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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió el jueves 16 de julio de 2026 al Gobierno de Nicaragua información sobre el paradero del obispo emérito nicaragüense Juan Abelardo Mata, de 80 años, quien fue detenido tras pedir en misa rezar por la Iglesia católica perseguida.
“La Comisión urge al régimen a informar de manera inmediata sobre el paradero de monseñor Abelardo Mata, garantizar su vida e integridad personal y, de encontrarse privado de su libertad, disponer su liberación”, expresó la CIDH en una declaración.
Mata fue detenido por policías el 29 de junio de 2026 en represalia por una misa celebrada en la iglesia Cruz del Calvario, en la ciudad nicaragüense de Estelí, al norte del país, en la que pidió a los fieles rezar por la Iglesia católica perseguida y mencionó expresamente al obispo desnacionalizado y excarcelado Rolando Álvarez y al sacerdote Frutos Valle.
El 4 de julio, el Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio del Interior, informó que había enviado a su casa al octogenario obispo, luego de que Estados Unidos exigiera su liberación “inmediata e incondicional”.
Tras su detención, Abelardo Mata habría permanecido bajo un régimen de “casa por cárcel”, y si bien el Ministerio del Interior informó que estaba bajo “indagación”, hasta la fecha no existe información independiente que permita verificar su paradero o estado de salud, lo que reviste especial gravedad debido a su edad y a condiciones preexistentes de salud, alertó ese organismo.
Dictadura oculta a detenidos
La CIDH condenó el ocultamiento de la suerte de las personas detenidas arbitrariamente como uno de los patrones más graves de la represión, “que viene siendo utilizado por el régimen para silenciar voces críticas, infundir temor y ejercer control sobre la población”.
Desde 2025, esa práctica resultó en la muerte de los opositores Mauricio Petri, Carlos Cárdenas y Brooklyn Rivera, bajo custodia del Estado, cuyos familiares permanecieron durante semanas o meses sin información sobre su paradero y/o estado de salud, y solo tuvieron certeza de su fallecimiento al momento de la entrega de sus cuerpos, en medio de amenazas e intimidación, advirtió.
La Comisión anotó “que esta situación constituye otra de las expresiones más severas del cierre del espacio cívico y democrático en Nicaragua”, y recordó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a la libertad de conciencia y de religión, el cual comprende la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.
Por tanto, la CIDH instó al régimen que copresiden los esposos, Daniel Ortega y Rosario Murillo, a permitir el contacto inmediato del religioso con sus familiares y representantes, cesar la persecución contra ellos, así como contra los integrantes de la Iglesia católica a fin de garantizar el pleno ejercicio de la libertad de religión, conciencia y expresión en Nicaragua.
En ese sentido, señaló que esos hechos ocurren en un “grave contexto” de hostigamiento y represalias contra integrantes de la diócesis de Estelí y de la Iglesia católica en Nicaragua.
Desde 2018, la CIDH ha documentado un patrón sistemático de afectaciones contra obispos, sacerdotes, personas religiosas y laicas, consistente en actos de vigilancia, restricciones al ejercicio del culto, detenciones arbitrarias, expulsiones del país, la privación arbitraria de la nacionalidad, confiscación de bienes, el cierre forzado de congregaciones y otras represalias por el ejercicio de la libertad de religión.
Al menos 261 religiosos, incluido el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Herrera, han sido desterrados de ese país, como resultado de la persecución religiosa contra la Iglesia católica, según el informe titulado “Fe bajo fuego” de la ONG humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más.
