4 de diciembre 2024
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El Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista expresó este martes “su más enérgico repudio a la grave situación que atraviesa Nicaragua, donde se ha intensificado una brutal represión contra la ciudadanía, arrebatando los derechos y las libertades fundamentales que sostienen una democracia”.
En un comunicado divulgado por el movimiento político opositor nicaragüense Unamos, el Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista advirtió que las reformas constitucionales, aprobadas en primera legislatura el 19 de noviembre de 2024, “no solo violentan los principios esenciales de un Estado democrático y social de derecho, sino que institucionalizan el nepotismo, eliminan la autonomía municipal y subordinan las instituciones públicas al control absoluto de la familia presidencial”.
Por tanto, la Internacional Socialista instó a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la comunidad internacional “a condenar con firmeza este ataque contra la democracia y a adoptar medidas diplomáticas y económicas para procurar el cese de la represión y restaurar los derechos fundamentales”.
“El Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de la democracia, la justicia y los derechos humanos y abogamos por una solución pacífica a la crisis en Nicaragua que la incorpore nuevamente al concierto de naciones democráticas en el mundo”, indicó ese capítulo de la Internacional Socialista, que agrupa a 132 partidos socialdemócratas y lidera el presidente del Gobierno español y secretario general socialista, Pedro Sánchez.
Ortega propuso hace dos semanas una reforma profunda a la Constitución, aprobada ya por el Legislativo en primera lectura, que transforma el Estado en una “democracia directa” ejercida a través de la Presidencia de la República ahora encabezada por un “copresidente” y una “copresidenta” con mandato de seis años, y elimina el principio de separación de poderes.
La reforma constitucional, la número 12 que promueve Ortega desde su llegada al poder en 2007, también legaliza la apatridia y deroga el artículo en el que se prohibía la práctica de la tortura, entre otros cambios.
