16 de febrero 2024
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En una de sus últimas publicaciones en Instagram, Ricardo Martinelli Berrocal, expresidente de Panamá, se muestra ejercitándose en una caminadora estática y dando consejos para disfrutar sanamente las fiestas del Carnaval panameño. En la imagen, se ven además dos aires acondicionados, un televisor grande y un sillón; parte de los múltiples enseres llevados por el exjefe de Estado a la embajada de Nicaragua en la capital panameña, donde está asilado desde el 7 de febrero de 2024.
Martinelli se autodeclaró como un “perseguido político”, aunque no ha presentado ninguna prueba de ello. La falta de evidencias no evitó que la dictadura de Daniel Ortega le otorgase asilo político por considerar —según una nota de la Cancillería nicaragüense— que es un “perseguido por razones políticas” y por “encontrarse en riesgo inminente su vida, integridad física y seguridad”.
El asilo orteguista a Ricardo Martinelli, de 71 años, llegó además cinco días después que la Corte Suprema de Justicia de Panamá rechazó un recurso de casación y dejó en firme una condena a diez años y seis meses de prisión y el pago de una multa de 19.2 millones de dólares por blanqueo de capitales.
“Todos estábamos esperando una ruta de escape, porque estábamos seguros que algo haría el expresidente Martinelli para evadir la justicia, una vez más. No creo que él esté dispuesto a ir a la cárcel como le toca”, dijo Lina Vega Abad, periodista y presidenta de Transparencia Internacional en Panamá.
En una entrevista con el programa Esta Noche, Vega Abad comentó que a los panameños tampoco les “sorprende” el destino elegido por Ricardo Martinelli. “No hay muchos lugares que puedan aceptar la complicidad de apoyar a un condenado, a un delincuente. Nicaragua no tiene las condiciones de un verdadero Estado de derecho”, subrayó.
“Afortunadamente —añadió— todavía la jugada no le ha salido bien”.
Asilo no aplica para delitos comunes
La dictadura orteguista solicitó además al Gobierno panameño “brindar las seguridades para la pronta salida y traslado humanitario del asilado” hacia Nicaragua. La Administración de Laurentino Cortizo negó el salvoconducto de salida.
El régimen acusó a Panamá de “violar las Convenciones sobre Asilo” y argumentó que, conforme al Artículo 2 de la Convención sobre Asilo Político de 1933, corresponde al Estado que presta el asilo, la calificación política del mismo.
Para el jurista panameño Rodrigo Noriega, analista de políticas públicas y temas de justicia, el Gobierno de Cortizo “tiene la razón” porque todas las convenciones internacionales concluyen que “no se puede dar asilo por delitos comunes, aunque la calificación le pertenece al país asilante, en este caso Nicaragua”.
“El principio universal de que no se puede dar asilo por delitos comunes fundamenta la reacción de Panamá. Es decir, le dicen: ‘Nicaragua ustedes están cometiendo un error y, por lo tanto, no damos un salvoconducto para que este señor salga de Panamá’”, opinó el jurista en el programa Esta Noche.
La condena contra Ricardo Martinelli fue emitida en julio de 2023 por el llamado caso “New Business”, que involucra la compra con fondos públicos del grupo de medios Editora Panamá América S. A. (Epasa), y se remonta a 2017. En el camino quedaron más de una docena de recursos y amparos presentados por la defensa de Ricardo Martinelli que fueron rechazados, y que para algunos juristas no buscaban más que dilatar el proceso a fin de no afectar su nueva candidatura presidencial, que quedó inhabilitada por la confirmación de la condena.
“¿Puede una dictadura asilar a corruptos?”
El abogado panameño Carlos Ernesto González señaló que el asilo a Ricardo Martinelli sobrepasa los análisis jurídicos y entra al terreno de lo moral. “¿Puede un Estado, gobernado por una dictadura corrupta, tener la facultad internacional de determinar la calidad de un delito?”, se preguntó.
¿Puede (la misma dictadura) asilar constantemente a corruptos de otros países?, prosiguió el jurista panameño, en relación a que el régimen orteguista convirtió a Nicaragua en un escondite para expresidentes, diplomáticos, exguerrilleros y ex altos funcionarios con cuentas pendientes con la justicia en sus países.
Uno de los casos más conocidos es el del expresidente de El Salvador, Mauricio Funes (2009-2014), a quien Ortega le brindó asilo político en 2016, mientras era requerido por la justicia salvadoreña por la supuesta malversación de más de 351 millones de dólares y pago de sobornos. Ante la amenaza de extradición por parte del actual mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, Ortega nacionalizó a Funes, su esposa y dos de sus hijos, según una resolución del Ministerio de Gobernación del 30 de julio de 2019.
Otro expresidente prófugo y escondido en Nicaragua es Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador (2014-2019). La justicia busca al exmandatario por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El otrora guerrillero fue nacionalizado nicaragüense el 30 de julio de 2021.
No existe afinidad política entre Ortega y Martinelli
González destacó que en el caso de Funes y Sánchez Cerén existe una afinidad política-ideológica entre el FSLN de Ortega y el salvadoreño Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Mientras, el partido de Martinelli ha atacado en varias ocasiones a Ortega.
“Ante la crisis de Nicaragua, nuestra Cancillería debería llamar en consulta a nuestro embajador ante ese Gobierno (Nicaragua). Es un contrasentido tener relaciones normales en un país con un Gobierno abiertamente dictatorial”, escribió, en junio de 2021, en Twitter (ahora X), José Raúl Mulino, actual candidato a presidente por el partido de Martinelli.
Ante la crisis de Nicaragua nuestra @CancilleriaPma debería llamar en consulta a nuestro Embajador ante ese gobierno. Es un contrasentido tener relaciones normales en un país con un gobierno abiertamente dictatorial. Así están haciendo otros gobiernos . @cefeche
— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) June 21, 2021
Mientras, en marzo de 2014, el dictador Ortega acusó a Ricardo Martinelli —entonces en la presidencia de Panamá— de ser un “vocero de los intereses del imperio”, en relación con unos debates en la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre unas protestas en Venezuela contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que habían dejado decenas de muertes y cientos de heridos.
“En la OEA se libró una batalla, y ahí estaban cerrando filas Estados Unidos y el Gobierno panameño, presentándose a ser vocero de los intereses del imperio”, dijo Ortega.
Ricardo Martinelli gobernó Panamá (2009-2014) bajo el partido Cambio Democrático (CD), que se identifica como “conservador, neoliberal y de centroderecha”. El expresidente perdió el control de esa organización política y fundó, en 2021, el partido Realizando Metas (RM), que se define con las mismas ideologías de derechas que Cambio Democrático.
“Lo cierto es que ideológicamente Ortega y Martinelli están en polos opuestos. Venezuela y Cuba (aliados de Ortega) criticaron mucho a Martinelli por algunas de sus decisiones”, recordó Carlos Murillo Zamora, analista de asuntos internacionales y docente de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Ricardo Martinelli versus Alberto Pizango
Un nicaragüense experto en relaciones internacionales, que solicitó omitir su nombre, indicó que el asilo a Martinelli “pierde su razón de ser” al compararlo con el caso del líder indígena peruano Alberto Pizango, quien se refugió, en junio de 2009, en la Embajada de Nicaragua en Lima.
Pizango, entonces presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), tenía una orden de captura en su contra por los supuestos delitos de rebelión y sedición a raíz de unas violentas protestas en tres regiones amazónicas que se saldaron con al menos 32 muertos, entre ellos policías y civiles.
“Analizamos la situación con el presidente Ortega y nos percatamos de que era una cuestión política”, le dijo a BBC Mundo el embajador nicaragüense en Lima, Tomás Borge (q. e. p. d.) “No teníamos alternativa”, añadió el excomandante guerrillero.
El líder indígena obtuvo el salvoconducto para viajar a Nicaragua, donde permaneció asilado durante once meses. Pizango fue detenido el 27 de mayo de 2010, en el aeropuerto internacional de Lima, cuando regresó voluntariamente a su país porque extrañaba su tierra y estaba convencido de su inocencia. Fue liberado un día después de su arresto.
El experto comentó que, además de Pizango y Martinelli, no se conocen otros casos de asilo en sedes diplomáticas nicaragüenses. “Cuando comparás ambas situaciones, podés deducir que, en el caso del político panameño, existen otros intereses, posiblemente dinero, mucho dinero”.
¿Qué gana Nicaragua con asilar a Ricardo Martinelli?
Ricardo Martinelli, con progenitores de ascendencia italiana y española, es considerado en Panamá un hombre de “insaciable apetito” por los negocios. La mayoría de su fortuna proviene de una cadena de supermercados, conocida como “Súper 99”, aunque también tiene inversiones en bienes raíces, medios de comunicación, el sector bancario y energético.
En septiembre de 2015 Bloomberg estimó su fortuna en 1100 millones de dólares, según la BBC Mundo.
El abogado Carlos Ernesto González opinó que, en el asilo al exmandatario, existe un “tema de corrupción”. “No hay ni siquiera una afinidad ideológica, que uno pueda decir: ‘lo está ayudando porque son parte de la misma mafia’. Acá lo están ayudando, obviamente, por otras razones”.
El Gobierno de Estados Unidos sancionó a Martinelli, en 2023, prohibiéndole la entrada a territorio estadounidense, así como a sus familiares, y lo acusó de estar involucrado en “corrupción a gran escala”.
La exfiscal general de Panamá, Ana Matilde Gómez, dijo a la agencia EFE que “entre delincuentes se entienden. El otro (Ortega) es un violador de derechos humanos y otras cosas que no sabemos, pero este (Martinelli), sabemos que es un lavador de dinero, declarado y reconocido así por la Corte Suprema de Justicia”.
Cambio en la postura de Panamá con Nicaragua
Los juristas y expertos en relaciones internacionales prevén que las relaciones entre Panamá y Nicaragua se volverán “ásperas”, pero sin llegar a la suspensión o rompimiento diplomático.
La Cancillería panameña reveló que, el viernes 9 de febrero, citaron a la embajadora de Nicaragua en Panamá, la periodista Consuelo Sandoval Meza, a quien le informaron sobre la negativa de salvoconducto y recordaron la “obligación de garantizar que la sede de la Misión Diplomática a su cargo preserve las funciones que está llamada a cumplir”.
Le advirtieron que “toda acción, declaración o comunicación que realice” Ricardo Martinelli desde la embajada y “repercuta o impacte en la política doméstica de Panamá, será considerada una injerencia” y, por tanto, “generará consecuencias diplomáticas”.
La advertencia, por el momento, ha surtido efecto. Desde ese viernes, el expresidente usa sus redes sociales para mostrar a su mascota Bruno, alabar el olor del café nicaragüense, dar consejos para las fiestas de Carnaval y expresar su amor por el más tierno de sus nietos. No ha vuelto a hablar de política o dar entrevistas virtuales.
Rodrigo Noriega señaló que el Gobierno panameño ha sido “muy frío” y “respetuoso” a la hora de denunciar las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, por lo que el asilo a Martinelli “es como pagarle con esa misma moneda al Estado panameño, que poco le importó lo que pasaba en Nicaragua”.
Panamá junto a Costa Rica fueron los únicos países centroamericanos que siempre votaron a favor de todas las resoluciones en contra de la dictadura orteguista que se aprobaron en la OEA, desde 2018 hasta 2023, año en que el régimen salió unilateralmente del organismo regional. Pese a su voto, los representantes panameños nunca levantaron su voz contra los abusos del orteguismo.
Vega Abad valoró que, el asilo a Martinelli, permitirá dar un giro en la política exterior panameña respecto a Nicaragua. “Ojalá esto sirva para que nosotros podamos apoyar más al pueblo nicaragüense, que está luchando por su libertad”.
Para Carlos Murillo Zamora, las relaciones bilaterales “no se romperán”, ya que considera que el dictador nicaragüense “no llegará a tanto por un interés particular”.
“No hay que perder de vista —continuó— que hay mucho nicaragüense migrando hacia Panamá, por razones laborales; y Ortega no va a perder esa fuente de ingresos de remesas familiares”.
Nicaragua recibió un récord de 4660.1 millones de dólares en concepto de remesas familiares en 2023 —que representan un 29.7% de su producto interno bruto (PIB)—, de los cuales 54.5 millones de dólares (1.2%) provinieron desde Panamá, según datos del Banco Central nicaragüense.
Asilo político, “una invención latinoamericana”
González mencionó que Panamá “no puede tirar muchas piedras sobre el techo nicaragüense”, con relación al otorgamiento de asilos, ya que, en el pasado, Panamá ha servido de refugio de expresidentes perseguidos por la justicia de sus países.
Panamá ha concedido el asilo a grandes personajes como el expresidente argentino Juan Domingo Perón en 1956, los exmandatarios de Guatemala Jorge Serrano Elías (1990-1993) y de Ecuador Abdalá Bucaram (1996-1997), así como al exgeneral golpista haitiano Raoul Cedrás (1991-1994).
Numerosos políticos latinoamericanos, sin distinción ideológica, han encontrado en el asilo un “pase” para evadir la Justicia o en el mejor de los casos para salvaguardar su vida, situación que también ha sido motivo de fricción entre los Gobiernos involucrados.
Entres los últimos casos está el del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas (2013-2018), quien en diciembre de 2023 pidió asilo a México, luego de ingresar a la embajada de ese país en Quito, donde permanece en calidad de “huésped” a la espera de una respuesta del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En enero de 2024, una corte de justicia de Ecuador dictó prisión preventiva contra Glas —que fue vicepresidente durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017)— acusado de malversación.
En diciembre de 2022, el entonces presidente de Perú, Pedro Castillo, tras intentar dar un golpe de Estado al ordenar el cierre del Congreso, fue detenido cuando se dirigía a la Embajada de México con su esposa y sus hijos menores de edad. Sus familiares sí lograron llegar a la representación diplomática y luego recibieron el asilo del Gobierno mexicano.
En febrero de 2023, tras varios roces entre los dos países, el Gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, anunció el retiro permanente de su embajador en México y rebajó la relación bilateral a encargados de negocios.
En 2019, tras la crisis desatada por la renuncia del entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, varios de sus ministros y legisladores oficialistas se refugiaron en la Embajada de México en La Paz. Al tiempo, el Gobierno mexicano envió al país andino un avión de la Fuerza Aérea para “rescatar” a Morales y llevarlo a territorio mexicano, donde estuvo asilado por un mes antes de trasladarse a Argentina.
El jurista enfatizó que las convenciones o tratados de asilo político son “una invención latinoamericana” del siglo pasado, que no son “aplicables” en este siglo XXI.
Ricardo Martinelli se prepara para “una larga estancia”
Desde que Ricardo Martinelli se recluyó en la sede diplomática nicaragüense, diariamente entran y salen obreros y personal técnico, quienes han realizado diversas “mejoras” en el inmueble, situado en un barrio de clase media en Ciudad de Panamá. La edificación es una vieja casa de techo con tejas rotas y paredes y rejas de pintura desconchada.
Fuentes panameñas indicaron a CONFIDENCIAL que ingenieros y arquitectos fueron consultados para el diseño y construcción de una “sala-hospital” en la embajada nicaragüense, que tenga todas las condiciones para atender cualquier emergencia médica del expresidente, quien en el pasado ha tenido problemas de la columna, hipertensión arterial crónica, hipercolesterolemia, hipertrofia prostática, glaucoma y depresión.
“Martinelli no puede salir de la sede diplomática hacia ningún centro de salud o hospital, ya que perdería su condición de asilado político y sería enviado a prisión”, destacó una de las fuentes.
A la par de las mejoras en la infraestructura, el expresidente se ha hecho llevar una variedad de electrodomésticos y enseres, como computadoras, escritorios, televisores, tanques de agua, un asador a gas tamaño familiar, camas, colchones y cajas de alimentos y refrescos, entre otros productos.
El jurista Rodrigo Noriega enfatizó que el expresidente “se ha apropiado, en términos prácticos, del inmueble”, y que las obras en la sede diplomática revelan que “Martinelli está preparado para una larga estancia” en la embajada orteguista.
