8 de agosto 2023
AA
El comisionado general Aldo Sáenz Ulloa, de 64 años, maneja a bajo perfil el área de Gestión y Administración de la Policía Nacional, en Nicaragua. Como subdirector general, es un conocedor directo de cómo se financia la represión, uno de los pilares de la dictadura de Daniel Ortega.
Altos mandos, como el comisionado general Ramón Avellán, dirigieron una cacería contra opositores en 2018, involucrando a centenares de agentes en las calles. Sin embargo, Sáenz Ulloa tuvo un papel más discreto, casi invisible. “Pero útil”, precisa una fuente vinculada a la Policía que lo conoce desde hace varios años.
“Puede que Aldo (Sáenz Ulloa) no haya disparado contra los manifestantes. No sabemos si lo hizo, pero sí conoce cuánto se invirtió en la compra de municiones, miras telescópicas, armas en general, chalecos, botas. Desde su cargo administrativo, él es la máxima autoridad, y el responsable de garantizar el abastecimiento de las tropas”, explica la fuente.
Para este perfil, CONFIDENCIAL conversó con dos fuentes vinculadas a la Policía, un analista en temas de seguridad y personas que lo han tratado personalmente en las distintas posiciones que ocupa.
Administrador de la Policía
El comisionado general administra un presupuesto de 119.48 millones de dólares, asignado a la Policía para 2023. Lo ha hecho desde 2014, cuando fue nombrado como subdirector a cargo del área de Gestión y Administración, de acuerdo con los registros públicos de la Policía.
De manera paralela, ejerce como subdirector en la Unidad de Análisis Financiero (UAF), usada políticamente en la vigilancia de los adversarios de Ortega y en la fabricación de casos en su contra.
También está informado sobre los detalles de las inversiones del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU), el organismo que administra las pensiones de los oficiales. Fue su director ejecutivo de 2008 a 2012, y miembro de su Junta Directiva de 2016 a 2020.
Acostumbrado a no comparecer con frecuencia ante los medios de comunicación, el nombre de Sáenz Ulloa salió a relucir el 19 de julio. Horas antes del acto privado en conmemoración del 44 aniversario de la revolución sandinista, Estados Unidos le quitó la visa en una lista de 39 actores corruptos, acusados de socavar la democracia en Centroamérica, integrados a la “Lista Engel”.
Según el Departamento de Estado, desde su cargo en la UAF, el comisionado general socavó “procesos o instituciones democráticas, al participar en una campaña coordinada de represalias contra los críticos del régimen de Ortega y Murillo y, para suprimir sin una base legal a la disidencia, utilizó su cargo para facilitar el decomiso de los bienes de 94 disidentes políticos en el exilio y de 222 expresos políticos”.
Financiar la represión: Tarea "sensible"
Un analista en temas de seguridad sostiene, bajo condición de anonimato, que la tarea de un funcionario administrativo como Aldo Saénz Ulloa es de carácter sensible. Su trabajo implica el financiamiento de la represión, control y espionaje en los territorios. Y debe rendir cuentas al resto de miembros de la jefatura y, por supuesto, al jefe supremo, Daniel Ortega.
Ese papel financiero se complica, desde que la institución fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el 5 de marzo de 2020, señalada de violaciones de derechos humanos contra los nicaragüenses.
Sáenz Ulloa forma parte de un engranaje represivo, encabezado por el director Francisco Díaz, y el ministro asesor en temas de seguridad, Horacio Rocha, la nueva mano derecha de Ortega en la Policía. El engranaje también lo integran los comisionados generales y subdirectores de la Policía, Zhukov Pérez Serrano (Inteligencia) y Ramón Avellán (Investigaciones), y el comisionado general e inspector general Jaime Vanegas.
“Aldo Sáenz tiene mucho poder en la Policía y mucha autoridad a todos los niveles. Como subdirector se ha mantenido bajo perfil, pero es fiel defensor de los ORMU (Ortega Murillo). Es muy preparado desde el punto de vista profesional-administrativo”, lo describió otra fuente relacionada con la institución.
En 2019, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), solicitó analizar la responsabilidad de Ortega y Murillo, y agregó que “esto no agota la nómina de autoridades responsables de la actuación policial, que debería incluir a las personas encargados de asignar recursos materiales, de efectuar el control de armas”.
Los “dos sombreros” de Aldo Sáenz
El analista en temas de seguridad destaca que en el caso de Sáenz hay conflicto de intereses a la vista: por sus “dos sombreros” como funcionario, y por la subordinación de la Policía y la UAF a Ortega y Murillo.
“No hay ningún contrapeso a sus disposiciones, menos ahora desde que reformaron la ley de la institución y la Constitución para reforzar la autoridad y el mando de Ortega sobre el aparato policial”, insistió.
La UAF está “bajo las órdenes directas de Murillo”, comentan las fuentes. La vicepresidenta trata con el mayor general y director Denis Membreño (también sancionado el 19 de julio), e igual se relaciona con Sáenz Ulloa, que ha asumido diversas funciones en la esfera gubernamental.
En los últimos años, el comisionado general es el rostro visible en la inauguración de delegaciones y kioscos tecnológicos de la Policía. De ese modo, proyecta una imagen de cercanía, aunque quienes lo conocen aseguran que solamente es un lavado de imagen.
“Es de esos tipos, que, de repente, el FSLN puede sacar para otros cargos porque tiene un perfil discreto”, asegura la fuente. Y señala como ejemplo el reciente anuncio para nombrar un nuevo fiscal general.
En agosto de 2019, acompañó al hijo de la pareja dictatorial, Laureano Ortega, a buscar fondos en Emiratos Árabes Unidos. El grupo incluía al ministro de Hacienda, Iván Acosta; el inspector general del Ejército, contralmirante Marvin Corrales, y el tesorero del FSLN, Francisco López.
En diciembre de 2022, viajó a Rusia para firmar un acuerdo con el jefe adjunto de la Guardia Nacional, Oleg Anatolievich Plojoi. El documento promueve la formación de especialistas, y la lucha contra el “crimen organizado”.
Hermano de la gerente general del Banco Central
Sáenz Ulloa nació en la comunidad de El Viejo, en Chinandega. Creció en una casa modesta del barrio La Parroquia, ubicada a una cuadra del mercado en la calle central. Tenían una pequeña finquita y una venta de abarrotes. Es hijo de Alfredo Rafael Sáenz Rojas —un agrónomo del Banco Central en los tiempos de Somoza— y de Lili Rafaela Ulloa, ama de casa.
Entre sus cuatro hermanos, la más conocida es Magaly Sáenz Ulloa, actual gerente general del Banco Central de Nicaragua (BCN), miembro de la Superintendencia de Bancos y suplente del presidente del BCN en el Consejo Directivo.
Estudió en el Colegio San Luis, donde se conoció con el primer comisionado Francisco Díaz, también originario de Chinandega. Fuentes policiales aseguran que los estudiantes le decían “gallo pelón”, por la costumbre de su padre, de llevarlo a cortar el cabello cada semana.
Nunca fue un estudiante brillante, pero se graduó. Posteriormente, estudió Administración de Empresas y obtuvo el título el 30 de abril de 1990.
“Aldo nunca fue sandinista. Ni un ‘patria libre’ disparó en los años de la insurrección. No supo nada de la insurrección en El Viejo y Chichigalpa, después apareció estudiando Finanzas en Managua”, explicó una fuente.
Sin embargo, en Chinandega, conoció a los conspiradores del FSLN como el ahora primer comisionado Díaz. También al exmiembro de la Seguridad del Estado, Vicente Chávez, actual contralor general de la República. Y además, trató con Francisco Bautista Lara, subdirector de la Policía entre 2001 y 2005 y clave en su carrera policial, según las fuentes consultadas.
La afinidad principal entre ambos personajes fue el estudio de Finanzas. Bautista Lara es originario de Managua, pero hijo de padres chinandeganos. A él atribuyen que Sáenz Ulloa se haya hecho oficial y que llegara al Departamento de Investigaciones Económicas.
El "hombre de las finanzas", que no hace favores
Según quienes conocen al comisionado general en sus afanes diarios, es una “locomotora de trabajo”. Inicia sus labores a las 6:30 de la mañana, en su despacho de análisis financiero. Luego se desplaza a la Policía y trabaja jornadas de más de 12 horas.
“Es transparente con la gente a la que le rinde cuentas en la institución policial”, comentan. Tiene fama de estricto y disciplinado, y no le gustan las fiestas ni los excesos.
“Aldo es bonachón, pero no hace favores. Es bien cuidadoso con eso”, agregó una de las fuentes sobre su personalidad.
En 2004, logró su maestría en Administración y Dirección de Empresas con énfasis en Mercado y Finanzas, en la Universidad Centroamericana (UCA).
En la Policía, se convirtió en el hombre de las finanzas, tras el retiro del comisionado general Javier Maynard, en octubre de 2014. Su participación en el ISSDHU le dio un conocimiento de su funcionamiento interno y sus inversiones, como pocos en la cúpula policial.
En marzo de 2020, dejó de participar formalmente en la Junta Directiva. El orteguismo publicó una ley de fortalecimiento del organismo de las pensiones, estableciendo que en el Consejo Directivo pueden participar tres miembros de la Policía Nacional, sin especificar el cargo de la persona designada. Lo mismo con el representante de Gobernación, de Hacienda, el Seguro Social y uno de los pensionados.
Como director del ISSDH, estuvo al frente de una institución marcada por la falta de transparencia en términos generales. Además de garantizar la pensión de los retirados, este fondo policial financia préstamos a trabajadores de instituciones vinculadas al Ministerio de Gobernación y otros empleados públicos.
"Sabe dónde tienen la plata y qué negocios financian"
“Si alguien sabe dónde tienen la plata (de la Policía), qué negocios financian, a quiénes prestan y a cuánto ascienden sus inversiones (inmobiliarias, sector farmacéutico) eso lo sabe el comisionado general Sáenz Ulloa. Saber todos estos secretos financieros explica su poder”, agregó una de las fuentes vinculadas a la Policía.
A pesar de proyectar una imagen institucional, Sáenz Ulloa tampoco se ha negado a exhibir su lealtad a los Ortega-Murillo. En agosto de 2019, la Policía conmemoró su 40 aniversario y la revista Visión Policial grabó un vídeo para que los fundadores expresaran su visión sobre el cuerpo armado. Sáenz habló del "compromiso" de la institución.
“Aquí nos encontramos los 117 hombres y mujeres (fundadores) que aún permanecemos en esta institución. La Policía que tiene un fiel compromiso con nuestro pueblo, la Policía que está en función de garantizar las conquistas de nuestro pueblo”, dijo alineado al discurso de Ortega.
En septiembre de 2018, visiblemente compungido, asistió a la entrega de las placas de reconocimiento “Tomás Borge Martínez” —firmadas por Ortega— para las madres de los 24 policías que murieron durante la represión de 2018; “víctimas del golpismo”, según la propaganda estatal.
El acto se realizó en el Monumento a los Caídos, en las instalaciones de Plaza El Sol, en Managua. Lo acompañó el comisionado general Avellán, uno de los rostros de la represión en 2018, beneficiado con la política de impunidad del dictador.
Aldo Sáenz Ulloa, el guardián de los secretos financieros de la Policía, homenajeó a las madres y a la memoria de sus hijos. Resaltó “el compromiso, entrega y valentía” de los agentes, destacando su “cumplimiento del deber”. Es decir, en la represión cuyo saldo fue de 355 asesinados y 2000 heridos, entre abril de 2018 y julio de 2019.
