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El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó “las graves violaciones y abusos” cometidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y “urgió”, una vez más, la liberación de todos los presos políticos y el restablecimiento del espacio cívico en Nicaragua.
A través de una resolución denominada Seguimiento de la Situación de Derechos Humanos en Nicaragua, aprobada por aclamación el 4 de febrero de 2026, el organismo regional volvió a posicionarse sobre el país, dos años después de su salida oficial el 19 de noviembre de 2023.
La resolución fue presentada por la misión permanente de Chile con el respaldo de las misiones de Argentina, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Perú y la República Dominicana, en ocasión del primer aniversario de la aprobación de la reforma constitucional “Chamuca” que, en la práctica, cambió las bases del Estado de Nicaragua.
Durante la sesión del Consejo Permanente, la relatora país para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosa María Payá, denunció que la situación de derechos humanos en Nicaragua continúa siendo “una de las más críticas en la región” y que la represión “va más allá de las fronteras”, bajo una aparente normalidad impuesta a la población.
En 2025, la Comisión Interamericana documentó “la consolidación de un régimen autoritario, con la entrada en vigor de enmiendas constitucionales incompatibles con los principios democráticos que sustentan el sistema interamericano”, advirtió la comisionada Payá.
Continuó señalando que la reforma constitucional, aprobada en enero de 2025, “perpetúa la concentración absoluta del poder en el entorno familiar Ortega-Murillo”. Enfatizó que “es una dictadura, donde, desde hace varios años los pesos y contrapesos propios del sistema democráticos dejaron de existir”.
Payá detalló que, a más de siete años del inicio de la crisis sociopolítica del país, las detenciones arbitrarias “no cesan en Nicaragua”. La CIDH recibió información reciente sobre “la detención arbitraria de al menos 60 personas por expresar opiniones en redes sociales relacionadas a hechos que vienen ocurriendo en Venezuela”, subrayó.
Rechazan abusos y urgen cambios significativos
La resolución de la OEA condena, entre otras cosas, las violaciones cometidas por el régimen en contra de los nicaragüenses, tanto dentro como fuera del país, en particular el exilio forzado, la expatriación, la tortura o tratos crueles, la desaparición forzada, la detención arbitraria, incautación injusta y confiscación de activos, incluyendo propiedades y pensiones de vejez.
También rechaza la eliminación de registros oficiales asociados a la identidad, la prohibición de entrada al propio país, denegación de emisión o renovación de pasaportes y eliminación de documentos oficiales, vigilancia, amenazas, hostigamiento y atentados contra la vida e integridad de centenares de nicaragüenses.
El organismo regional “urge” al Estado de Nicaragua a poner fin a las violaciones a los derechos humanos, incluida la liberación incondicional de todas las personas detenidas injustamente, y de aquellas injustamente sujetas a arresto domiciliario, en particular, aquellas cuyo paradero se desconoce o que son beneficiarias de medidas cautelares o provisionales de la CIDH o de la Corte IDH.
También exhorta al Estado de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, recuperar los controles, balances e independencia de poderes, propias de un Estado de derecho y una democracia.
La OEA, además, insta al Estado de Nicaragua a restablecer el espacio cívico, poner fin a las represalias y garantizar el pleno respeto de las libertades y derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos aplicables a Nicaragua.
OEA sigue monitoreando la situación de Nicaragua
El representante permanente de Chile en la OEA, Tomás Pascual, explicó que la resolución aprobada “reafirma la decisión de la organización de mantener su atención sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua”, aun después que este Estado haya denunciado la carta de la organización.
Agregó que la resolución presenta una actualización sustantiva de la situación en Nicaragua, a la luz del último informe del Grupo de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua.
El embajador de Estados Unidos, Leandro Rizzuto, describió que la crisis sociopolítica de Nicaragua “ha empeorado” desde que la OEA se pronunció por última vez y agregó que la misma representa “una amenaza” para EE. UU.
“Las políticas represivas de Ortega han obligado a más de 100 000 nicaragüenses a huir del país, en muchos casos llegando a la frontera sureste de EE. UU., exacerbando el problema de la migración. Ya que estas políticas y medidas amenazan la seguridad de EE. UU., es muy claro que no toleraremos el status quo”, subrayó el embajador estadounidense.
Mientras tanto, el embajador de Argentina, Carlos Bernardo Cherniak, enfatizó que los abusos del régimen de Ortega y Murillo no son hechos aislados sino “el resultado de una maquinaria represiva” orientada a eliminar toda voz crítica, incluso, más allá de las fronteras del país.
Para Argentina, “estos hechos no admiten relativización. Ignorar o minimizar estos hallazgos sería abdicar de las obligaciones que todos asumimos al suscribir la carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y los principales tratados internacionales de derechos humanos” remarcó el embajador Cherniak.
