25 de julio 2023
AA
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo convocó este martes 25 de julio de 2023 a la presentación de candidatos a fiscal general y su adjunto, dos cargos en que mantuvieron inamovibles en los últimos nueve años a Ana Julia Guido y Julio González Sandoval, dos de las principales fichas del sistema represivo de Nicaragua.
Según la resolución número 1-2023, tanto el gobernante como los legisladores tienen un plazo de 15 días para presentar sus propuestas con la documentación que demuestre “la idoneidad” de los candidatos, pero los grandes electores serán Ortega y Murillo, quienes controlan la totalidad de la Asamblea Nacional, repartida entre 75 legisladores sandinistas y 15 de sus aliados desde enero de 2022.
Guido y González, que provienen de las filas de la Policía, fueron elegidos como fiscal general y fiscal adjunto el 9 de abril de 2014 para un período de cinco años y se quedaron en el puesto por voluntad de Ortega que ha prolongado en sus cargos a los funcionarios desde 2010, valiéndose inicialmente de un decreto.
“Eso (los nombramientos) no va cambiar en nada, la persona va ser elegida por totalidad del partido de Gobierno y eso significa que se va a mantener sometida. No veo a ningún electo denunciando detenciones ilegales o el uso de pruebas ilícitas en el caso de los opositores”, dijo un abogado bajo condición de anonimato.
La prensa oficialista destacó en 2014 que, con el nombramiento de Guido, era primera vez que una mujer estaría a cargo de la institución responsable de la persecución penal del Estado, pero la funcionaria llega al final de su mandato con cuestionamientos por subordinar la institución a Ortega y por graves denuncias de violaciones a derechos humanos.
El exdiputado opositor Eliseo Núñez afirmó que, bajo un Estado de derecho, Guido tendría que ir a juicio para responder por los delitos de lesa humanidad cometidos contra los opositores, de lo que hay “suficientes pruebas”. Por su responsabilidad en la represión, Estados Unidos sancionó a Guido el 9 de octubre de 2020, pero también lo hizo en noviembre de 2021 con el Ministerio Público como institución.
En marzo pasado, un informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), denunció la falta de independencia del Poder Judicial en Nicaragua y agregó que “la presente investigación ha evidenciado una falta de apego a las garantías procesales, la instrumentalización de la ley para la persecución e incluso acusaciones fabricadas por el Ministerio Público para llevar ante los tribunales a aquellas personas opositoras del gobierno”.
Esa falta de independencia permitió en que el sistema de justicia declarara traidores de la patria a 222 presos de conciencia, quienes fueron desterrados a Estados Unidos, mientras fueron desnacionalizados y fueron conculcados sus derechos cívicos y políticos.
¿Un candidato interno? Posibles sustitutos
Para las fuentes consultadas por CONFIDENCIAL, aún es muy temprano para conocer quién será la persona que sustituya a Guido, si acaso Ortega decide hacer un cambio. Por su papel destacado en la represión, estas mismas fuentes dicen que ella podría ser nombrada como magistrada del Poder Judicial en un esquema similar de promoción como el aplicado al magistrado Armando Juárez.
Juárez se destacó persiguiendo desde 2008 a los organismos de la sociedad civil en sus tiempos de fiscal, cuando llegó a ser inspector general de esa institución, para luego pasar a la Corte Suprema de Justicia como magistrado del partido de Gobierno.
“Hay varias opciones: Pueden dejarla en el cargo o pasar a buscar un sucesor. Si este es el caso, lo más potable es que nombre a alguien a lo interno. Entonces ahí están el fiscal adjunto González, o el inspector general Douglas Vargas, ambos expolicías también. Guido ha hecho muy buen trabajo para el FSLN y podría ser nombrada en la CSJ. También podrían optar como fiscal como a Javier Morazán”, coincidió otro abogado vinculado a la institución.
Guido tiene una trayectoria al servicio del FSLN, fue condecorada con la orden Augusto C. Sandino, entregada por Ortega. Fue guerrillera en la lucha contra el somocismo, llegó a ser subdirectora de la Policía e incluso fue candidata a directora de la institución en los años cuando fue presidente Enrique Bolaños. Ese gobernante eligió finalmente a la primera comisionada Aminta Granera y, por voluntad del partido de gobierno, Guido pasó a la Fiscalía inicialmente como adjunta.
En una entrevista del 9 de marzo de 2023 a los medios oficialistas, Guido recordó sus años de la lucha contra Somoza, la pérdida de dos de sus hermanos asesinados antes que el FSLN instalara en el poder— tras la caída de la dictadura— para exaltar el “ejemplo de la juventud que debe seguir los pasos” de los militantes del partido.
“(Seguir) de todos los que cayeron antes, durante y después de la revolución. ¡Cuántos han caído después del triunfo de la revolución, que cayeron en el 18, que fueron asesinados en el 18, los que fueron asesinados en los ochenta! Hay que retomar esa bandera, la juventud tiene que dar el ejemplo”, instó Guido, irrespetando su investidura y el carácter independiente que debería tener por su cargo.
Para el exdiputado Núñez, la Fiscalía de Guido elabora las acusaciones sin ninguna base, porque funciona como un brazo opresor del régimen, porque saben que los jueces las van a aceptar. Una maquinaria integrada por judiciales, fiscales y policías hicieron posible condenas de los presos políticos, pero en la Fiscalía hubo un equipo dirigido por el fiscal Morazán, a cargo de la fabricación de los casos, según un reportaje publicado por CONFIDENCIAL en octubre de 2020.
