24 de febrero 2022
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Los siete líderes políticos declarados culpables por presunta “conspiración”, afirmaron sentirse en “paz” porque son “inocentes” y “nunca” han pedido sanciones o actuado en contra de los intereses de Nicaragua. En su declaración ante el juez Félix Salmerón Moreno, del Juzgado Quinto de Distrito Penal de Juicio, los acusados Juan Sebastián Chamorro, Tamara Dávila, Félix Maradiaga, Arturo Cruz, José Pallais, Violeta Granera y José Adán Aguerri, se mostraron firmes y exigieron la liberación de todos los presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Chamorro aseguró: “Estoy en paz, tengo fe, y esperanza porque sé que Dios y los nicaragüenses saben que soy inocente”.
El ex precandidato presidencial fue declarado culpable el mismo día de su cumpleaños número 51. “He tenido una vida correcta, mi hoja de vida demuestra que he procedido correctamente y he buscado dar respuesta a los problemas de mi país, he negociado a favor de mi país y eso me da tranquilidad”.
“Estoy muy honrado de estar con estos nicaragüenses en este lugar”, expresó.
“Soy inocente. Mi único delito ha sido ejercer mi derecho a defender derechos y denunciar las injusticias. Por ello he sido perseguida y detenida ilegalmente”, afirmó Dávila, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), tras escuchar el fallo del juez.
“Ayer, hoy y mañana seguiré defendiendo derechos y demandando justicia, libertad y democracia para Nicaragua”, dijo la activista.
Por su parte, Maradiaga se declaró “inocente de un juicio injusto”, y expresó que su “deseo es que en Nicaragua se encienda una luz para este pueblo que ama tanto vivir, a como dice la aquella canción del dúo Guardabarranco: ‘Démosle una luz a la gente que ha buscado su libertad, contra el cielo y contra humano, démosle una luz a este pueblo que ama tanto vivir en Nicaragua”.
El también ex aspirante presidencial recordó, en su intervención, que su padre Adán Maradiaga “fue prisionero político de la dictadura de Somoza; años después mi madre sufrió las confiscaciones ocurridas en los años 80. A los 12 años viví el exilio como indocumentado, a causa de la guerra”.
“Desde muy joven serví a mi patria en la desmovilización de rearmados, desde el Ministerio de Defensa sin mencionar las condecoraciones que recibí de parte del Ejército de Nicaragua”, subrayó Maradiaga.
El abogado internacional de Chamorro y Maradiaga, Jared Genser, explicó que el cargo que les imputan es "claramente político, destinado a castigarlos por su activismo y oposición al régimen Ortega-Murillo". Aseguró que durante el juicio fueron sometidos a una "letanía de violaciones sustantivas y al debido proceso".
"A los dos precandidatos ni siquiera se les permitió hablar durante su juicio, solo les permitían indicar “si” o “no” con movimientos de su cabeza cuando se dirigían a ellos", señaló en un comunicado.
“Nunca pedimos sanciones”
La justicia del régimen orteguista declaró culpables a los presos políticos en un juicio que se prolongó por siete días, con audiencias diarias de entre cinco hasta 12 horas.
Después de emitir el fallo, el juez Salmerón permitió dos minutos por reo para que expresaran sus palabras finales, confirmó el abogado defensor, Mynor Curtis, quien compartió las principales ideas que expusieron los presos políticos Cruz, Pallais y Aguerri.
Según el abogado, Cruz ratificó que él nunca ha pedido sanciones contra Nicaragua, y explicó que debido a su trabajo ha recibido críticas tanto del Gobierno como de la población.
El también ex aspirante presidencial recordó que participó para que Nicaragua fuera parte del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-Cafta), por lo que “jamás pediría una sanción para que saquen al país de este acuerdo, que significa 184 000 empleos directos”.
Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), señaló que durante 18 años consecutivos ha trabajado por el crecimiento del país y “nunca ha hecho nada en contra de la nación”, por lo que lamentó escuchar que lo acusen de querer hacer algo en contra de su país.
Mensaje de Granera
“Quiero recalcar que soy inocente y que nunca he cometido ningún delito”, refutó Violeta Granera al juez, según un mensaje publicado por su familia.
Recordó que tras el asesinato a sangre fría de su padre, Ramiro Granera, en su casa en León en 1978, decidió dedicar su vida a trabajar por el respeto y la defensa de los DD. HH. de todos los nicaragüenses, sin ninguna distinción para que ninguna familia pasara el sufrimiento que ella vivió.
“Luego de vivir todo este proceso, me reafirma que no me he equivocado en la lucha contra la injusticia y todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Todos en Nicaragua, incluyéndolos a usted (policías, jueces, fiscales), merecemos vivir en libertad y democracia, sin esto nunca podremos salir adelante”, destacó la integrante del Consejo Político de la UNAB.
En su intervención, aseguró que “vale la pena” luchar por la democracia en este país. “Vivir en carne propia este sufrimiento ha sido la única manera de comprender realmente lo que cientos de nicaragüenses han vivido a lo largo de nuestra historia, una historia marcada de dolor y separación familiar.... debemos entender que no podemos permitir que esto vuelva a pasar en nuestro país. Soy inocente”, expresó.
Pallais como testigo
De los siete acusados, el único que fungió como testigo fue el doctor Pallais. Por casi treinta minutos explicó que él nunca ha hecho nada en contra de Nicaragua.
“Nosotros nunca hemos ido a pedir sanciones, menos a la OEA (Organización de Estados Americanos), si la OEA no puede imponer sanciones a ningún país”, aclaró el exdiputado.
Después de su disertación sobre el funcionamiento de los organismos internacionales, la fiscal no lo cuestionó. Sin embargo, al momento de los alegatos finales, dijo que el reo político Pallais “de viva voz se declaró culpable que él fue a gestionar sanciones”.
La defensa de Pallais reclamó y señaló a la fiscal de “tergiversar” las palabras del exdiplomático y político nicaragüense.
Finalmente, Pallais no utilizó los dos minutos finales otorgados por el juez porque había expresado lo necesario como testigo, dijo.
Dávila denuncia torturas en El Chipote
La Fiscalía pidió 13 años de cárcel para Chamorro, Pallais, Maradiaga y Aguerri; nueve años para Cruz; y ocho años para Granera y Dávila. El Ministerio Público exigió, además, la inhabilitación a cargos públicos para todos los imputados en el juicio realizado en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote.
Dávila denunció que desde su arresto, el 12 de junio, ha estado confinada a una celda sellada en El Chipote, en completo aislamiento, donde le pasan la comida y medicina por una pequeña escotilla. Además, durante la detención, fue golpeada en la cara varias veces hasta hacerla sangrar, pese a que no opuso resistencia, tras soportar seis meses de vigilancia policial permanente.
“Apenas llegué a El Chipote tuve que ser llevada a enfermería”, relató.
También exigió que cese su aislamiento que califica como tortura. Desde que inició el juicio, el 15 de febrero fue la primera vez que en ocho meses, Dávila comió con otra persona.
Durante las primeras cinco audiencias de juicio, la Fiscalía interrogó a 26 oficiales de Policía, que participaron en los arrestos y allanamientos a los domicilios de los reos políticos.
Exige ver a su hija
“Yo estoy presa ilegalmente, han violentado todos mis derechos, exijo que no se los sigan violentando a mi hija de cinco años. No la castiguen”, demandó Dávila en el auditorio. Desde su encarcelamiento, las autoridades policiales no han permitido que ni su hija ni la de otros reos de conciencia puedan verlos.
“Ella tiene derecho de ver a su madre y tener la certeza de que estoy viva”, subrayó Davila en demanda que le permitan visitas con la menor. Asimismo, exigió que le regresen a su familia un diario donde ha documentado la vida de su hija y que la Policía presentó como evidencia en el juicio.
Chamorro, por su lado, pidió que la actual coyuntura del país se documente para que tanto su hija como las generaciones venideras conozcan lo que realmente sucedió y puedan conocer el pasado.
Comunicado de la familia de Granera
La familia de Granera denunció que no fue respetado el debido proceso y durante los siete días del juicio “no tuvo acceso a su abogada defensora”.
“La fortaleza y la verdad han estado al lado de nuestra madre, su fe en Dios ha sido inquebrantable durante los 260 días en los que ha sido privada de su libertad y violentados sus derechos humanos más básicos”, se lee en un comunicado publicado por la familia de Granera.
Recordaron que ella cumplió 70 años estando en prisión, por lo que continuarán demandando que cumpla su pena bajo arresto domiciliario en concordancia con el artículo 176 del Código Procesal Penal (CPP), que establece que el juez puede sustituir la prisión preventiva por prisión domiciliaria a personas valetudinarias o afectadas por una enfermedad en fase terminal debidamente comprobada.
