11 de marzo 2025
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La Unidad de Inteligencia de la revista The Economist (EIU) publicó el Índice de la Democracia, que otorgó cero puntos a Nicaragua en materia de proceso electoral y pluralismo político. La divulgación de la clasificación coincidió con la entrada en vigencia de una nueva Ley Electoral en Nicaragua, que consolida el poder absoluto de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El Índice de la Democracia de la EIU califica a los países, en una escala de cero a diez, en cinco categorías: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles.
El informe clasifica a Nicaragua como “una dictadura consolidada que expone la ausencia de pluralismo político, restricciones a las libertades civiles y procesos electorales que no cumplen con estándares democráticos”.
En el indicador sobre pluralismo político, en el que se evalúa la calidad democrática y se analiza si las elecciones cumplen con estándares democráticos internacionales, EIU otorgó cero puntos al país.
En el indicador sobre participación política otorgan 2.78 puntos a Nicaragua, 3.75 en el de cultura política y 2.14 en el que analiza el funcionamiento del Gobierno.
El informe da 2.35 puntos al país en materia de libertades civiles, confirmando que bajo la dictadura de Daniel Ortega existe una restricción severa en los derechos y libertades de los ciudadanos.
“El país sigue atrasado, porque no puede dar el salto a la institucionalidad, porque tiene partidos no democráticos y una sociedad no democrática (…) Nicaragua es un país que involuciona políticamente cada cierta cantidad de años y ahora estamos viviendo la peor involución”, considera el politólogo José Antonio Peraza, excarcelado político y desterrado.
Además, el Índice examina las causas sobre por qué la democracia representativa no está funcionando para un gran número de ciudadanos en todo el mundo. Además, refleja que la “calidad de la democracia” en 130 países del total de 167 cubiertos por el índice empeoró o no mejoró.
Ley Electoral refuerza el control total de Ortega y Murillo
La nueva Ley Electoral, publicada este lunes en el Diario Oficial La Gaceta, refuerza el control del régimen al ampliar los mecanismos para la cancelación de partidos políticos, permitiendo su disolución por decisión del Ministerio Público, otros partidos o cualquier ciudadano.
Además, disminuye el número de magistrados —tres propietarios y tres suplentes— e incorpora la figura de los copresidentes.
“Toda esa ley está definida para que domine un solo partido, pero fundamentalmente para adaptar la locura esa de copresidencia. Están adaptando la nueva Ley Electoral al aborto constitucional que hicieron previamente”, señala Peraza.
La llamada “Constitución Chamuca” convirtió a Ortega y Murillo en “copresidentes”, y aumentó a seis años el periodo presidencial. De igual forma incrementó el periodo de los funcionarios en los ahora órganos Judicial y Electoral, y la Contraloría General de la República (CGR).
¿Qué dice la nueva Ley Electoral?
Con los nuevos cambios, la dictadura eliminó las facultades que tenía el Consejo Supremo Electoral (CSE) para proceder “de oficio” a “cancelar o suspender la personalidad jurídica a los partidos políticos”, dejándole limitadas obligaciones expresamente señaladas en la normativa electoral.
El artículo 59 de la nueva legislación electoral permite que la ciudadanía —además del Ministerio Público, los Órganos de Fiscalización y Control, y otros partidos políticos— puedan solicitar la cancelación de la personería jurídica cuando los partidos violen la Constitución Política y las leyes, lo que podría utilizarse para eliminar cualquier oposición política mediante denuncias orquestadas.
“Eso es para ellos tener el control y eliminar cualquier organización política que quieran eliminar. Antes si iban a eliminar un partido político tenían que poner de acuerdo PLC y Frente Sandinista, porque (el CSE) era un órgano bipartidario”, subraya Peraza.
En el artículo 118, la ley crea una Fiscalía Especial Electoral dentro del Ministerio Público para resolver los casos de delitos electorales, que entrará en funcionamiento treinta días antes del inicio de cada campaña electoral.
El nuevo marco electoral incrementó de seis a siete las causales para cancelar a un partido político. “Cuando uno o varios de sus directivos violenten la Constitución Política, las leyes o sus propios estatutos y que no sean removidos de sus cargos” es una de las causales incorporadas.
Además, la nueva ley elimina el umbral mínimo del 4% de votos que anteriormente debían alcanzar los partidos políticos para mantener su personalidad jurídica en caso de haber participado en las elecciones nacionales, lo que podría generar una interpretación discrecional para la sobrevivencia de un partido político.
