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Carmen, es una abogada que lleva más de un año esperando avances en el proceso de un juicio civil. “No sé por qué se atrasan tanto, pero la jueza nunca me resolvió, quizás estaba saturada”, dice. Sin embargo, hace unos días se enteró que el caso será visto por un nuevo juez, porque la jueza fue promocionada a un nuevo cargo.
El nuevo juez que verá el caso de Carmen era, hasta hace unos días, defensor público. “Es un caos porque ahora el proceso tendrá que empezar a ser conocido por una nueva persona y eso retrasará todo, además este nuevo juez ni siquiera tiene el conocimiento necesario para ocupar ese cargo”, lamenta la abogada.
El Poder Judicial de Nicaragua realizó, a finales de abril de 2026, más de 100 nombramientos de nuevos jueces y algunos magistrados en todo el país, luego de las múltiples “barridas” que iniciaron en 2023 y en 2024 ya sumaban más de 1100 despidos a nivel nacional. Los despidos continuaron en 2025.
“Desde los despidos masivos han provocado atrasos en todos los procesos, somos muchos abogados los que tenemos juicios paralizados y la lentitud no creo que se vaya a resolver con estos nombramientos, porque ahora andan desesperados buscando nuevos defensores públicos”, explica Carmen.
La abogada detalla que entre los procesos que están “muy retrasados” están: juicios, autorización de quinquenios, permisos para celebrar matrimonios y divorcios. “Aunque en esto también el retraso no es solo es por falta de personal sino también por la vigilancia política” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Defensores públicos fueron “premiados”
Este es el “nombramiento masivo de mayor impacto”, desde la intervención policial ordenado por Murillo cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) entró en una parálisis interna tras el desalojo de su presidenta, Alba Luz Ramos, opina el exfuncionario judicial, Yader Morazán.
Pero, a su juicio, estos nombramientos carecen de formalidad jurídica porque no fueron formalmente establecidos en sus cargos y tampoco hay ninguna evidencia de aplicar procedimientos de aplicar la carrera judicial.
Morazán indica que hay nombramientos de magistrados de tribunales de apelación, de jueces locales y de distrito. “En muchos casos llegan los nuevos jueces, se presentan, sin juramentación formal y dan a entender que esos nombramientos los hizo el partido (Frente Sandinista de Liberación Nacional”, señala.
El exfuncionario del Poder Judicial menciona a CONFIDENCIAL que los “premiados” fueron en su mayoría los defensores públicos que ahora serán jueces y que carecen de preparación suficiente para ocupar esos cargos. “Pero llegan envalentonados y públicamente lo dicen que ellos están ocupando cargos partidarios”, insiste Morazán.
“Ahora no encuentran los repuestos”
Diego, un trabajador del Poder Judicial, afirma que “esos nombramientos fueron sorpresivos, pero hasta ahora no significan un cambio en los procesos estancados”.
“Son pocos nombramientos, son personas que apenas se van a familiarizar con sus cargos y lo peor es que dejaron otras vacantes y no encuentran a gente capacitada para ocupar esos puestos”, explica.
Este trabajador público dice que les informaron que están “buscando a nuevos defensores públicos”, pero “es gente que tiene que primero pasar un filtro partidario y si acaso evaluar sus capacidades profesionales”.
“Por ahora estas contrataciones son un espejismo porque no muestran que hayan sido hechas con el interés de aplicar una correcta administración de justicia, sino de premiar a fichas partidarias”, valora Diego.
Para Yader Morazán, con esta aparente reestructuración del Poder Judicial es evidente que habrá “un limbo jurídico”.
“Sobre todo en casos penales, porque fueron conocidos por jueces anteriores y ahora quienes asumen tendrán que volver a empezar a ver esos casos y lo que provoca es una mayor retardación de justicia”, estima.
Morazán asegura que eso también provoca pérdida de recursos del Estado, porque en esos juicios se invirtió tiempo y dinero en forenses, médicos, policías de inspección, testigos “y sobre todo en las víctimas y sus tragedias”.
El exfuncionario judicial señala que la Defensoría Pública “tiene mucha demanda” y que al haber menos trabajadores “habrá recarga laboral y no se darán suficientes servicios a la población”.
La retardación de justicia “es ley”
A juicio de Felipe, un funcionario con décadas de experiencia en el Poder Judicial “los índices de retardación de justicia que siempre han sido altos, pero se habían ido disminuyendo en la década pasada, ahora están a niveles muy elevados”.
“Desde antes de la intervención y desalojo de magistrados en la Corte Suprema de Justicia ya la mano del FSLN se notaba, pero ahora es que no se mueve una hoja sin una orden política”, asegura.
CONFIDENCIAL comprobó que la CSJ, que se ha convertido en una instancia subordinada al control político de Rosario Murillo, resolvió solo 245 recursos de casación en 2025, de una meta programada de 1999.
Esa cifra —equivalente a un cumplimiento del 12.3%— evidencia que, tras la intervención política, el máximo tribunal perdió capacidad para cumplir con sus funciones esenciales de administrar justicia y garantizar el funcionamiento del sistema judicial.
“La retardación de justicia es la ley en Nicaragua, no existe interés de resolver casos, solamente los que mandan directamente desde el FSLN son los que reciben trato preferencial”, admite Felipe.
