4 de marzo 2024
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El segundo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de Naciones Unidas (ONU), sobre las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas desde marzo de 2023 hasta febrero 2024, tipifica la persecución política como “un crimen de lesa humanidad”.
El informe, presentado el 29 de febrero de 2024 en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluye que el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y los altos funcionarios de la cadena de mando que ejecutan la persecución política deben ser sometidos a investigaciones judiciales para determinar su responsabilidad penal individual, sobre los crímenes que se les han señalado.
La investigación basada en más de 640 entrevistas con víctimas, testigos y fuentes, y el análisis de centenares de documentos e información, fue realizada por el Grupo integrado por los juristas Jan-Michael Simon, Ángela Buitrago y Ariela Peralta, con quienes el régimen Ortega-Murillo se ha rehusado a tener contacto y les ha denegado su ingreso a Nicaragua.
En una entrevista con Esta Semana y CONFIDENCIAL, la jurista colombiana Ángela Buitrago explicó que el informe recomienda a los Estados acudir ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para demandar al régimen Ortega-Murillo por las graves violaciones a los convenios para prevenir la tortura y la apatridia, y aplicar los mecanismos de justicia universal para investigar las responsabilidades penales individuales de los perpetradores.
Le preguntamos si los altos funcionarios del régimen, que forman parte de la “cadena de mando” de la persecución política, podrían alegar como atenuante que “cumplen órdenes, reciben instrucciones, o que son obedientes a las leyes de Nicaragua”.
Buitrago respondió: “No, el derecho internacional desde Núremberg (en 1946) dejó claro que el cumplimiento de órdenes es reflexivo y, desde ese punto de vista, le obligan los parámetros de derecho internacional. Nadie puede alegar el cumplimiento de una orden ilícita, como son las graves violaciones de derechos humanos, en favor de su ejecución”.
Agregó: “En Núremberg se estableció también la responsabilidad tanto del que da (la orden) como del que la cumple, salvo que sea frente a factores de coacción ajena. Pero en este contexto en particular estamos viendo que actúan con conocimiento, libremente, con voluntad, y se unen a un plan preconcebido”.
La persecución política
Este segundo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua se enfoca en las graves violaciones y la persecución política, desde marzo de 2023, que han sido justificadas por el régimen de Ortega bajo las leyes represivas de Nicaragua. Pero el Grupo de Expertos tipifica la persecución política como un “crimen de lesa humanidad”. ¿Cómo se llega a esa conclusión?
Se llega a esa conclusión evidenciando los elementos constitutivos del delito, la sistematicidad y la generalidad. Y también los elementos que el derecho internacional ha determinado que estos comportamientos se consideran delitos de lesa humanidad, cuando se establecen sobre una serie de graves violaciones de derechos humanos.
La descripción de las violaciones que hacen en este informe incluye decenas de detenciones arbitrarias, más de 100 presos políticos, la corroboración de actos de tortura, pero también el despojo de la nacionalidad a 317 personas, la expulsión de 263 nicaragüenses y la denegación de ingreso a decenas de ciudadanos. ¿Qué significa el despojo de la nacionalidad y la apatridia que también ha sido justificado por el presidente Ortega?
Es uno de los delitos más graves dentro del catálogo de los delitos de derecho internacional. Incluso está prohibido por las convenciones y por el derecho de gentes. No solamente se pierde el derecho a la nacionalidad, sino también se ha perdido el derecho a la identidad, el derecho a tener una subsistencia digna, el derecho a generar un futuro para el núcleo familiar.
En estos casos, en particular, estamos viendo que cuando se tiene la declaratoria de apatridia sobre la base de una construcción legislativa jurídica articulada por los diferentes organismos, pues se está generando también la pérdida, incluso, de los apellidos para los hijos, de la subsistencia y de los bienes, llegando a los decomisos.
El informe describe ampliamente agresiones contra comunidades específicas, particularmente la Iglesia católica, el Movimiento Campesino, estudiantes y docentes universitarios y la autonomía universitaria y los pueblos indígenas. ¿Cuál es el alcance y el objetivo de este tipo de agresiones?
Primero, es el aumento vertiginoso de los grupos o los target (blancos) que se tienen considerados por parte del Gobierno de Nicaragua. Dos, significa también la generalización de los ataques en el contexto que estamos viendo, y las circunstancias de vulnerabilidad en que están estas poblaciones hacen mucho más fuerte el efecto de estas graves violaciones.
El informe corto se va a entregar con unos informes profundos sobre cada uno de estos temas que llevarán obviamente a demostrar cuál fue el camino de la investigación y se probó con múltiples elementos de prueba.
La cadena de mando
En este informe identifican a algunos altos funcionarios que forman parte de la cadena de mando y ejecutan órdenes del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; el magistrado Marvin Aguilar en el Poder Judicial; la fiscal Ana Julia Guido; el viceministro del Interior, Luis Cañas; y otras autoridades de la Dirección de Migración, de la Oficina de Control de Asociaciones Sin Fines de Lucro, y el Consejo Nacional de Universidades. ¿Cuál es la responsabilidad específica de estos altos funcionarios en la persecución política?
La responsabilidad se genera desde la construcción de una estructura, de un aparato organizado que se articula para que todas las graves violaciones prosperen al interior y al exterior de Nicaragua.
La responsabilidad le cabe al Estado de Nicaragua frente a las graves violaciones de las convenciones y de los derechos humanos, y a nivel individual, obviamente, se está hablando de crímenes de lesa humanidad.
Esta investigación de carácter penal individual lo que va a permitir, es que se adelante por la Corte correspondiente para determinar las responsabilidades en la actuación, articulación y ejecución de un plan preconcebido en Nicaragua.
¿Pueden estos funcionarios alegar algún atenuante que cumplen órdenes o reciben instrucciones, o que son obedientes a las leyes de Nicaragua?
No, el derecho internacional desde Núremberg dejó claro que las órdenes y el cumplimiento de órdenes es reflexiva y, desde ese punto de vista, le obligan los parámetros de derecho internacional. Nadie puede alegar el cumplimiento de una orden ilícita, como son las graves violaciones de derechos humanos, en favor de su ejecución.
Por el contrario, desde los principios de Núremberg se estableció también la responsabilidad tanto del que la da como del que la cumple, salvo que sea frente a factores de coacción ajena. Pero en este contexto en particular estamos viendo cómo actúan con conocimiento, libremente, con voluntad, y se unen a un plan preconcebido.
En esta descripción de la cadena de mando no mencionan a los altos oficiales de la Policía que ejecutan las órdenes de las detenciones arbitrarias o las autoridades del Ejército que han sido señaladas por ejecuciones extrajudiciales de campesinos o por la represión de comunidades indígenas. ¿Investigaron esas violaciones?
Esta es una demostración gráfica de cómo se puede construir efectivamente esta estructura. Muchas de esas averiguaciones, nombres, determinaciones, están dentro de la investigación. Y sobre esos supuestos, en el informe se plasma una gráfica representativa de la forma como está estructurado el aparato organizado.
También estamos profundizando en otros sectores, estamos mirando elementos particulares, pues hay una articulación en las actividades de graves violaciones de derechos humanos con varios sectores y entre esas, obviamente, quienes cumplen las órdenes de allanamientos, de detenciones, y también incluso de traslados ilícitos para detenciones.
Las vías para la justicia
El informe apela a la rendición de cuentas del Estado y los perpetradores y a la búsqueda de justicia, pero al mismo tiempo confirma que se ha perpetuado una impunidad de facto que va más allá del colapso del sistema judicial, y que se extiende más allá de Nicaragua, incluso en instancias de justicia universal, como es el caso de la denegación de justicia para la brasileña Raynéia Lima, asesinada en Nicaragua. ¿Cuáles son entonces las vías para la justicia?
En el caso particular que usted menciona, también se menciona en el informe que el Estado nicaragüense no proporcionó ninguna información sobre si había o no una investigación, y esto lleva a las autoridades brasileñas a tomar la decisión frente al régimen de derecho procesal en particular.
Nosotros estamos viendo los caminos que la misma jurisdicción internacional marca, la posibilidad de que se acuda a las instancias internacionales y a la Corte (Internacional) de La Haya por delitos como la apatridia, que tienen una prohibición clara en las convenciones y que también se menciona el delito de tortura como uno de los elementos particulares. Esto quiere decir que la responsabilidad y la acción puede ser ejercida por cualquiera de los Estados signantes sobre las graves violaciones de derechos humanos.
En ese caso específico que está mencionando, se trata de la responsabilidad del Estado. ¿Quiere decir que el régimen de Ortega podría ser enjuiciado por cualquier Estado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya?
Técnicamente, tiene una obligación, y por lo tanto el incumplimiento de estas obligaciones lo hacen responsable a la luz del derecho internacional, como una de las características esenciales de la responsabilidad estatal.
Pero, igualmente, puede estar también la responsabilidad penal individual de los miembros que realizaron estos comportamientos a través del derecho universal, lo que se llama el derecho subjetivo. En este caso, por ejemplo, Brasil tenía una posibilidad de ejercer la acción frente a su nacional y también el tema en particular de entender, como sucedió en el caso de Pinochet, sobre la base del llamamiento que hace uno de los jueces españoles a que cualquier Estado pueda requerir la vinculación y el juzgamiento de estas personas responsables de graves violaciones de derechos humanos.
La conclusión principal del informe señala que el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y los altos funcionarios de la cadena de mando deben ser sometidos a investigaciones judiciales para determinar su responsabilidad penal individual ante los crímenes que se les han señalado. ¿Quién puede hacer esta investigación judicial, y ante qué cortes podrían ser juzgados?
Tenemos un ejemplo claro, en este momento, la jurisdicción Argentina está siguiendo una investigación en donde se están practicando pruebas respecto a una denuncia formulada contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y otros miembros de la cúpula de la estructura de Gobierno.
La forma de efectivizar este llamamiento significa que los Estados pueden activar los mecanismos de la jurisdicción extraterritorial cuando se cometen graves delitos, dentro de las obligaciones que competen a todos los Estados. Y por esa razón estos mecanismos, tanto la jurisdicción universal como la subjetiva, como la posibilidad de llevar a investigación los casos, activa la competencia de los Estados que protegen los bienes jurídicos internacionales.
El informe también habla de información que ya recabaron en su primer reporte sobre las responsabilidades individuales de perpetradores de crímenes, asesinatos y torturas. ¿Esto se basa en el testimonio de las víctimas o también hay una investigación, un peritaje sobre estos crímenes?
En la mayoría de los casos se basa en información directa recibida de las víctimas. También hay algunos casos en donde se tienen unos peritajes en particular, pero son muy pocos, pero las narraciones que hacen entender cuáles fueron los comportamientos realizados sobre estas personas en las cárceles también nos permite establecer una forma de métodos de tortura a los que fueron sometidos, como desnudez forzada. Se narran allí varios de estos métodos, y podríamos ver cómo también hay una selección particular de la forma en que se trataban a estas personas dentro y fuera del régimen penitenciario.
¿Cómo pueden las víctimas seguir aportando en esta investigación? ¿La investigación sigue abierta? ¿Hay algún canal de comunicación para que puedan presentar testimonios, documentos o aportar más información sobre estos delitos?
Nosotros estamos dispuestos a recibir la información de todas las personas que quieran colaborar con la investigación. Directamente, se pueden acercar con la coordinadora del Grupo y entregar, a través de los organismos de la ONU, los elementos que tengan. También hay posibilidad de acudir a estas esferas de derecho internacional para entregar lo que se considere.
Para el manejo y la protección de la información, invitamos a que las personas puedan tener la relación directa con el Grupo, con la coordinadora en particular y a todas las personas que nos hemos acercado se le han dejado los datos correspondientes (en el correo electrónico [email protected]) para que pueda haber un contacto directo para realizar esta operación.
Las recomendaciones al FMI
Otra de las recomendaciones del informe está referida al Fondo Monetario Internacional, que recientemente elogió al Gobierno de Nicaragua, por lo que describió como un “aumento de la migración de nicaragüenses que ha permitido aumentar el flujo de las remesas familiares”. El informe de la ONU registra que más de 900 000 nicaragüenses han tenido que salir del país desde la crisis de 2018 como un “exilio masivo”. ¿Qué le recomiendan al Fondo Monetario?
Al Fondo Monetario le hemos pedido que se mire, a la hora de condicionar el acceso preferencial de Nicaragua a los mercados, el cumplimiento de objetivos políticos, no comerciales, entre otros. Y obviamente, entender que tiene una alerta sobre graves violaciones de derechos humanos. Y dentro de la acción de los grupos financieros internacionales como el Fondo Monetario, lo que estamos diciendo es que se generen las revisiones correspondientes y los cuestionamientos correspondientes para estos temas en particular.
¿Hay alguna recomendación para otros organismos financieros internacionales o regionales? Por ejemplo, el caso del BCIE, que ha sido señalado como un soporte financiero de la dictadura de Daniel Ortega y su relación con un régimen violador de derechos humanos y responsable de crímenes de lesa humanidad, e incluso las propias Agencias de Naciones Unidas y la forma de operar que tienen en Nicaragua.
La recomendación que nosotros damos, a nivel del Fondo Monetario, también es aplicable a todos los soportes económicos que, de alguna u otra manera, están brindando la fuerza económica al sistema. Ellos no son ajenos ni pueden estar ajenos al sistema que regula toda la colaboración y a la obligación de proteger también la cláusula de derechos humanos.
Estamos pidiendo la particularidad de que se revise, por la comunidad internacional, el tema de las conclusiones en materia de políticas y relaciones internacionales respecto a estos asuntos.
También podemos entender que, ante una decisión de agredir y violar de manera devastadora los derechos de la sociedad civil en Nicaragua, se requiere que, de alguna manera, se condicione la participación de todo lo que tenga que ver dentro del término de acción financiera.
Igualmente, investigar cómo de una u otra forma, están obteniendo los recursos para manejar la capacidad frente a esas graves violaciones y la subsistencia de esos métodos.
El Grupo de Expertos realizó más de 640 entrevistas con víctimas, con testigos, con distintas fuentes de información. ¿Qué es lo que más le ha impactado de la crisis de Nicaragua en comparación con otros países de América Latina?
Los métodos que se han ido sofisticando son los que más sorprenden, a medida que uno va corroborando las formas en que no solamente se cancelan las personalidades jurídicas, sino se cancela la existencia de los seres humanos.
A través de las diferentes declaraciones y de las pruebas que se recaudan por el equipo del GHREN, estamos viendo una sofisticación de agresividad frente a los derechos fundamentales, pero sobre todo frente a la existencia. Nosotros utilizamos una metáfora en el sentido de que están convirtiendo en entes a las personas, a través de la negación de los mínimos, pero también de los máximos derechos, y la inexistencia y la determinación de convertir en “fantasmas”, si se permite la expresión, a las personas que son objeto de targeting del Gobierno de Nicaragua.
Durante el informe que presentaron en 2023 señalaron que existían algunos avances de la investigación sobre posible vinculación del Ejército de Nicaragua con las violaciones a derechos humanos. ¿Existe alguna conclusión en relación sobre esta relación del Ejército con las violaciones?
Los puntos que quedaron del informe anterior se han seguido investigando y se ha seguido recibiendo información. Nosotros vamos apuntando a que la prueba nos permita sostener de manera categórica toda la estructura, y se sigue investigando, en particular, esta y otras instituciones. Estamos viendo como en esa red que se construye a través de toda esta información, hay articulaciones necesarias y definitivas para la actuación. Sin embargo, en este momento no hemos terminado la investigación en ese aspecto.
¿Este informe le ofrece alguna esperanza de justicia a las víctimas? Y le pregunto esto porque lo que predomina en Nicaragua e incluso en esos espacios internacionales, es un ámbito completo de impunidad.
Sí, el Gobierno nicaragüense permite no solamente garantizar la impunidad, sino también utilizar mecanismos como la amnistía para asegurarse que haya impunidad. Pero nosotros tenemos esperanza. Y por eso también hemos pensado en los métodos y en las formas de llegar a la justicia para los nicaragüenses a través de los Estados partes de los compromisos internacionales. Nadie puede ser ajeno a las obligaciones internacionales y mucho menos dejar de rendir cuentas ante la comunidad internacional por las graves violaciones de derechos humanos. La esperanza nunca se pierde. Y estamos trabajando y tratando de imaginarnos las mejores posibilidades para que sea efectiva la justicia y para que pueda llegar a todos los rincones de la población que ha sido vulnerada.
