Informe ONU concluye: Dictadura busca “incapacitar cualquier oposición”

La dictadura de Daniel Ortega se ha acercado a la “destrucción total de cualquier voz crítica”, por lo que ahora la represión gubernamental se centra “en incapacitar, a largo plazo, cualquier tipo de oposición”, concluye el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), en su segundo informe ante la ONU. Esa es una de sus diez conclusiones en el documento presentado la mañana del jueves 29 de febrero de 2024, en una conferencia de prensa en Ginebra, Suiza.

Otra de las conclusiones es que la situación de los derechos humanos se ha “deteriorado” tanto en Nicaragua, que en el país se “necesitarán muchos años —y recursos— para establecer una situación regida por el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos”.

Este segundo informe va en sintonía con el primero, presentado en marzo de 2023 y que determinó que Ortega, Rosario Murillo y las autoridades de al menos siete instituciones del Estado, encabezado por la Policía, cometen crímenes de lesa humanidad contra los nicaragüenses.

Las diez conclusiones del Informe ante la ONU

CONFIDENCIAL reproduce a continuación las conclusiones y recomendaciones de los expertos de la ONU.

1. El presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y los altos funcionarios del Estado identificados deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su posible responsabilidad en los crímenes, violaciones y abusos descritos y discutidos en el presente informe y en el primer informe del Grupo. Nicaragua también debe responder por su posible responsabilidad estatal.

2. Desde la presentación de su primer informe, el Grupo ha constatado en la perpetuación de la persecución cada vez más generalizada de cualquier voz disidente en el país, con una centralización total de los poderes del Estado en manos del presidente y del vicepresidente; en particular, en lo que se refiere al Poder Judicial. Esto se ha traducido en una total impunidad, que incluso se ha extendido de facto más allá del territorio nicaragüense.

3. Los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos fueron a su vez victimizados sólo por estar relacionados con opositores reales o percibidos del Gobierno. Estas “violaciones por asociación” son especialmente graves cuando afectan a niños.

4. El Grupo también pudo corroborar la información contenida en su primer informe sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Oposición de Nicaragua “desmantelada”

5. Las violaciones, abusos y crímenes se perpetraron no sólo para desmantelar los esfuerzos de oposición activa, sino también para eliminar todas las voces críticas y disuadir, a largo plazo, cualquier nueva iniciativa de organización y movilización. El sector universitario nicaragüense ya no cuenta con instituciones autónomas. Las autoridades suprimieron cualquier movimiento organizado y las voces críticas de los estudiantes universitarios y del mundo académico. El Gobierno también suprimió cualquier voz crítica del movimiento campesino organizado, y se ha acercado a suprimir, a largo plazo, las voces de los miembros organizados y críticos de las comunidades indígenas y afrodescendientes y de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas de Nicaragua.

6. En una primera fase, destacaron los patrones de violaciones y abusos del derecho a la vida, la seguridad y la integridad de la persona, dirigidos a suprimir cualquier manifestación crítica de los derechos de libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. Hoy, cuando las autoridades se han acercado al objetivo de la destrucción total de cualquier voz crítica en Nicaragua, los patrones de violaciones se centran en incapacitar a largo plazo cualquier tipo de oposición.

7. Los patrones clave de violaciones utilizados actualmente por las autoridades incluyen: la expulsión de nacionales y extranjeros; la privación de la nacionalidad nicaragüense; la denegación de entrada o salida del territorio de Nicaragua; la creación de un entorno intimidatorio y/o coercitivo; y el uso acumulativo de actos represivos, que está obligando a grandes cantidades de personas a marcharse y, por lo tanto, constituye una forma de expulsión. Todos los nicaragüenses que han huido del país desde abril de 2018 y que fueron entrevistados por el Grupo habían sufrido una o más de las violaciones y abusos documentados por el Grupo en el presente informe y en el primer informe del Grupo.

Violaciones son ejecutadas de “forma voluntaria”

8. A las víctimas de estas violaciones se les privó y se les sigue privando de sus medios de vida —ya sea trabajo e ingresos, cuentas bancarias y otros bienes, y derechos de pensión—, de su historial de nacimiento, académico y profesional, e incluso de su vida familiar.

9. La sistematicidad y duración de los patrones de violaciones identificados por el Grupo indican, además de su intencionalidad, que éstas fueron llevadas a cabo de forma voluntaria y a sabiendas del efecto masivo sobre los derechos humanos de la población en general y de su impacto sobre el Estado a largo plazo.

10. El Grupo concluye que la situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado hasta tal punto que se necesitarán muchos años —y recursos— para establecer una situación regida por el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos.

Las recomendaciones en el Informe del GHREN

El Grupo reiteró “las recomendaciones al Estado de Nicaragua y a la comunidad internacional destacadas en su primer informe y detalladas en el documento de sesión de apoyo, así como las recomendaciones presentadas en su actualización oral en el 54 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

Además, el Grupo recomienda a la comunidad internacional que, con miras a mejorar la situación de los derechos humanos en Nicaragua:

1. Exigir al Estado de Nicaragua que cumpla sus obligaciones en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961;

2. Con respecto a los nicaragüenses privados de su nacionalidad, obligados a salir o a los que se les ha negado la entrada en el territorio de Nicaragua, y/o que han huido de Nicaragua: 

• Utilizar los resultados y conclusiones del Grupo para garantizar un acceso justo y eficaz a los procedimientos de identificación, remisión y determinación del estatuto.
• Aplicar los criterios más amplios para el reconocimiento de la condición de refugiado contenidos en la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984;

3. Velar por que los resultados y conclusiones del Grupo se tengan en cuenta, en particular, en las relaciones y políticas de seguridad, financieras y comerciales:

• Al evaluar el cumplimiento de Nicaragua con las normas contra el lavado de dinero, contrarrestar el financiamiento del terrorismo, y contrarrestar el financiamiento de la proliferación normas, especialmente con respecto a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, aplicando el principio de “no hacer daño”;
• Con respecto a las consultas del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional con Nicaragua, al evaluar las cuestiones de gobernanza en la supervisión y el uso de los recursos del FMI, así como la relación entre la emigración, las remesas, el crecimiento del PIB y la participación de la mano de obra en Nicaragua.
• Al condicionar el acceso preferencial de Nicaragua a los mercados al cumplimiento de los Objetivos de Política No Comercial y/o evaluar el impacto sobre los derechos humanos en las relaciones comerciales con Nicaragua.