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La dictadura nicaragüense construyó un método de sostenimiento en el poder apoyado en cinco pilares, captura del Estado, criminalización de la democracia, censura y propaganda, aislamiento internacional, vigilancia política y represión física. El uso de la represión mediante purgas a clientes y actores leales ha sido una pieza importante en el manual dictatorial, pero obliga a Rosario Murillo sobre la erosión y el desgaste que provoca el “fuego amigo” en las propias bases de apoyo del régimen. Anticipar sus zarpazos dará muchos réditos en la resistencia política y es más eficiente que contemplar cuando y cómo más reprimirán.
La hoja de ruta de la represión
El método represivo del régimen ha incluido la intimidación política a través de detenciones, extorsión a personas desligadas del Estado; y a gente en el círculo de poder, con purgas a los leales o clientes del gobierno.
El procedimiento ha sido un componente que facilita corregir y ajustar la administración del poder sobre toda la población y su élite. Estos procedimientos se ejecutan para evitar descontento dentro de los mandos medios, premiar a los leales emergentes (con favores políticos y económicos), y mantener la cultura del miedo en la sociedad.
Posterior el montaje legal de criminalización de la democracia que ocurre entre 2020-2021, y para el comienzo del año 2022 el régimen diseña una práctica periódica de intimidación, purgas y premios que operan dentro de en un ciclo de tiempo en que el régimen persigue y ‘rectifica’.
El procedimiento es metódico, empezando por el proceso de indagación de sospechosos como enemigos o candidatos a intimidación y premios. Posteriormente, se da la emisión de órdenes de investigación, detención o captura, hasta juicio y encarcelamiento formal, y nombramiento a nuevo puesto para los premiados.
En algunos casos, los purgados que se creían intocables son secuestrados o aislados permanentemente sin publicidad oficial, pero con el ruido policial para que la gente lo vea y lo cuente. Tres meses después reinician el ciclo. Los agentes de ‘inteligencia política’ que trabajan para Rosario Murillo, estudian y señalan el próximo bache para continuar la operación de limpieza y re-enjuague.
Desde que llegó a la cúpula del poder Horacio Rocha en noviembre 2022 se producen ‘arreglos’ de casa y persecuciones. En enero 2023 le tocó al jefe del espionaje político policial Adolfo Marenco, después vino la destitución Carlos Salazar Sánchez de Aeronáutica Civil.
Posterior al excarcelamiento y destierro de 222 presos políticos en febrero 2023, entre marzo y julio 2023 el régimen ejecuta gradualmente las desnacionalizaciones y confiscaciones a centenares de personas identificadas como “traidores a la patria”.
Después continúa con un nuevo período represivo y bien organizado en el que el régimen montó operativos que culminaron con la recomposición del sistema judicial a partir de la salida de Alba Luz Ramos en octubre 2023 hasta noviembre 2023 que dio lugar a la barrida de cientos de funcionarios del Poder Judicial y la introducción de nuevas caras.
La detención contra Humberto Ortega en mayo 2024, al que le imponen arresto domiciliario de facto, coincide con otras acciones que se desarrollan entre junio y julio 2024, cuando el régimen desata su persecución a periodistas, intensificando o culminando la destitución a alcaldes, vicealcaldes y alcaldías (la cual ocurre en etapas desde 2023), y al cierre de otras oenegés.
Este período incluye las purga del ministro de Hacienda, Iván Acosta. En Cancillería, entre los altos funcionarios destituidas la vicecanciller, Arlette Marenco y su esposo, Reynaldo Martínez, también funcionario de Exteriores. También fueron purgados el comisionado general, Marcos Alberto Acuña, jefe de escolta de Daniel Ortega, la ministra del Ministerio de Economía Familiar, Justa Pérez, y varios altos funcionarios de ese Ministerio. Para noviembre 2024 el capital político lo invierten sobre los cambios legales a la Constitución para formalizar la estructura dinástica y en enero 2025 inauguran el año con la destitución de Horacio Rocha empezando un nuevo ciclo represivo y ‘reintegrando’ a Francisco Díaz como decoración, completando con la destitución del magistrado Marvin Aguilar (junto con varios jueces) y juramentando a los paramilitares encapuchados conocidos como “Policía Voluntaria”.
En mayo de 2025 reanudan el ciclo de purgas con la destitución de piezas claves como Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua); Jaime López Lowery, director ejecutivo del CNU, Jilma Romero Arechavala, directora general de gestión del conocimiento del CNU, y esposa del vicerrector de la UNAN-Managua, Luis Lobato Blando. La represión incluyó al general retirado Álvaro Baltodano, quien para muchos fue castigado por hablar con ‘traidores’ y para otros fue para quitarle sus propiedades y recompensar a los aliados de Laureano Ortega Murillo, o una combinación de las dos cosas porque han matado “dos pájaros de un tiro”.
El hilo conductor de estos ajustes ‘técnicos’ es de limpiar la casa de sospechosos, hacer lugar a nuevas caras, como la nueva ministra de Salud, un personaje joven y desconocido, y temporalmente reavivar a algunas figuras desgastadas. Es un método que según Wilfredo Navarro ayuda a ‘reconfigurar el Estado a la medida’ de los dictadores. El objetivo sigue siendo el mismo, asegurar que la permanencia en el poder no tenga oposición disidente o externa (en el país o en el exilio). Las purgas no siguen hoja de ruta, no hay conexión, aparte del hecho que la mayoría de los purgados llegaron ahí por clientelismo y linaje con alguien cercano a la familia.
Pero, así como el anuncio de la doble nacionalidad creó caos, estas purgas siempre generan miedo. Por ejemplo, Bayardo Arce, Lenin Cerna, Valdrak Jaentschke, entre otros, se preguntan ¿a quién le toca después?
Para Rosario Murillo, el país entero la acecha a ella. Por eso, ella recurre al control represivo que le ha dado sus resultados en el corto plazo, toda vez que le ha permitido disminuir las amenazas, eliminando temporalmente y achicando el tamaño de sus enemigos. En balance así es, hay una disminución del estamento gerencial nacional.
Leales, cómplices y oportunistas han sido afectados. Son más de 3000 empleados públicos intimidados, despedidos, silenciados, desaparecidos, encarcelados. Eso incluye altos empleados estatales, socios comerciales, y socios políticos parte del nivel intermedio del círculo de poder.
El control sobre la administración pública y gerencial ha permitido evacuar a más de 500 funcionarios ‘funcionales’, entre ministros, viceministros, directores, entes autónomos, alcaldes, subdirectores que deambulan entre el clientelismo y la emigración. Las purgas han creado un espacio para que los militares tengan mayor control sobre más de 10 entes estatales entre ministerios y entes autónomos. Los ajustes y promoción de fichas leales han facilitado el control temporal de la fuerza laboral estatal, 125 000 empleados, más empleados municipales, e inclusive el control a empleados de zona franca, otros 120 000.
Dentro del marco religioso, más de 500 personas han sido afectadas, incluyendo, 143 sacerdotes expulsados, y otros 100 intimidados o vigilados y una jerarquía confundida y vigilada (al interior de su clero, y desde afuera) en no saber cómo actuar o vincularse con el régimen y el pueblo.
En el sector privado hay más de 1000 empresas asediadas con extorsión fiscal, y al menos 100 empresarios han sufrido expropiaciones, sin incluir las confiscaciones a universidades y otros centros de formación profesional, medios de comunicación y prensa, centros culturales, artistas.
El traslado de propiedades confiscada ha sido instrumental para mantener lealtad entre varios clientelistas, y esto ocurre de forma paralela a los satélites comerciales aliados a Laureano Ortega con negocios de ventas de USD200 000 a USD10 millones operando en los mercados, alquilando locales que estaban abandonados y aprovechándose del régimen de aduanas.
Aunque la Policía está descabezada temporalmente, Rosario Murillo mantiene el control y sigilo de las fuerza de seguridad sobre 18 000 policías, 9000 soldados, 500 oficiales relativamente sostenidos laboralmente para reprimir. De esos hay 50 peces grandes que viven de la dictadura, operando como mandos medios, pero claros que la purga contra ellos es posible y considerando el mejor de los escenarios, que los saquen en silencio.
En resumen, el país está secuestrado por la intimidación y las purgas en uno de los cinco pilares de sostenibilidad.
El miedo es real, tan intenso que la gente no identifica que hay una regularidad en la persecución y cada vez que ocurre una purga o una detención se preguntan “¡hasta cuándo van a parar!”. Todo este estrés se suma cuando la gente busca tener algo de normalidad y trata de no darse cuenta o de no ver noticias.
Es funcional, ¿pero y es durable?
Mantener el poder político invariablemente desgasta a los líderes, sean democráticos o autocráticos. Pero el tema crucial en cómo ellos miden el éxito en la administración del poder (no de la gobernanza) es la durabilidad de su popularidad y estabilidad en el gobierno. Aunque el control político funcione, lo que les importa es que este dure.
La frase de Hannah Arendt “decir que algo perdura significa que hay algo al final que es lo mismo que era al principio,” es el criterio que les permite determinar ese éxito y por eso a como pasa el tiempo y sienten el desgaste, más aprietan la tuerca para probar que aún están en control.
Hasta ahora, la estructura de gobernabilidad montada después del encarcelamiento de líderes cívicos es menor. La intensificación de las purgas han disminuido la reserva de candidatos leales al círculo de poder. El círculo mismo ha disminuido, Lenin Cerna y Bayardo Arce no abren la boca porque piensan que ellos están en la línea de espera. Nadie sabe en qué andan los flamantes diputados Edwin Castro y Wálmaro Gutiérrez.
Desde una óptica política, lo nuevo de esta etapa dictatorial pos-covid-19 no es la purga y la intimidación, sino la forma metódica de operar y esto resalta la importancia de mejorar la resistencia política para anticipar el próximo golpe, prepararse para prevenirlo y así debilitar y desmoralizar a los codictadores aumentándoles los costos de la represión. Los cambios políticos ocurren no cuando se van dando levantamientos, crisis económicas, o golpes externos, sino cuando se conoce el modus operandi del oponente, se previenen sus acciones, y el margen de maniobra operativo disminuye.
