26 de octubre 2015
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La censura policial impuesta a los medios independientes para acceder a la Mina El Limón es un grave ataque a la libertad de expresión e información, coincidieron analistas consultados por Confidencial.
A raíz del conflicto desatado por la protesta de sindicalistas que exigen a la minera B2Gold que cumpla el acuerdo colectivo, equipos de periodistas y defensores de derechos humanos intentaron ingresar a la zona para ejercer su labor, pero fueron impedidos por efectivos de la Policía Nacional que trancaron todas las vías de acceso al pueblo, ubicado en el departamento de León.
Sin embargo, dos periodistas de Confidencial, Julián Navarrete y el fotógrafo Carlos Herrera lograron entrar este lunes al poblado por veredas y constataron que la comunidad se encuentra en estado de sitio, luego que centenares de antimotines allanaron las casas de los líderes sindicales sorpresivamente el sábado 16 de octubre en la madrugada.
El equipo periodístico documentó las protestas de mujeres que exigen que se libere a los detenidos por la PN y recopilaron testimonios en los que se destapa la crisis que viven los pobladores.
Para el periodista e investigador Alfonso Malespín el gobierno, haciendo uso de la fuerza, quiere mantener bajo control cualquier información y de esta manera garantizar que no se conozca otra ‘verdad’ que la que ellos quieren transmitir. “El comandante Ortega es de los que cree que la primera baja en un conflicto debe ser la verdad, y esa verdad, sobre todo la verdad informativa que es elaborada por los periodistas, es una de las primeras afectadas”, dijo.
Los únicos medios de comunicación que han logrado acceder al poblado por las vías principales son los que pertenecen al conglomerado de la familia presidencial o a sus aliados. En sus reportes han asegurado que la situación en la mina ha vuelto a la normalidad e incluso que las clases ya han sido reanudadas.
Gustavo Bermúdez, periodista de Radio Corporación y presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN), dijo que el gobierno del comandante Ortega “pareciera empeñado en esconder algo” y considera que esta violación al acceso a la información “es otro atropello de este gobierno a la libertad de expresión y a la opinión pública pues no quieren permitir que los nicaragüenses conozcamos la verdad de esta situación”, expresó el líder gremial.
Por su parte el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Gonzalo Carrión, relató que miembros de su equipo han intentando ingresar a la mina en tres ocasiones y han sido imposibilitados por los retenes policiales. “Es una decisión política que no tienen ningún asidero jurídico o constitucional, la gente es presa en su propio poblado. El estado de sitio es violatorio a los derechos humanos, es una acción de Estado que redunda en un acto criminal”, argumentó el abogado.
No obstante, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri, desconoció que hubiera un estado de sitio en la Mina Limón y expresó que no sabía que la policía había impedido a periodistas entrar a la comunidad. “No tengo idea, alrededor de ese tema. No se a quien dejan entrar y a quien no dejan entrar”, manifestó.
Aguerri aseguró que la situación se ha normalizado y que la mina ya está trabajando. El representante empresarial dijo que quienes estaban realizando las protestas son un “pequeño grupo de personas”.
La obstrucción al trabajo de los periodistas, sin embargo, supone una grave amenaza a la libertad de expresión según los analistas consultados, que declararon que la situación ha escalado hacia situaciones lamentables que deben ser denunciadas ante la comunidad nacional e internacional.
“El gobierno actual implementa un Estado de hecho no un Estado de derecho y ese estado de hecho lo convierte posteriormente en leyes. Todo aquel que se atreva a ofrecer una versión que ellos llaman contaminada es una amenaza, por eso es que procuraron que periodistas independientes que no ingresaran en la Mina El Limón”, señaló el periodista Malespín.
Confidencial intentó comunicarse con la jefatura de Relaciones Públicas de la Policía Nacional para conocer su posición, pero no contestaron a nuestras llamadas.
