20 de septiembre 2024
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El 58% de los nicaragüenses que realizaron trámites en instituciones públicas durante el primer semestre de 2024 pagaron sobornos o fueron víctimas de extorsión, revela un informe del Observatorio de Corrupción de Urnas Abiertas, titulado El costo de la corrupción en Nicaragua.
Estos “pagos irregulares” en un 45% son solicitados por funcionarios públicos (soborno pasivo), el 33% los ofrece la ciudadanía para agilizar trámites (soborno activo), y el 23% son exigidos por imposición de las autoridades (extorsión).
Entre las instituciones que más cobros irregulares realizan destacan las alcaldías con un 12%, la Policía Nacional con un 9%, la Dirección General de Ingresos (DGI) con un 4%, la Dirección General de Aduanas (DGA) con un 3%, y en menor medida el Ministerio Agropecuario (MAG), el Ministerio de Salud (MINSA) y el Consejo Supremo Electoral (CSE), respectivamente.
Para la elaboración de este informe, Urnas Abiertas entrevistó a 1103 personas, mayores de edad, en 148 municipios de todos los departamentos del país, entre el 18 de junio y el 18 de julio de 2024. Comprobando de esta manera que, más de la mitad de los que hicieron un trámite en instituciones públicas, pagó sobornos o extorsiones.
Departamentos donde más pagan sobornos
Urnas Abiertas detalló que los departamentos que reciben los montos más altos en pagos irregulares, en promedio, son: Rivas con 51 506 córdobas; Matagalpa con 48 014; Masaya con 35 083; Estelí con 30 750; y Chinandega con 28 240.
Los ciudadanos con probabilidad de pagar sobornos o extorsiones son los dueños de negocios con el 81.3%, seguidos por trabajadores por cuenta propia con un 67.5%. Situación que refleja la alta vulnerabilidad de estos grupos debido a su frecuente interacción con instituciones del Estado.
En cuanto a la percepción, el 97% de los encuestados señaló que los pagos irregulares aumentaron en comparación con 2023; mientras que el 78.3% considera que los pagos irregulares serán mayores en los próximos 12 meses.
El 16% de los encuestados —inclusive— mencionó haber enfrentado situaciones de extorsión sin haber iniciado ningún trámite, ya sea en sus hogares, negocios o lugares de trabajo.
En febrero de 2024, el Índice de Percepción de la Corrupción, producido por Transparencia Internacional, ubicó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo entre los más corruptos del mundo, y el número dos de América Latina, solo superado por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.
Una carga para la ciudadanía
El soborno no solo erosiona la confianza en las instituciones públicas, sino que también se convierte en una carga económica para la ciudadanía. “En un contexto en el que el salario mínimo en Nicaragua es insuficiente para cubrir la canasta básica, los pagos ilegales exigidos por funcionarios corruptos representan un golpe devastador para las familias que ya están luchando por sobrevivir en una economía en crisis”, advirtió Urnas Abiertas.
Agregaron que el soborno en las instituciones del Estado “no es un acto aislado, sino que está profundamente arraigado en un sistema que perpetúa la violencia y la desigualdad. Al exigir pagos irregulares para acceder a servicios básicos o para evitar represalias, los funcionarios corruptos están, de hecho, reforzando un sistema en el que solo aquellos con suficientes medios económicos pueden obtener justicia, educación, salud y otros derechos y servicios fundamentales”.
Esto crea un ciclo de exclusión en el que las personas más vulnerables, que ya enfrentan barreras significativas debido a su situación económica o por ser percibidas como opositoras al gobierno, son aún más marginadas y excluidas del desarrollo económico y social.
Los que tienen menos pagan más
Entre los hallazgos de Urnas Abiertas destaca que las familias con ingresos de 6000 córdobas o menos pierden, en promedio, el 7.5% de sus ingresos mensuales en pagos irregulares, una cifra superior al promedio general. En el caso de las mujeres, este porcentaje sube al 10%.
En cambio, las familias con ingresos superiores a 37 000 córdobas son las que menos pierden en pagos irregulares, destinando, en promedio, 256 córdobas mensuales y 3% de sus ingresos, en términos absolutos y relativos respectivamente.
Este esquema de corrupción registrado por Urnas Abiertas contrasta con la última encuesta de Cid Gallup, publicada a principios de septiembre de 2024, la cual reveló que más de la mitad de los nicaragüenses come solo una vez al día o dejó de comer todo un día, por falta de dinero o de recursos en su hogar.
