2 de marzo 2023
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El Senado español propuso la posibilidad de suspender a Nicaragua del Acuerdo de Asociación (AdA) entre la Unión Europea y Centroamérica, como parte de una nueva sanción en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusados de crímenes de lesa humanidad, y de múltiples violaciones a los derechos humanos y a las libertades civiles.
El AdA fue suscrito en 2012, por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá de un lado, y la Unión Europea por el otro. El texto reglamenta el comercio, las inversiones, o cómo abrir una empresa en Centroamérica, además de establecer “una asociación política privilegiada basada principalmente en el respeto y la promoción de la democracia, la paz, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la buena gobernanza y el desarrollo sostenible”.
Una sanción de ese nivel implicaría que Nicaragua deje de tener acceso privilegiado a los mercados comunitarios europeos, además de constituirse en un desincentivo para la inversión proveniente del Viejo Continente, y una mancha más en la deteriorada imagen del país, según un economista, un productor y un exportador consultados por CONFIDENCIAL, que accedieron a conversar con este medio, bajo condición de anonimato.
El economista y el productor explican que el impacto comercial afectaría las exportaciones de Nicaragua a Europa por USD 331.1 millones de dólares, fundamentalmente en café oro, maní, oro y azúcar de caña, según el Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex).
“El comercio con Europa es bastante modesto: 330 millones de dólares, de un total de 8000 millones de dólares, después que salió Inglaterra”, detalló el economista, mientras que el productor alegaba que “el impacto sería pequeño”, midiéndolo solo desde el punto de vista de las exportaciones.
Sin embargo, el exportador advierte que si se llegara a aplicar esa medida, causaría un “impacto fuerte”, en especial entre los sectores que venden parte de su producción en Europa, como el café. Aunque la mayor parte del café va a Estados Unidos —y el resto a Europa, Taiwán, y otros mercados— lo que sea que no se venda en ese destino, disminuiría la captación de divisas, y los ingresos por impuestos a las exportaciones.
Si bien reconoce que siempre queda la opción de buscar nuevos clientes para los productos que perdieran sus preferencias de acceso a los mercados europeos, también admite que “eso no siempre es fácil”, y que, aunque existe gran demanda para el oro y azúcar, quizás se necesitarían hasta seis meses para hallar nuevos compradores para el café y el maní.
“Estos (los funcionarios de Gobierno) andan buscando cómo colocar productos en China, pero no creo que los chinos les compren grandes cantidades”, aseveró.
Mayor riesgo país
El economista duda que llegue a materializarse la suspensión de Nicaragua del AdA, en parte, porque es apenas una propuesta que aún debe pasar al seno de la UE, pero también porque “las sanciones europeas tienen como principio evitar un daño masivo a la economía del país, adoptando un enfoque más selectivo”, pero si decidieran aplicarlo “sería un golpe fortísimo a la imagen del país, sobre todo para la inversión”.
Su análisis le lleva a concluir que “a cada sanción, hay una respuesta interna que nos sale cara”, en referencia a los desterrados y los confiscados, “así que se convierte en un arma de doble filo, que por ahora, no ha cambiado nada, aunque quizás, lo que están esperando es causar una implosión.
El exportador avizora que excluirnos del Acuerdo de Asociación dificultaría la negociación con cualquier cliente potencial, además que “deteriora la ‘cara’ del país”, porque dice “a este ya nadie lo quiere”. El productor coincide en que “donde sí habría que preocuparnos, es en el deterioro a la imagen del país, que se vuelve menos atractivo para la inversión extranjera”, sin descartar que podría afectar el costo al que se obtengan los cada vez más difíciles préstamos y donaciones internacionales.
Fuerte apoyo en el parlamento español
En el pasado, tanto Estados Unidos como Canadá; la Unión Europea en su conjunto, además de naciones como Suiza y el Reino Unido, han impuesto sanciones a diversos integrantes de la familia gobernante, así como a sus cómplices en el Gobierno, lo que generalmente implica prohibición para entrar a su territorio, congelamiento de bienes, y amenaza de sanciones para los bancos de su jurisdicción que tengan tratos con los sancionados.
La iniciativa de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos de la Cámara Alta española, se fundamenta en el apoyo mayoritario a una moción del Partido Popular (PP, conservadores), que insta al Gobierno a liderar desde la Unión Europea, todas las medidas que permitan poner fin a la vulneración de los derechos humanos en Nicaragua.
Entre las medidas adicionales que apoyaron los senadores en relación con la situación que vive Nicaragua, también figura intensificar las sanciones individuales, lo que incluye el impedimento de ingreso al territorio europeo, y la congelación de bienes de determinadas personas.
Junto a la propuesta inicial del PP se añadió, a petición de los nacionalistas vascos (PNV), una mención a la reciente liberación de presos políticos, crítica con la decisión de Ortega de despojar a los liberados de su nacionalidad, y de incautarse de todos sus bienes.
