16 de febrero 2024
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El Departamento de Estado de Estados Unidos impuso restricciones de visa a más de 100 funcionarios municipales de Nicaragua, este 16 de febrero de 2024. Se trata de "medidas adicionales para promover la rendición de cuentas de quienes son partícipes de los incesantes ataques del gobierno de Ortega-Murillo contra los derechos humanos y las libertades fundamentales de los nicaragüenses", según un comunicado oficial de la institución estadounidense.
Estados Unidos también argumentó que la restricción de visas obedece al "papel" que estos funcionarios municipales "desempeñan dentro del gobierno de Ortega-Murillo, el cual continúa emprendiendo una campaña de represión para silenciar a la sociedad civil y detener injustamente a personas valientes por ejercer sus libertades fundamentales".
Debido a las leyes de confidencialidad de visas de Estados Unidos, el Departamento de Estado no revela la identidad de los funcionarios. Sin embargo, son cientos los funcionarios orteguistas de diferentes instancias sancionados en los últimos años.
Estados Unidos continuará restringiendo visas
Agregó que continúan "trabajando con la comunidad internacional para promover la rendición de cuentas de quienes amenazan la democracia en Nicaragua. Seguimos comprometidos con apoyar al pueblo de Nicaragua y asegurar la protección de sus derechos humanos".
Esta medida se adoptó de conformidad con la Proclama Presidencial 10309, que suspende la entrada a los Estados Unidos, como inmigrantes y no-inmigrantes, a personas que reprimen las voces en Nicaragua y detienen injustamente a personas valientes que apoyan una sociedad libre.
Sexta restricción de visa a funcionarios orteguistas
En junio de 2018, en respuesta a la masacre orteguista contra las protestas cívicas de la Rebelión de Abril, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que establecería una serie de restricciones de visas "contra personas involucradas en abusos contra los derechos humanos o que socavan la democracia en Nicaragua".
Los primeros a quienes restringió la visa fueron "oficiales de la Policía Nacional, funcionarios del gobierno municipal y un funcionario del Ministerio de Salud, específicamente aquellos que dirigen o supervisan la violencia contra otros que ejercen sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión", sin determinar un número específico.
Posteriormente, en agosto de 2021, tras la detención de decenas de líderes políticos y sociales, Estados Unidos volvió a anunciar restricciones de visado a 19 funcionarios electorales y de partidos políticos, acusados de ayudar al régimen de Daniel Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, a perpetrar un "ataque" contra la democracia en Nicaragua.
En junio de 2022, la misma restricción fue para 93 funcionarios nicaragüenses, entre jueces, fiscales, miembros de la Asamblea Nacional y oficiales del Ministerio de Gobernación, informó en un comunicado el secretario de Estado Antony Blinken.
“Los jueces y fiscales alineados con el Régimen comparten la complicidad en los esfuerzos del Régimen de Ortega Murillo para socavar la democracia a través de su participación en los juicios y condenas de líderes de la oposición, defensores de los derechos humanos, líderes del sector privado y defensores de los estudiantes”, explicó Blinken.
En agosto de 2023, sumó a la lista a otros 100 funcionarios municipales nicaragüenses ante "los incesantes ataques del régimen de Ortega-Murillo a las libertades civiles". En ese momento, el Departamento de Estado argumentó que decidieron restringir la visa porque estos funcionarios "participaron en los esfuerzos para reprimir a las organizaciones de la sociedad civil, cerrar espacios cívicos como el de la Universidad Centroamericana, y detener injustamente a personas valientes que apoyan una sociedad civil libre, incluido el obispo Rolando Álvarez".
En septiembre de 2023, otra sanción similar afectó a otro centenar de funcionarios "por su rol en apoyo a los ataques del régimen de (Daniel) Ortega a los derechos humanos y las libertades fundamentales y la represión contra las organizaciones de la sociedad civil".
Blinken detalló que la medida está dirigida a los funcionarios involucrados en el cierre y confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA) y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), dos de los centros de enseñanza superior más reconocidos, bajo pretextos arbitrarios e infundados.
