Redacción Confidencial / Agencia EFE
9 de febrero 2024
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El expresidente panameño Ricardo Martinelli Berrocal, condenado en su país por corrupción y lavado de dinero, se comporta como el amo y señor de la embajada de Nicaragua en Panamá. En poco más de 24 horas asilado en la sede diplomática pinolera, el exmandatario ha transformado completamente el local y lo ha convertido en un pequeño hotel de lujo, mientras el Gobierno de Panamá decide si le otorga o no un salvoconducto para irse a Nicaragua.
Desde la tarde del miércoles 7 de febrero, no han parado de llegar camionetas y camiones cargados con mercancía y electrodomésticos para Ricardo Martinelli. La mañana de este jueves 8 le llevaron dos aires acondicionados marca Nisato, un televisor de 32 pulgadas y otro de 65 pulgadas marca RGA, según el diario La Prensa de Panamá.
Un gran tanque de agua y un asador a gas tamaño familiar también fueron trasladados a los nuevos aposentos de Ricardo Martinelli, quien se supone que solo estará acompañado por su mascota, un perro llamado “Bruno”, llevado este jueves.
Estos enseres se suman a las camas, colchones y cajas de alimentos y refrescos, entre otros productos, entregados en el lugar el miércoles, pocas horas después de que el régimen de Daniel Ortega otorgó asilo político a Martinelli, quien fue condenado en julio de 2023 a más de diez años de prisión y al pago de una multa de más de 19 millones de dólares por lavado de dinero.
La sede diplomática, a cargo de la periodista Consuelo Sandoval, está situada en un barrio de clase media en Ciudad de Panamá. El inmueble es una vieja casa de techo con tejas rotas y paredes y rejas de pintura desconchada. Este jueves los alrededores del lugar amanecieron con presencia policial. Además, una patrulla pasa con frecuencia.
Ricardo Martinelli a la espera del salvoconducto
El expresidente, un magnate de 71 años, argumenta que pidió asilo porque es un “perseguido político” y porque el actual Gobierno panameño lo quiere “matar” en la cárcel, extremos que ha rechazado el presidente Laurentino Cortizo.
Juristas panameños sostienen que la persecución política alegada por Ricardo Martinelli no existe, por lo que exigen que se niegue el salvoconducto.
Argumentan que el expresidente (2009-2014) fue procesado por un delito común como lo es blanqueo y la sentencia a 128 meses fue ratificada en dos instancias, incluido el Supremo, en un proceso judicial que comenzó en 2017 y sufrió retrasos por un uso abusivo el sistema legal por parte de Martinelli, algo que sus abogados niegan.
Pero políticas como Balbina Herrera, quien enfrentó como candidata presidencial a Martinelli en los comicios que ganó en 2009, piensa que es mejor que se vaya del país y terminar con el tema.
Los entendidos citan convenciones internacionales según las cuales Panamá está en el derecho de negar el salvoconducto y de pedir a Nicaragua que le entregue a Martinelli, aunque también puede autorizar su salida y pedir luego su extradición a Nicaragua.
La Cancillería informó el miércoles que “ha puesto en conocimiento a las autoridades competentes” la petición de Nicaragua para otorgar un salvoconducto a Matinelli, designado por “corrupción a gran escala” por EE. UU, llamado en juicio en Panamá por Odebrecht, e investigado en España por dos casos: los sobornos que la constructora FCC confesó haber pagado en el país centroamericano y por espiar a una mujer en Mallorca.
Nicaragua, “paraíso para delincuentes de cuello blanco”
El régimen sandinista ha otorgado asilo a los exgobernantes salvadoreños Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), ambos prófugos de la justicia de su país y a quienes además le otorgó la nacionalidad nicaragüense, de forma que no pueden ser extraditados.
Martinelli solicitó el asilo en la Embajada de Nicaragua en Panamá y le fue concedido de forma expedida por el Gobierno de Ortega, en tanto Funes y Sánchez Cerén lo hicieron en territorio nicaragüense.
La opositora Concertación Democrática Nicaragüense “Monteverde” repudió el asilo político a Ricardo Martinelli, y aseguró que Ortega y su esposa Rosario Murillo han convertido al país en un “paraíso para delincuentes de cuello blanco”.
Para los opositores, la decisión de la dictadura demuestra “una vez más su decisión de transformar a Nicaragua en un refugio para ladrones, corruptos, asesinos y narcotraficantes”.
El Gobierno de Nicaragua también otorgó la nacionalidad nicaragüense a dos excolaboradores del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), acusado de narcotráfico en Estados Unidos y extraditado a ese país.
Se trata de los ciudadanos hondureños Ebal Jaír Díaz Lupián y Ricardo Leonel Cardona López, ministro de la Presidencia y secretario privado de la Presidencia, respectivamente, durante la Administración de Hernández, quien fue extraditado a EE.UU., donde enfrenta un juicio por narcotráfico.
La Constitución de Nicaragua establece en su artículo 43 que “los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional”.
