3 de abril 2024
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Un grupo de parlamentarios británicos exhortó al Gobierno de Reino Unido y otros Estados a “promover” investigaciones internacionales en contra de altos funcionarios del régimen, incluidos el dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
La exigencia es parte de las recomendaciones planteadas en el informe de una investigación realizada por miembros del Parlamento británico, quienes escucharon y leyeron las experiencias de más de 70 testigos y expertos.
“Las abrumadoras pruebas recibidas por la investigación pintan un panorama muy inquietante de la situación en Nicaragua”, concluyó el informe, presentado la mañana de este 3 de abril de 2024.
Al comentar sobre los hallazgos, Lord David Alton, miembro de la Cámara de los Lores y quien dirigió la investigación, indicó que el informe “deja muy claro que cualquiera que critique al régimen de Ortega es un objetivo” y víctima de “atrocidades” consideradas —por expertos internacionales— como “crímenes contra la humanidad”, por lo que “es necesario abordarlos como tal”.
De acuerdo con el documento, “si bien el Gobierno del Reino Unido ha sido crítico con las atrocidades perpetradas, puede y debe considerar acciones más proactivas para abordar las atrocidades”.
Entre esas “acciones” enlistan “promover esfuerzos para realizar investigaciones penales contra altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua bajo el principio de jurisdicción universal”.
Además, “explorar las opciones de iniciar procedimientos, unilateralmente o conjuntamente con otros países, contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia”.
Papel de la Corte Internacional
El llamado de los británicos coincide con una de las recomendaciones del segundo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), que sugirió a los Estados acudir a la Corte Internacional de La Haya para demandar a la dictadura Ortega-Murillo por las graves violaciones a los convenios para prevenir la tortura y la apatridia, y aplicar los mecanismos de justicia universal para investigar las responsabilidades penales individuales de los perpetradores de delitos de lesa humanidad.
“La CIJ podría y debería utilizarse para denunciar violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Por ejemplo, los Estados podrían iniciar procedimientos contra Nicaragua, en virtud del artículo 14 de la Convención de 1961 sobre la Reducción de la Apatridia por su privación de la ciudadanía nicaragüense”, explicó el informe de los parlamentarios.
Detallaron que Nicaragua ha firmado convenios y protocolos contra la tortura y otros tratamientos crueles, inhumanos o degradantes. “Los Estados podrían iniciar procedimientos ante la CIJ por el incumplimiento del tratado por parte de Nicaragua.
Recordaron que, en marzo de 2024, Nicaragua demandó ante La Haya al Gobierno de Alemania por violar supuestamente “la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”, al apoyar al Estado israelí contra el grupo terrorista Hamas.
“Es claro que Nicaragua reconoce la jurisdicción de la CIJ”, destacó el informe.
En la presentación del reporte, la defensora nicaragüense de los derechos humanos Bianca Jagger dijo que se debe instar al Gobierno de Reino Unido y los Estados de todo el mundo a “actuar con decisión contra las atroces y sistemáticas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que se están perpetrando en Nicaragua”.
Llama a sancionar a funcionarios
El informe reconoce que el Gobierno de Reino Unido ha impuesto “sanciones selectivas” a varios funcionarios orteguistas “autores de graves violaciones de derechos humanos”. Sin embargo, los parlamentarios instaron al Estado británico a incrementar los sancionados y le surgieron una lista de nombres, que incluye a jueces y diputados.
A continuación la lista incluida en el informe:
- Ernesto Leonel Rodríguez Mejía, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM).
- Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito Penal de Juicios de Managua.
- Octavio Ernesto Rothschuh Andino, presidente de la Sala Uno del TAM.
- Wendy Carolina Morales Urbina, procuradora general de la república.
- Gloria María Saavedra Corrales, titular del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua.
- Maribel del Socorro Duriez González, del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA).
- Ramona Rodríguez Pérez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU).
- Alejandro Enrique Genet Cruz, rector de la Universidad Casimiro Sotelo (antes UCA).
- Arling Patricia Alonso Gómez, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional.
- Gladis de los Ángeles Báez, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional.
- Loria Raquel Dixon Brautigam, primera secretaria de la Asamblea Nacional.
- Alejandro Mejía Ferreti, tercer secretario de la Asamblea Nacional.
- Rosa Argentina Solís Dávila, jueza del TAM.
- Ángela Dávila Navarrete, jueza del TAM.
- Denis Membreño Rivas, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
- Aldo Martín Sáenz Ulloa, subdirector de la UAF.
- Valeria Maritza Halleslevens Centeno, directora de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad (DNR).
- Eduardo Celestino Ortega Roa, subdirector del DNR.
- Marta Mayela Díaz Ortiz, vicesuperintendente de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF).
- Sagrario de Fátima Benavides Lanuza, subdirectora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Sancionados por Reino Unido
El Gobierno de Reino Unido ha sancionado, hasta el momento, a 16 altos funcionarios del régimen, entre ellos la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Las sanciones británicas se han dado en tres bloques. En el primero, anunciado el 5 de mayo de 2020, se incluyó al jefe de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz, y los comisionados generales Luis Alberto Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina, y Ramón Avellán. Así como al asesor presidencial en temas de Seguridad, Néstor Moncada Lau, y la exministra de Salud, Sonia Castro.
En el segundo bloque, dado a conocer el 15 de noviembre de 2021, se enlistó a la vicepresidenta Murillo; al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, la expresidenta del Poder Judicial, Alba Luz Ramos; la fiscal general Ana Julia Guido; el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno; al magistrado electoral Lumberto Campbell; y los comisionados generales Fidel Domínguez y Juan Antonio Valle Valle.
Los últimos sancionados por el Reino Unido son Sadrach Zeledón y Yohaira Hernández, alcalde y vicealcaldesa de Matagalpa, respectivamente. Ellos fueron sancionados en diciembre de 2022.
Todos los sancionados tienen prohibido el ingreso al país, así como hacer transacciones con empresas o ciudadanos británicos. Además, tienen congeladas las cuentas bancarias a su nombre.
