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Seis abogados cuyas solicitudes de autorización de quinquenios han expirado en el último año y medio, denunciaron estar en serios problemas porque no obtienen respuesta de la oficina del Poder Judicial de Nicaragua encargada de autorizarlos a cartular por cinco años más.
Estas aprobaciones normalmente eran un proceso de un mes de duración, en promedio, pero ahora algunos tienen más de 12 meses de recibir como respuesta “el silencio”, explicaron a CONFIDENCIAL.
La tardanza de estos procesos inició desde el momento en que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se lanzó a la toma de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y empezó una barrida de personal para tener un mayor control del Poder Judicial. Con menos personal, los procesos se volvieron más lentos, afirman.
“La demora es una realidad, y es simultánea con la parálisis de la Corte”, comentó Diego, un abogado que accedió a hablar con CONFIDENCIAL bajo condición de anonimato.
Este profesional apuntó que no es exagerado decir “que son miles de abogados los que están en esta situación”. “Estaría siendo muy conservador, si digo que son solo centenares”, aseveró.
La situación actual que enfrentan es catalogada como “crítica” porque sin esa aprobación no pueden trabajar.
Para Gladys, una abogada que tiene más de 15 años de carrera la “parálisis burocrática” es “un atentado contra el derecho que tenemos de trabajar”.
“Estamos de brazos cruzados, porque hay una lentitud en todo el Poder Judicial, tanto en los mismos juicios como en los trámites y esto nos genera problemas económicos”, lamentó.
En su caso, no le han aprobado los libros de matrimonios y de divorcios, lo que le impide realizar esos trámites. “Esos son dos de los trabajos que más hago cada mes y estoy paralizada sin poder ganar dinero”,
“Todo va para peor”
Ernesto tiene más de dos décadas de desempeñarse como abogado y notario. Hasta ahora, obtener la autorización para actuar como notario era un trámite que valora como “rápido”, pero ahora está en una situación desesperada porque hace más de un año que presentó la solicitud para que se le permita cartular durante un quinquenio más, y sigue sin obtener respuesta.
A este hombre, cuya profesión le permite ser el principal sustento de su familia, esa falta de respuesta lo ha puesto en una “situación de ahogo económico”.
La alternativa ha sido recurrir a colegas que le permitan inscribir en sus protocolos, las respectivas escrituras que les piden elaborar algunos clientes, pero “siempre llevamos las de perder”, relata. En su caso, la razón es que el dueño del protocolo se lleva la mayor parte, así que siente que está trabajando para alguien más.
La ventaja de tener dos empleos
Jimmy también está en una situación similar. Refiere que inició su procedimiento en algún momento del segundo semestre de 2025, y que prácticamente se terminó el mes de julio sin haber recibido respuesta.
Al igual que Ernesto, para poder cartular él también ha tenido que recurrir a colegas abogados cuyos protocolos siguen en vigencia. La diferencia es que esos colegas no se quedan con la parte del león. “Se trata de elegir bien, y si vas a pedir un favor de ese tipo, tiene que ser a un amigo que te permita seguir trabajando y cobrando por tus servicios”, detalla.
La ventaja de Jimmy es que sus ingresos no dependen exclusivamente de su actividad como notario, porque labora como asesor legal de una empresa formal. Eso le permite seguir cumpliendo su papel como proveedor del hogar. Si bien debe limitar parte del consumo familiar, “por suerte no se trata de nada que sea indispensable”, reflexiona.
De tecnicismo a silencio total
Danelia vive un drama parecido. Graduarse en Derecho y ejercer la abogacía es algo que no solo le dio satisfacción, sino también estabilidad económica a partir de cierto momento. Ejercer la notaría afianzó ambas sensaciones, hasta que su quinquenio venció. Refiere que, a pesar que presentó su solicitud a tiempo, los meses se acumulan a la espera de recibir la resolución en la que se le autoriza a ejercer por cinco años más, sin obtener respuestas de la oficina encargada de gestionar las autorizaciones.
Explica que antes, la revisión era un tecnicismo que podía llevar un mes de espera, de modo que algunos iniciaban el proceso con 30 días de anticipación, para no quedarse ni un día sin trabajar. Su percepción es que ahora se les somete a una investigación que va más allá de lo estrictamente profesional, para incluir elementos personales que podrían incluir una faceta política.
Sometidos a un estado donde el silencio es la norma, los notarios afectados solo pueden insistir fingiendo paciencia, en el entendido de que están en manos de funcionarios que obedecen consignas partidarias y no harán nada por ayudarles.
Mientras tanto, los notarios explican que el temor acecha a aquellos cuyos quinquenios están a punto de vencerse y que les ocurra lo mismo que a ellos.
