11 de octubre 2023
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El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó de forma unánime “las medidas represivas” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las instituciones educativas y la Iglesia católica en Nicaragua. Al mismo tiempo consideró que este tipo de acciones representan un “grave atentado contra la libertad académica” y “un grave abuso” contra la comunidad universitaria y la sociedad.
El rechazo a las acciones del régimen fue consignado en la resolución “Rechazo a las medidas represivas del Gobierno de Nicaragua contra instituciones educativas y la Iglesia católica en Nicaragua” —impulsada por las delegaciones permanentes de Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica y Estados Unidos, Uruguay— que este miércoles 11 de octubre fue aprobada por aclamación.
“Las medidas instituidas por el Gobierno de Nicaragua contra la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA), el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) y otras instituciones educativas del país”, cuyos cierres “representan un grave atentado contra la libertad académica y un grave abuso contra la comunidad universitaria y la sociedad nicaragüense en su conjunto”, se lee en la resolución.
El documento señala que “las medidas mencionadas forman parte de un curso de acción que, de manera sistémica, arbitraria y abusiva, ha afectado a más de veinte instituciones educativas del país”.
Además “observan con preocupación que las acciones represivas de las autoridades en Nicaragua también han atacado a la Iglesia católica, como lo demuestran, además de las medidas contra la Orden Jesuita, las denuncias de detenciones arbitrarias de sacerdotes, incluido el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, y la expulsión o prohibición de entrada al país de decenas de clérigos, monjas y laicos católicos nicaragüenses y extranjeros”.
Urgen cese de la persecución a la Iglesia
En esa misma línea, el secretario ejecutivo adjunto para el sistema de peticiones, casos y soluciones amistosas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Jorge Meza Flores, expuso al consejo permanente de la OEA que la situación en Nicaragua es cada vez más hostil. Por lo que urgió autoridades nicaragüenses que detengan la persecución a la Iglesia, informen sobre el paradero y el estado de salud de los diputados de Yatama y que liberen a los presos políticos.
"A la fecha más de diez sacerdotes permanecen privados arbitrariamente de su libertad", advirtió el secretario adjunto de la Comisión. Agregó que también han tenido conocimiento de la cancelación de la personería jurídica de la orden de los jesuitas y la confiscación de su patrimonio, la expulsión del país de más de cuarenta sacerdotes y religiosas, la prohibición de celebraciones, la confiscación de bienes y cuentas bancarias de la Iglesia. Por lo que reiteró el llamado al cese de la persecución contra la Iglesia católica.
Destacó, además, que el arresto del diputado nacional y presidente del partido Yatama, Brooklyn Rivera; y de la diputada suplente de Yatama, Nancy Elizabeth Henríquez; así como la cancelación de la personería jurídica de Yatama, "forman parte de una estrategia represiva desplegada por el Poder Ejecutivo para afianzar el régimen de concentración de poder y quebrantamiento del sistema democrático" de cara a las elecciones regionales de 2024.
"La Comisión urge cesar la represión contra las comunidades indígenas, garantizar el derecho a la tierra, a sus territorios y su supervivencia. Además, urge al Estado informar sobre el paradero y el estado de salud del señor Brooklyn Rivera y la señora Nancy Elizabeth Henríquez", expresó el secretario adjunto de la CIDH.
Piden respeto a los derechos humanos
De igual forma, la resolución de la OEA insta al Gobierno de Nicaragua a “respetar y garantizar los derechos humanos”, incluida la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de conciencia, religión o creencias, la libertad de asociación, el derecho de reunión pacífica, el derecho a la educación y el derecho al trabajo.
Reclaman “el restablecimiento de los derechos fundamentales en Nicaragua y la protección de la educación como pilar fundamental para el desarrollo y progreso de la sociedad”.
Además, invitan a las instituciones educativas de los Estados miembros de la OEA a brindar “el mayor apoyo posible a los profesores de las instituciones educativas afectadas por las medidas del Gobierno nicaragüense”, incluso a través de becas y otras oportunidades profesionales.
Finalmente reiteran el llamado a las autoridades del régimen a entablar un diálogo de alto nivel, con el fin de buscar una salida a la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde 2018.
En noviembre de 2021, el dictador Ortega denunció la Carta de la OEA y anunció el retiro “definitivo” de Nicaragua del organismo regional, tras acusarlo de “injerencista” por desconocer las votaciones generales de 2021. De no haber un cambio de opinión por parte del régimen, en un mes el país quedará completamente desvinculado de la OEA.
