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La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, reformó nuevamente la Constitución Política de la República. Esta vez para incluir en el texto constitucional la supuesta lucha contra la “corrupción no autorizada” por la dictadura y justificar las purgas de funcionarios públicos.
La reforma, que fue aprobada en primera legislatura, consiste en una modificación al primer párrafo del artículo 118. Donde se indica que los funcionarios públicos elegidos directa o indirectamente y los nombrados por la Presidencia de la República deben cumplir, preservar y defender los principios fundamentales de la Constitución.
Al cumplimiento de los principios fundamentales de la Constitución se agregó: “la correcta administración, conservación y rendición de cuentas de los fondos y bienes del Estado. El incumplimiento de esto es causal inmediata y suficiente para su remoción, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales establecidas en las leyes de la materia”. De tal manera que los funcionarios destituídos ahora pueden ser procesados civil o penalmente.
Previo a la aprobación de la reforma, los diputados sandinistas Edwin Castro y Wálmaro Gutiérrez dejaron claro que la misma es producto de la supuesta lucha contra la corrupción del régimen.
“Aquí estamos dejando bien claro, si hay alguien que en una institución no hace buen uso de los recursos del Estado, es responsabilidad de los jefes de esa institución velar porque eso no pase. No pueden alegar desconocimiento”, sentenció el diputado Castro.
En ese mismo orden, el diputado Gutiérrez señaló que esta reforma “no es un simple saludo a la bandera”, sino que procura el “buen uso de los recursos públicos”.
Esta es la tercera vez en un mes que el régimen orteguista ordena reformar la Constitción Política de Nicaragua, un documento que fue modificado casi en su totalidad en febrero de 2025.
El 6 de agosto de 2025, la Asamblea Nacional reformó la Constitución Política para crear la Procuraduría General de Justicia, en sustitución de la Procuraduría General de la República (PGR). Este brazo represivo de la dictadura que supuestamente tendrá la tarea de “combatir la corrupción”, perseguirá delitos comunes y ejercerá la función acusadora en los tribunales, al absorber el Ministerio Público o Fiscalía, y sus competencias.
Mientras tanto, en la reforma constitucional aprobada el 27 de agosto de 2025, se establece que la Policía Nacional de Nicaragua pasará de tener uno a dos jefes policiales.
