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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dirigió una circular a los jueces locales del país para que sustituyan la prisión preventiva por medidas cautelares alternas en casos de delitos “menos graves o faltas penales”, y cuando los acusados sean adultos mayores o padezcan enfermedades crónicas graves o en fase terminal.
La circular, fechada el 24 de noviembre de 2025, que orienta “sustituir la prisión preventiva por prisión domiciliaria” fue firmada por los magistrados Marvin Aguilar y Juana Méndez.
Para el abogado constitucionalista Juan Diego Barberena, la resolución crea un nuevo precedente negativo que viola el principio de independencia judicial. “Instruye a los jueces cómo deben de impartir justicia (…) Los tribunales inferiores pierden independencia porque dependen, al momento de ejercer su función jurisdiccional, de la Corte Suprema de Justicia”, afirmó.
La circular enviada a los jueces fue certificada por Róger Martínez Domínguez —una de las fichas colocadas por Fidel Moreno para manejar el “día a día” en la CSJ—, quien actúa como secretario técnico del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial.
Orientación de la Corte carece de fundamentos
Según Barberena, esta medida afecta la “dependencia y no independencia de la administración de justicia y el ejercicio de la función jurisdiccional de los juzgados locales al momento de decretar medidas cautelares”.
El jurista subrayó que, aunque la circular de la Corte Suprema cita artículos de la Constitución y del Código Procesal Penal, “una decisión como esta debería al menos tener fundamento jurídico”.
“Ahí lo que hacen es citar unas disposiciones que no le otorgan esa atribución en ningún momento (…) Yo podría entender que esta medida es, de alguna manera, para liberar las cárceles de hacinamiento, pero debe existir un fundamento”, agregó Barberena.
Según la circular, los presos adultos mayores “afectados en su salud por enfermedad crónica grave o en fase terminal”, deberán contar con dictamen del Instituto de Medicina Legal para acceder a medidas cautelares alternas a la prisión.
La medida —se lee en la circular—, debe ser dictada por la autoridad judicial competente “asegurando la presencia del acusado en las audiencias”.
Para Barberena, sin embargo, la prisión preventiva debe decretarse atendiendo la gravedad del delito y los indicios suficientes de la acusación.
“Incluso si se trata de un delito menos grave, como un hurto simple de un celular, pero resulta que soy reincidente, el juez puede, legalmente, decretar la prisión preventiva (…) Conforme este instructivo, entonces los jueces locales, competentes están impedidos de decretar la prisión preventiva antigua y van a decretar otra otro tipo de medida cautelar como, por ejemplo, la presentación periódica al tribunal cada 15 días”, señaló el jurista.
Medida no aplicaría a presos políticos
El abogado señaló también que la circular no se aplicaría a los presos políticos, ya que los delitos imputados a este grupo son considerados graves y con penas superiores a cuatro años de prisión.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas reconoce en sus informes a personas adultas mayores de 60 años, un “grupo que enfrenta mayor vulnerabilidad frente a las condiciones de detención, los malos tratos y la falta de atención médica”.
“A los presos políticos le están imputando propagación de noticias falsas que es un delito grave. Le están imputando este menoscabo a la integridad nacional que es un delito grave, de tal manera que no es una medida para aplicarla a presos políticos es para presos comunes”, puntualizó Barberena.
