11 de agosto 2023
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El oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional reeligió con el respaldo de los partidos políticos colaboracionistas "zancudos" a la fiscal general Ana Julia Guido y al fiscal general adjunto Julio González Sandoval en una sesión en la Asamblea Nacional llevada a cabo este viernes 11 de agosto de 2023, con 89 y 87 votos respectivamente.
Los dos funcionarios han estado al frente del Ministerio Público en los últimos nueve años. Su gestión se ha caracterizado desde entonces en subordinar las actuaciones de la institución al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, incluyendo una feroz persecución a opositores y las fabricaciones judiciales contra los presos políticos.
Estados Unidos sancionó a Guido y al Ministerio Público, por separado en 2020 y 2021, tras señalar su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos contra los ciudadanos de Nicaragua.
La fiscal general Guido y su adjunto fueron propuestos por el mismo Ortega y el presidente de la Asamblea Nacional, el legislador sandinista Gustavo Porras. Sin guardar ninguna de las formas, Porras—uno de los principales operadores de la pareja gobernante— orientó al resto de diputados que solo se votaría a favor (“en verde”) y se contaría los mismos para el acta debida.
La comisión especial recibió siete postulaciones, siendo los más conocidos Guido y González Sandoval. Porras anunció que los funcionarios elegidos serán acreditados en una sesión especial que se celebrará este sábado 12 de agosto de 2023 en la ciudad de Nandaime, en Granada.
Los otros candidatos fueron Griselda Consuelo Altamirano, Ramón Arsenio Espinoza, Julio César Lacayo, Gabriela Alejandra Somarriba García y Ana María Velásquez. El único conocido de estos cinco es Espinoza, quien fue candidato en 2021 a magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE) por el Partido Liberal Constitucionalista, uno de las organizaciones políticas colaboracionistas de la dictadura.
Tres expresos políticos entrevistados por CONFIDENCIAL, en días pasados, describieron a la Fiscalía como una institución que hace parte de un sistema de justicia “viciado”, en la que fue recurrente que sus representantes se pusieran de acuerdo con los jueces para llevar a cabo las condenas decididas por el régimen.
“Era bastante obvio la coordinación que había entre la fiscal en el caso nuestro, en el juicio, nosotros y el juez Félix Salmerón. A tal punto de que en algunos momentos ella se miraba muy oficiosa recomendando cosas o llamándoles la atención”, recordó el exprecandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, quien es uno de los 222 exreos de conciencia que fue desterrado a Estados Unidos en febrero pasado.
Una maquinaria integrada por jueces, fiscales, policías y miembros del Sistema Penitenciario participaron en las violaciones de derechos humanos. En cada uno de los casos, bajo las reglas de Ortega, han sido protegidos en un sistema en el que han recibido condecoraciones por su papel en la represión. Guido recibió por ejemplo la orden Augusto C. Sandino de parte del mismo Ortega.
La dictadura les quitó su nacionalidad, los declaró traidores a la patria, decisiones en las cuales Ortega instrumentalizó al Poder Judicial. También, gracias a eso, mantenía hasta junio pasado a 64 presos políticos, entre ellos al obispo de Matagalpa Rolando Álvarez, condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel el 10 de febrero de 2023.
Inicialmente, tras la convocatoria a elegir a fiscal general, se creyó que habría cambios entre las fichas represivas de Ortega para promover a Guido a la Corte Suprema de Justicia, pero rápidamente el orteguismo disipó cualquier duda. Una semana después, ella y González Sandoval fueron entrevistados en la comisión especial para allanar su reelección en el cargo.
