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La inminente decisión de suspender beneficios del CAFTA-DR a Nicaragua ha producido una plétora de comentarios de empresas transnacionales que operan en el país, abogando en contra de toda acción de parte de Estados Unidos, y mientras tanto la ciudadanía y la comunidad que ha sido victimizada, dentro y fuera de Nicaragua, responde reafirmando la validez de los hallazgos de la investigación USTR.
Así como este momento es oportuno para que Rosario Murillo baje el pedal de la radicalización autoritaria, también es oportuno que los empresarios pongan de su parte, para buscar una solución. Al fin y al cabo, este problema no es un juego suma-cero, ni un asunto de manipulación política que se reduce a que o todo tiende hacia una decisión de parte de Estados Unidos de hacer nada, o de enfrentar el desempleo y migración como resultado de las acciones de Estados Unidos. Más bien deben participar en un entramado más complejo en el que todos son actores y testigos, los exportadores son parte de la realidad nicaragüense y son parte de la solución a la problemática también.
Las empresas transnacionales y sus dilemas
Aunque unas pocas empresas han dicho, “al menos dennos un tiempo para prepararnos,” el principal argumento que muchas empresas han hecho sobre las posibles acciones sobre Nicaragua es que la decisión de Estados Unidos causará desempleo y migración. Como se ha demostrado, sin embargo, esa es una argumentación ausente de veracidad, y más que todo es una expresión manipulativa que meter miedo, al margen de la realidad.
A la opinión pública no le sorprende que las empresas den esa razón, pero más que nada porque lo que no dicen: para muchas empresas, el incentivo de trabajar en un régimen dictatorial es muy alto ya que la incertidumbre e inestabilidad del pleito político es menor que en una democracia.
Nada de esto es nuevo, las empresas transnacionales han operado en regímenes autocráticos regularmente en la historia moderna y Nicaragua no es diferente al resto del mundo.
Operar en un régimen autocrático tampoco es un juego suma cero entre ganancias o incertidumbre; ya que de por medio está el riesgo reputacional y político, los acuerdos internacionales, e incluso los beneficios comerciales en el largo plazo.
Muchas empresarios justifican que están creando empleo al operar en una dictadura, con lo cual alivianan el peso que algunos trabajadores enfrentan con la represión imperante, y que en otras condiciones estarían en una peor situación. Las empresas saben que Nicaragua no es una patria libre, legalmente segura, y como el resto de los nicaragüenses se atienen a la regla del silencio y la obediencia: no hablar de política y aceptar las imposiciones que el gobierno les imponga
Aunque las consecuencias de una acción a Nicaragua afectarían el empleo, las empresas también son las más afectadas ya que ellas son las que proporcionalmente generan más ganancias en relación con su actividad económica en el país. A nadie engañan con decir que lo único que les preocupa es el efecto sobre el empleo, y no sobre sus utilidades
De más de 1500 comentarios emitidos en el portal de USTR sobre Nicaragua, solo una empresa ha dicho que las condiciones en Nicaragua son buenas, y que USTR está equivocada (esa empresa ha sido muy activa desde la época de Somoza).
El silencio entre la denuncia de lo que pasa en Nicaragua y el alegato de que Estados Unidos provocaría la pérdida de empleos no tiene consistencia, ni congruencia, y más bien reconoce que hay algo mal en el país, pero que no se puede denunciar.
Las opciones van más allá que gritar ‘desempleo’
Aunque algunas empresas optarán por moverse, la mayoría está ponderando el riesgo y costos de (a) la temporalidad de estas medidas, 12 meses, (b) la presión política en Estados Unidos para que reduzca o elimine aranceles—en particular en alimentos y minerales, y (c) la reubicación en otros países.
Sin embargo, las empresas transnacionales tienen un rol más complejo que jugar porque son parte del entorno político del país. Estas empresas tienen en promedio más de diez años de operar y vivir en Nicaragua, muchos de sus gerentes y directores están al tanto de lo que pasa.
Hay varias acciones de parte de estas empresas que en 12 meses pueden optar por promover logros que mitiguen cualquier acción de USTR.
Primero, estos negocios pueden contribuir a facilitar una transición, recomendar a Rosario Murillo que adopte medidas remediales, según los hallazgos de la investigación. Ellos pueden comprometerse, junto al Gobierno a cumplir con los derechos laborales básicos, incluido el promover el sindicalismo independiente, y trabajo decente; y renovar acuerdos y presencia de la OIT para mantener relaciones a favor de los trabajadores, incluyendo aumentar el rol de inspectores laborales, de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y la protección del Estado a los trabajadores.
Segundo, “si ves algo, haz algo”. Las empresas, sus gerentes y otros funcionarios han sido testigos principales de las violaciones de derechos humanos, en contra de sus empleados o socios locales que han sufrido de una u otra forma abusos en el país. Empleados a los que el Gobierno no los deja entrar por haber puesto un ‘like’ en Facebook a un comentario en el 2018, empresarios que son extorsionados, son solo ilustración de lo que estas transnacionales han visto con sus propios ojos.
En los doce meses de período de implementación de las acciones, estas empresas pueden asumir un rol proactivo en defensa de derechos humanos. Si las empresas están convencidas que las cosas están bien en Nicaragua, no habría problema de comunicarle al Gobierno que una propuesta constructiva es reportar de manera independiente el estado de los derechos civiles y políticos en el país. Si tienen la autoridad moral para hacer comentarios en USTR que el gobierno de Estados Unidos no debería introducir acciones sobre Nicaragua, también pueden tener la autoridad moral para decirle al gobierno de Nicaragua que ellos prepararán una auditoría independiente sobre la situación de derechos humanos de sus trabajadores y la comunidad en la que conviven. ¿o es que sus ejecutivos tienen temor a algo que les pueda pasar?
En tercer lugar, pueden ofrecer a la administración Trump ser mediadores entre el Estado, la sociedad y Estados Unidos para identificar compromisos que remedien la situación.
Muchas de las empresas transnacionales preceden sus operaciones al 2018, y argumentarían que ellas son ‘apolíticas.’ Sin embargo, su continuidad y presencia en el país en medio de represión y radicalización, el ser testigos presenciales de los abusos, las ha hecho parte del entorno por lo que no les resulta conveniente apartarse de lo que pasa en Nicaragua e ignorar que ellos también son un actor político.
Estas empresas conocen muy bien la ley de “agentes extranjeros”, conocen la ley de “soberanía”, las reformas a la Constitución, y otras leyes más que han sido introducidas al país desde 2019. También son testigos de un éxodo de más de 800 000 personas y hasta se han quejado que debido a la salida de gente no han podido contratar gente preparada. Nada de esto los hace ser ‘apolíticos’, no hay tal de “esto no me concierne a mí”.
El sector privado en general, nacional y extranjero, puede convertirse en un facilitador del cambio político sin tener que hacerse del lado de la ‘oposición’ (la cual de por si no existe porque el régimen eliminó a los partidos políticos). Estas empresas pueden contrarrestar la óptica simplista de la opinión pública, “o están de este lado de los hallazgos de USTR o están del lado de los dictadores”. En vez de eso, pueden invitar a las partes afectadas según el informe y recomendaciones de USTR a participar de un encuentro con el gobierno de Nicaragua en un territorio neutral e independiente e introducir una agenda conjunta de remedios para darle fin a cualquier acción de Estados Unidos. Y para eso se cuenta con 12 meses.
Finalmente, hay una responsabilidad internacional corporativa que va más allá de las casi doscientas empresas que operan en la zona franca y otras más fuera de ésta. Empresas como Under Armour, Levis, Nike, Banana Republic, que compran prendas de vestir manufacturadas en Nicaragua entre muchas otras marcas, o las tiendas importadoras del fino y caro tabaco nicaragüense. Estas empresas se han adherido a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos que introdujo Naciones Unidas hace 15 años, y también del Pacto Global de Naciones Unidas.
Estas marcas han adoptado sus propios principios de derechos humanos y compromisos para protegerlos. Ellas tienen una obligación de rendir cuentas sobre el cumplimiento de sus principios investigando la forma en cómo operan sus oficinas o subcontratistas en Nicaragua, y comunicar la importancia de cambiar el turno del rumbo del país. Los exprisioneros políticos que fueron encarcelados, reprimidos, expulsados y desnacionalizados injustamente por Daniel Ortega y Rosario Murillo a Estados Unidos hoy día están comprando sus marcas.
Estas marcas preferirían evitar un impacto reputacional de una campaña hacia empresas que importan ropa manufacturada en un país que ha utilizado francotiradores para ejecutar a menores de edad, gente inocente o personas haciendo su obligación cívica de protestar.
Las opciones que tienen las empresas son reales, el ámbito y el riesgo puede ser hasta menor que el de quedarse callados. Entre una economía enfrentada a una probable contracción económica en el 2026 ante una fuerte disminución de remesas, y una acción comercial sobre Nicaragua, las empresas pueden reducir el impacto y más bien ayudar a sacar al país del embrollo en que Rosario Murillo ha metido a su pueblo.
