que persiste en el país los encarcelamientos indiscriminados, torturas, destierros, persecución religiosa, desapariciones forzadas, aniquilación de organizaciones civiles y gremiales, como parte del "manual de ultrajes" de la dictadura.
"Por encima de nuestras propias dificultades y desafíos, expresamos nuestra solidaridad con estas víctimas y les alentamos a mantener vivas las esperanzas de que recuperemos la democracia y nuestros derechos, sobre todo el derecho a construir una Nicaragua en paz, libertad, concordia y con oportunidades para todos", subrayan.
Agregan que para lograr la democratización de Nicaragua es necesario "apartar mezquindades y cegueras", ya que "sólo juntando fuerzas y esfuerzos acortaremos el camino".
Entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, el régimen de Ortega y Murillo despojó públicamente de su nacionalidad nicaragüense a 452 personas. En meses más recientes continuó negando el ingreso a su patria a una cantidad indeterminada personas, por lo que la cifra de nicaragüenses desnacionalizados puede ser mayor a la que se conoce públicamente.
El despojo despojo de la nacionalidad, estuvo además acompañado de confiscación de bienes, anulación de pensiones de Seguridad Social, declaratoria de prófugos de la justicia y la "cancelación a perpetuidad" de derechos civiles y políticos.
