24 de octubre 2023
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A un año desde que fueron abiertos dos procesos penales en Argentina contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la comisión de crímenes de lesa humanidad, estos continúan avanzando lentamente. Ambos se encuentran en etapa de instrucción o de recolección de pruebas, por lo que podrían tardar varios años en resolverse. Sin embargo, conocedores del sistema judicial argentino se mantienen optimistas con lo sucedido hasta el momento.
El viernes 20 de octubre de 2023, el abogado argentino y profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Darío Richarte, realizó “una ampliación” de su denuncia por crímenes de lesa humanidad, para incluir en el proceso “pruebas” vinculadas a la represión de la dictadura sobre los pueblos originarios.
“Los asesinatos, las persecuciones y el robo de los recursos naturales, entre otras graves violaciones a los derechos de miembros de las comunidades indígenas y afrodescendientes del Caribe, tienen que ser bien visibles al mundo, porque forman parte del plan sistemático de violaciones a los DD. HH. de la dictadura de Ortega”, señaló el abogado argentino a través de su cuenta de X (antes Twitter).
Richarte y su colega, Diego Pirota, lideran la denuncia contra el régimen orteguista ante el Poder Judicial argentino. El proceso fue iniciado por ambos el 5 de octubre de 2022, pero —dos meses después— se sumó el abogado Jorge Alejandro Mamani, en representación del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH). Actualmente solo Richarte y Pirota siguen en el proceso, debido a una decisión del juez para proteger la identidad de las víctimas.
En Argentina también se desarrolla un segundo proceso penal contra el dictador nicaragüense, el cual fue abierto el 18 de enero de 2023 por el Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER). Este proceso incluye también a los dictadores de Venezuela, Nicolás Maduro; y de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue iniciado en el contexto de la visita a Buenos Aires de varios presidentes latinoamericanos para participar de la VII cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
En etapa de “instrucción”
La justicia federal argentina está facultada para investigar delitos de lesa humanidad en base al artículo 118 de la Constitución, que reconoce el principio de jurisdicción universal, y los compromisos internacionales asumidos por ese país que establecen el deber de los tribunales internos de investigar en nombre de la comunidad internacional con independencia del lugar donde se hayan suscitado.
Los procesos contra el régimen nicaragüense se encuentran en etapa de “instrucción”, en la que se busca “comprobar la existencia del delito, establecer las circunstancias del hecho delictivo e individualizar a los partícipes a fin de arribar al descubrimiento de la verdad”, según el análisis de las etapas de El juicio oral y público en la República Argentina, elaborado por el abogado Martín Casares, actual secretario general del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.
“Esta etapa del procedimiento se caracteriza por ser escrita en su totalidad, excesivamente formal y muy prolongada”, enfatiza Casares.
Podrían tardar varios años
El secretario ejecutivo de CALIDH, Danny Ramírez Ayerdiz, explica que estos procesos penales contra el régimen orteguista en Argentina pueden ser “largos” y hasta “extenuantes”, pero advierte que la justicia de ese país es “bastante efectiva” en materia de derechos humanos.
Además, estos procesos “elevarán la presión” internacional sobre el régimen nicaragüense.
Aspirar a una sentencia de un tribunal extranjero en nombre de la jurisdicción universal tiene “tres finalidades que van a ser muy potentes”, advierte Ramírez. En primer lugar, “va a ser la primera sentencia” contra el régimen orteguista, lo cual establecería una “verdad judicial”. En segundo lugar, estos procesos permitirán “que las víctimas sean escuchadas”, lo cual contribuye al “resarcimiento del daño” que en Nicaragua les ha sido negado.
En tercer lugar, al activarse la jurisdicción universal, “se crean las condiciones necesarias para seguir ejerciendo presión al régimen”, comenta Ramírez. “No es fácil estar viviendo de forma impune con tantos procesos abiertos”, agrega.
Además, si se lograra una sentencia condenatoria contra el régimen orteguista, el juez podría —inclusive— “requerir a Nicaragua la extradición de Ortega y Murillo”, explica Ramírez. Entonces, “ellos van a estar como prófugos de la Justicia argentina”, una situación que va a cambiar mucho el panorama internacional, puesto que, advierte, “no es lo mismo tener a los señores impunes ejerciendo el terrorismo de Estado desde la comodidad de El Carmen, a tenerlos como prófugos de la justicia”.
El proceso contra el régimen orteguista
El proceso penal iniciado por Richarte y Pirota está radicado en el Juzgado Nacional Penal y Correccional Nro. 4, a cargo del juez Ariel Lijo, y de la Fiscalía Nro. 3, a cargo de Eduardo Taiano, y se tramita bajo el expediente 2981/2022.
Entre los acusados están los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo; el asesor presidencial, Néstor Moncada Lau; el jefe de la Policía, Francisco Díaz; el jefe del Ejército, Julio César Avilés; el ministro de Transporte, Óscar Mojica; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; el presidente del Seguro Social, Roberto López; el asesor presidencial en temas de defensa y seguridad, Óscar Valladares; el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, y la exministra de Salud, Sonia Castro.
Al momento de la denuncia, la parte acusadora sostuvo que la represión fue ordenada por las más altas esferas del Gobierno nicaragüense, mismo que elaboró “un plan de represión estatal y paraestatal”. Entre los crímenes de lesa humanidad cometidos destacan: asesinatos, privación de la libertad y desaparición forzada, torturas, desplazamiento forzado de la población y persecución por motivos políticos.
En junio, el fiscal Taiano reveló que la Fiscalía hizo un primer requerimiento de instrucción por el cual “se determinó quiénes eran los responsables penales de estas denuncias —que es el régimen— se materializó la prueba y se juntó las pruebas necesarias que aportaron los abogados, como son los informes internacionales”.
También la secretaria de la Fiscalía Nro. 3, Florencia Zrycki, dijo en esa ocasión que a raíz de las ampliaciones de denuncias y las nuevas presentaciones, el juzgado le dio a la Fiscalía una nueva intervención el 21 de abril de 2023. “En esta oportunidad el objeto de la investigación fue descrito de una manera más amplia que los hechos precisados en el primer requerimiento”, apuntó.
En las ampliaciones de las denuncias se incluyeron entre los victimarios al subdirector de la Policía Nacional, Ramón Avellán; el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno; la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), Ramona Rodríguez; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos; y la exdirectora de la Policía, Aminta Granera.
En octubre de 2022, el juez federal Ariel Lijo envió un exhorto a la justicia nicaragüense para que informe si hay causas abiertas donde se investiguen ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, desaparición forzada de personas, o torturas. En abril de 2023 envió otro oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua consultado sobre lo ordenado en octubre, pero aún no han obtenido una respuesta de las autoridades nicaragüenses.
El proceso contra los tres dictadores
El segundo proceso penal contra el régimen orteguista en Argentina se encuentra radicado en el Juzgado Nacional Penal y Correccional Nro. 7, a cargo del juez Sebastián Casanello, y de la Fiscalía Nro. 11, a cargo de Germán Pollicita, y se tramita bajo el expediente 165/2023.
En esta denuncia “se exponen las violaciones del derecho internacional por las cuales Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel podrían ser penalmente responsables”, expresó el Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER) en un comunicado emitido horas después de realizar la acusación.
Entre las víctimas están la sociedad nicaragüense, la sociedad venezolana y la sociedad cubana.
Según el FADER, la denuncia se sustenta en “numerosos informes de prestigiosos organismos internacionales de DD.HH.”, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o Human Rights Watch, que dan cuenta de la “persecución política a organizaciones civiles y personas físicas”.
Los miembros de FADER que firman el escrito son: Waldo Wolff, Elisa Trotta, Karina Banfi, Daniel Sabsay, Santiago Kovadloff, Graciela Fernández Meijide, Ricardo López Murphy, Jorge Faurie, Alfredo Leuco, Maximiliano Ferraro, Jorge Ferronato, Eduardo Feinman, Alfredo Cornejo, Diego Guelar, Álvaro De Lamadrid, Paula Bertol, Brian Schapira, Héctor Schamis, Sabrina Ajmechet, Marcelo Birmajer, entre otros.
En lo referido a Nicaragua, argumentan que en este país “han sido asesinados más de 350 ciudadanos en los últimos años, y la mitad de las organizaciones sociales que brindan asistencia en los barrios fueron clausuradas”. según información de la CIDH.
Cambio de Gobierno no afectará los procesos
Ambos procesos penales contra el orteguismo se desarrollan en un momento en que Argentina se dispone para un cambio de Gobierno. Sin embargo, independientemente de los resultados del balotaje, entre el peronista Sergio Massa y el ultraderechista, Javier Milei, a realizarse el próximo 19 de noviembre, el curso de las demandas se mantendrá firme.
“Las elecciones no van a influir en el resultado de este proceso porque el Poder Judicial argentino, a diferencia del Poder Judicial nicaragüense, es bastante independiente”, advierte el secretario ejecutivo de CALIDH. Concluye que el proceso seguirá con normalidad “independientemente de quien gane”.
