30 de diciembre 2024
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El juez federal argentino Ariel Lijo ordenó la declaración indagatoria y la captura internacional de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por su posible responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, informó el abogado argentino Darío Richarte.
“Luego de casi dos años y medio de investigación el juez acaba de resolver la citación a prestar declaración indagatoria y la orden de detención con pedido de captura internacional de Daniel Ortega, Rosario Murillo y de alrededor de una docena de otros responsables de graves violaciones a los derechos humanos", manifestó en su cuenta en la red social X, antes Twitter.
"Un poco de luz entre tanta oscuridad! Un poco de justicia para tantas víctimas”, agregó el jurista.
Hace dos años, Richarte, profesor de Derecho Penal Internacional y de Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires, inició una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua a propuesta de un grupo de estudiantes de su cátedra en la Universidad de Buenos Aires.
“Es algo que no tenía previsto, lo hicimos probono, y lo seguimos haciendo de esta manera, es realmente emocionante la ayuda de docentes, de estudiantes de la universidad, que se han comprometido con esto. Cuando empezábamos sabíamos poco y ya era suficiente. Y después, créame que a lo largo de estos dos años no perdemos la capacidad de asombro y horror de lo que está haciendo esta dictadura en Nicaragua”, relató el jurista argentino.
El juicio contra Ortega, su esposa, y otros 30 funcionarios del régimen nicaragüense, se encuentra arraigado ante un juez penal argentino, bajo el principio de la “jurisdicción universal”, y después de la denuncia inicial realizada en agosto del 2022 se han presentado nueve ampliaciones de pruebas, con la comparecencia de víctimas, testigos expertos, y testigos reservados.
Las graves violaciones cometidas
En la resolución de 76 páginas citada por el diario Ámbito Financiero, Lijo pide la captura internacional con fines de extradición de Ortega, Murillo y el resto de los imputados para ser indagados por la Justicia argentina por "graves violaciones contra los derechos humanos".
De acuerdo al escrito judicial, en Nicaragua se puso en marcha en 2018 un "plan sistemático y generalizado de violenta represión contra la población civil" que se valió "de la estructura del aparato estatal" y cuyo objetivo "era la disuasión de manifestaciones sociales y la persecución de los sectores políticos disidentes".
Según la resolución, "se realizaron encarcelamientos arbitrarios, asesinatos, actos de tortura, desaparición forzada de personas, traslado forzado de la población, deportaciones, censura mediática, privación de atención médica, supresión de matrículas profesionales habilitantes, persecución por motivos políticos y religiosos, cancelación de la personería jurídica y quita de la nacionalidad".
Un precedente en la justicia penal internacional
La resolución del juez Lijo marca un precedente en la justicia penal internacional y refuerza la visibilización de la situación en Nicaragua en el ámbito global. El fallo “busca aislar a los dictadores y comprometer a la comunidad internacional, especialmente a los países de América, en la defensa de la democracia”, dijo Richarte a Infobae.
Según el medio argentino, "el pedido de captura internacional contra Ortega y Murillo representa un nuevo desafío diplomático para el régimen nicaragüense y pone presión sobre los organismos multilaterales y los gobiernos regionales para que adopten medidas concretas en respuesta a las denuncias".
En una entrevista con el programa Esta Noche realizada en septiembre de 2024, el abogado Richarte explicó que según la legislación argentina, Ortega y Murillo, no pueden ser juzgados y condenados en ausencia, pero en esta investigación “la justicia argentina está recolectando las pruebas".
La investigación llega un punto donde se les imputan a todas estas personas los graves crímenes que están cometiendo y toda esta prueba que se está sustanciado en la Argentina va a servir el día de mañana para ahorrar un montón de tiempo, porque la prueba puede ser incorporada a cualquier proceso penal por vía de cooperación internacional, el día que Nicaragua recupere su democracia, o que algún tribunal internacional decida enjuiciar a los responsables de la dictadura”.
La causa sigue abierta, y los denunciantes esperan que el fallo contribuya a avanzar hacia la justicia para las víctimas y a la restauración de la democracia en Nicaragua.
Con información de EFE
