9 de febrero 2023
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La Asamblea Nacional —dominada por el orteguismo— aprobó la mañana de este jueves 9 de febrero una reforma a la Constitución Política de Nicaragua para despojar de su nacionalidad a 222 presos políticos, quienes horas antes fueron "deportados" hacia Estados Unidos y despojados sus derechos civiles y políticos mediante una sentencia judicial.
La reforma —que fue aprobada con 89 votos, de un total de 91— modificó el artículo 21 de la Constitución para adherirle: "Los traidores a la patria pierden su calidad de nacional nicaragüense".
Además, en la exposición de motivos, los legisladores sandinistas recuerdan que en la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblos a la Independencia y Autodeterminación para la Paz, quedaron establecidas "las acciones que lesionen los intereses supremos de la nación, por lo que los nicaragüenses ejecutores de estos actos se consideran traidores a la patria".
En esa misma línea, la Asamblea aprobó minutos después una Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense para regular lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, según se lee en la exposición de motivos.
La nueva normativa jurídica establece en su artículo segundo que las personas sentenciadas al tenor de la Ley 1055 "perderán su nacionalidad nicaragüense".
Desterrados antes de aprobar la ley
La reforma constitucional y su reglamento fueron aprobados en simultáneo al anuncio hecho por el magistrado Octavio Rothschuh Andino, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), sobre la orden de “deportación inmediata y ya efectiva” de 222 exreos de conciencia, quienes esta madrugada fueron embarcados en un vuelo charter que viaja con rumbo a Estados Unidos, donde arribará en la capital norteamericana en horas del mediodía.
“Para proteger la paz, la seguridad nacional, el orden público, la salud, la moral pública, los derechos y libertades de terceros, los sentenciados que por diferentes ilícitos violentaron el ordenamiento jurídico y constitucional, atentando contra el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense, perjudicando el interés supremo de la nación, por consiguiente se ordena la deportación inmediata y ya efectiva de 222 personas”, leyó el magistrado.
También indicó que la “deportación” de los presos políticos de conciencia fue ordenada ayer, 8 de febrero de 2023, mediante una resolución en la que enfatizan que las 222 personas deportadas “fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre y servicio del Estado de Nicaragua así como ejercer cargos de elección popular, quedando suspendidos sus derechos ciudadanos de forma perpetua”, subrayó.
Urnas Abierta señala ilegalidades
Ante los cambios en el marco jurídicos nicaragüense, el observatorio de Urnas Abiertas enfatizó que los procesos usados —tanto para cambiar las sentencias de las personas presas políticas como para reformar la Constitución— son "totalmente irregulares", ya advierten que "una vez más se usa la institucionalidad para intentar cubrir de legalidad un acto irregular, contrario a la ley, que atropella libertades individuales y políticas".
Recuerdan que el destierro "es un crimen de lesa humanidad" contemplado en el estatuto de Roma, el cual lo establece como una de las 11 conductas que forman parte de cualquier ataque generalizado o sistemático contra una población civil: Deportación o traslado forzoso de población: expulsión de personas de la zona donde están presentes legítimamente sin motivos autorizados por el derecho internacional, entendiéndose que la deportación supone cruzar fronteras nacionales, mientras que el traslado forzoso ocurre dentro de ellas.
"Este tipo de medidas son un atropello más a los derechos humanos de las y los nicaragüenses, de manera general. Y a la integridad electoral, de manera específica, en tanto limita los derechos civiles, políticos y electorales", enfatiza Urnas Abiertas.
